Una ley clave para atraer divisas desde el campo puede volver a foja cero en Diputados

El 28 de febrero pierde estado parlamentario un proyecto que para el Gobierno, en general, y para Sergio Massa, en particular, resulta clave. Se trata de la Ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial que busca llevar las exportaciones del sector a u$s 100.000 millones al año. La escasez de divisas en el Banco Central explica el motivo por el que el tigrense, apenas asumió al frente del Ministerio de Economía, la mencionó entre las iniciativas que necesitaba con urgencia. 

La historia de la Ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial es larga. Su autor es el exministro de Agricultura Julián Domínguez. Él encabezaba uno de los ministerios que, con la llegada de Massa al Ejecutivo, devino en secretaría bajo su órbita, por lo que abandonó ese puesto. 

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La presentación formal del proyecto se hizo en la que fue la primera aparición pública en la que el Presidente Alberto Fernández y la Vicepresidenta Cristina Kirchner se mostraban juntos luego de la primera "carta bomba" que escribía CFK. Aquella que redactó luego de la derrota del Frente de Todos en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y en la que volvía a referirse a "funcionarios que no funcionan" y le pedía a su compañero de fórmula que "honre la voluntad del pueblo argentino".

Ese acto se celebró los últimos días de septiembre de 2021. Entre bombos y platillos, el ministro que había asumido en medio de la primera batalla a cielo abierto dentro del oficialismo auguraba que, con la sanción de la ley, se generarían unos 700.000 nuevos puestos directo e indirecto de empleo para 2030. Hablaba de "empleo decente".

Tiempo después, Domínguez fue a defender su iniciativa ante las dos comisiones que deben dictaminar el texto: Agricultura, que lidera el radical Ricardo Buryaile, e Industria, en manos del oficialista Marcelo Casaretto. Cuando Juan José Bahillo asumió en lugar de Domínguez, como secretario, hizo lo propio.

El proyecto, aseguraban fuentes parlamentarias en septiembre del año pasado, estaba prácticamente acordado entre oficialismo y oposición. Negociaciones mediante, Juntos por el Cambio había logrado introducir modificaciones para sumar su firma al dictamen. Sin embargo, cuando el proyecto estaba por avanzar, se coló la Ley de Humedales que, entre otras comisiones, debía ser tratada por Agricultura. 

La posición de Juntos por el Cambio fue, desde entonces, que mientras se tratara la Ley de Humedales, no se avanzaría con la de Agroindustria. Los reparos del sector agropecuario para con un proyecto demasiado restrictivo eran fuertes.

Eso fue en septiembre. A los pocos días arrancó el debate del Presupuesto 2023 y el tema quedó en el olvido. Hasta que en diciembre, con la mal llamada "ley de leyes" sancionada, los cortocircuitos entre el oficialismo y Juntos por el Cambio comenzaron a escalar. 

Primero con los nombramientos para el Consejo de la Magistratura, y después con el juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema. El panorama se complicó. Aún para avanzar con leyes a las que Juntos por el Cambio acompaña. 

En ese sentido, la determinación de Juntos por el Cambio fue clara: no dar quórum mientras el juicio político a la Corte siga en pie. Esta regla corre incluso para las comisiones. Es por ello que Buryaile no reactiva su comisión para dictaminar un proyecto que él mismo acompaña y que el sector al que él representa, el agro, ve con buenos ojos.

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Esta postura de Juntos por el Cambio empieza a ser criticada puertas adentro. Significa obstaculizar leyes que ellos mismos respaldan o que no quieren paralizar por el costo político que les representa, como la moratoria previsional. 

Es por eso que se sostendrá hasta el 1 de marzo, cuando el período de sesiones extraordinarias decretado por el Presidente Alberto Fernández haya quedado atrás. Quizás después de ese día, los sectores dialoguistas logren imponerse para que proyectos como el de Agroindustria sigan su curso. Aún con el juicio político contra la Corte en pie.

Para ese entonces, la ley de Domínguez ya habrá perdido de estado parlamentario. Ese dato, para el oficialismo, no es alarmante: la pueden volver a presentar. Y hasta ahorrarse un paso: reintroducirla con los cambios acordados con JxC y así sancionarla.

El dato es que se va a cumplir un año y medio desde la presentación del proyecto de ley que podría generar divisas y puestos de trabajo. Todo esto pese a que fue acordado entre oficialismo y oposición.