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El sueño de unir Argentina y Uruguay mediante un puente volvió a cobrar fuerza. Aunque la iniciativa surgió a fines de los años 90 y nunca llegó a concretarse, recientemente regresó a la agenda del Gobierno nacional tras la presentación de una nueva propuesta ante el Ministerio de Economía.
La idea original comenzó a gestarse durante las presidencias de Carlos Menem y Julio María Sanguinetti, con el objetivo de establecer una conexión terrestre permanente entre ambos países. Si bien el proyecto avanzó en estudios técnicos y ambientales, distintos inconvenientes impidieron que las obras comenzaran.
Sin embargo, gran parte del trabajo realizado continúa vigente. Los análisis de ingeniería, navegación, impacto ambiental, tránsito y viabilidad económica ya fueron elaborados, lo que facilitaría una eventual reactivación de la iniciativa.
Aunque el puente quedó simplemente en un plan, recientemente trascendió que el gobierno nacional analizará la posibilidad de concretar el ansiado proyecto que una los dos países.
El diario El Telégrafo de Uruguay reveló que desde enero de este año, el ministro de economía, Luis Caputo tiene sobre su mesa de trabajo la propuesta de dos compañías para reflotar el tema.
Cómo sería el nuevo puente entre Argentina y Uruguay
La propuesta presentada este año ante el Ministerio de Economía lleva el nombre de “Construcción, Operación y Mantenimiento del nuevo Puente Internacional Brazo Largo (Argentina) – Nueva Palmira (Uruguay)” y fue impulsada por las empresas Sors S.A. y Luis Losi S.A.
De acuerdo con la documentación presentada, la obra se ejecutaría bajo el sistema de concesión de obra pública e incluiría aproximadamente 38 kilómetros entre el puente y sus accesos.
Las compañías estiman una inversión cercana a 310 millones de dólares, un plazo de construcción de cuatro años y una concesión inicial de 30 años para operar la infraestructura.
Uno de los aspectos contemplados en el diseño es una altura aproximada de 65 metros sobre el nivel del río, suficiente para permitir el paso de embarcaciones de gran porte, como la Fragata Libertad. Además, el proyecto prevé la posibilidad de incorporar una vía ferroviaria si resulta técnicamente y económicamente conveniente.
Qué cambiaría para quienes viajan entre Buenos Aires y Uruguay
Según los impulsores del proyecto, la nueva conexión terrestre permitiría reducir considerablemente las distancias entre ambos países.
Las estimaciones indican que el recorrido entre Buenos Aires y Montevideo se acortaría en unos 150 kilómetros, mientras que el trayecto entre Buenos Aires y Colonia disminuiría alrededor de 215 kilómetros, mejorando la conectividad para el transporte de pasajeros y de cargas.
A su vez, el puente reduciría el tiempo de viaje en auto a unos 30 a 45 minutos para cruzar los 38 kilómetros del viaducto proyectado. Frente al servicio de ferry actual que tarda 1 hora y 15 minutos, el ahorro de tiempo neto en el agua es notable, aunque dependerá del acceso vial desde la ciudad.
Además de sus beneficios en materia de infraestructura, el puente podría convertirse en un nuevo punto de cooperación entre Argentina y Uruguay.
Especialistas consideran que una obra de esta magnitud impulsaría el comercio bilateral, favorecería el turismo y fortalecería la integración regional, independientemente de las diferencias políticas que actualmente mantienen los gobiernos de Javier Milei y Yamandú Orsi.
Qué pasaría con Buquebús si se construye el puente
La concreción del proyecto también modificaría el esquema actual de transporte entre ambos países.
Si bien los servicios fluviales continuarían operando, una conexión vial permanente ofrecería una alternativa competitiva para miles de viajeros y para el transporte comercial, reduciendo parte de la dependencia del sistema de ferris.
En ese escenario, Buquebús, principal operador del corredor entre Argentina y Uruguay, enfrentaría un nuevo desafío en un contexto marcado por reclamos de usuarios, demoras operativas y conflictos judiciales.
Uno de los antecedentes más relevantes fue la sentencia dictada por el Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial N.º 4, que condenó a las empresas Los Cipreses S.A. y Belt S.A., vinculadas a Buquebús, a indemnizar a pasajeros afectados por las demoras registradas durante un viaje realizado en 2013.
La demanda colectiva, promovida por la asociación Consumidores Libres, concluyó con una compensación por la pérdida de tiempo y el daño moral ocasionado a los usuarios, además del reintegro actualizado de la diferencia abonada entre un servicio rápido y otro de menor velocidad.
