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Tras 88 años de actividad, cerró la histórica Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino (FAPA), en Monte Grande, y Argentina se quedó sin producción nacional de aisladores eléctricos de porcelana.
La empresa, fundada en 1938, era la única fabricante local de estos componentes para líneas de baja, media y alta tensión. Con el cierre definitivo y el remate de su maquinaria, los aisladores deberán ser importados, principalmente desde China, Brasil y Colombia.
De hecho, fue la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y de Iluminación, quien confirmó que ya no quedan productores nacionales de aisladores eléctricos de porcelana.
Adiós a una fábrica histórica: qué producía y por qué era clave para Argentina
La compañía había nacido como Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino (FAPA) y atravesó distintas etapas de la industria nacional. Durante la Segunda Guerra Mundial, la interrupción de las importaciones impulsó su reconversión para atender la demanda interna.
Su principal actividad era la elaboración de aisladores eléctricos de porcelana, piezas que permiten sostener conductores y evitar pérdidas de corriente en distintos sistemas eléctricos.
Según información del sector, FAPA llegó a cubrir una parte significativa de la demanda argentina y concentraba la totalidad de la producción nacional de estos componentes.
El cierre deja a Argentina sin producción local y crece la dependencia de las importaciones
El cierre definitivo de FAPA modifica por completo el escenario del mercado interno. Argentina ya no tendrá un fabricante nacional de aisladores eléctricos de porcelana, por lo que el abastecimiento dependerá de proveedores extranjeros.
Entre los principales países de origen de estos productos aparecen China, Brasil y Colombia. La situación adquiere especial relevancia debido a que se trata de componentes utilizados en infraestructura vinculada con el sistema eléctrico.
Al mismo tiempo, el Gobierno avanzó con una modificación sobre las condiciones de importación. La Resolución 345/2026 estableció por seis meses la suspensión de los derechos antidumping para estos productos, con el argumento de garantizar el abastecimiento ante la falta de fabricación local.
