Gestión menstrual: cómo afecta el precio de los productos según los ingresos
Los precios de los productos de gestión menstrual, toallas, tampones, representan un gasto anual de hasta $ 4.300 millones. Es el 87% de un mes de AUH. Qué alternativas se analizan para reducir el impacto económico
El costo para cubrir los productos menstruales representa hasta $ 4.300 al año y "genera mayores desigualdades que afectan especialmente a las mujeres más pobres", según sostiene un informe elaborado por el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete.
Las cuentas anuales marcan que una mujer o persona menstruante puede gastar $ 3.228 en toallitas y hasta $ 4.327 en tampones. El gasto en toallitas equivale al 44% de una Canasta Básica Alimentaria mensual (medida a diciembre 2020: $7.340) o al 87% del monto de una Asignación Universal por Hijo, según los $ 3.717 de diciembre pasado en el informe, si bien con el aumento de marzo la AUH pasó a $ 4.170.
Estos bienes tampoco le escapan a la inflación. El año pasado se incluyeron productos como toallas y tampones en Precios Cuidados. El costo de las toallitas del programa, por unidad, es de $6,76, lo que implica un gasto anual de $1.933. Las más vendidas aumentan a $ 11,29 y marcan un consumo de $ 3.228 por año, mientras que las más caras llegan a $ 27,53 e implican $ 7.873 en el año.
La misma brecha se observa con los tampones. En Precios Cuidados, el gasto anual es de $2.158 mientras que las más vendidas duplican ese monto con $4.327 por año. Los más caros llegan a $ 5.739.
La copa menstrual es una opción menos popularizada, aunque reutilizable -más económica y ecológica- y con un costo promedio de $ 2.000 y una vida útil de alrededor de cinco años.
"Las mujeres de deciles más bajos tienen ingresos de $4.021 mensuales. Es decir, para un hogar pobre, con dos mujeres que menstrúan y un único ingreso, el gasto anual equivale a un mes y medio de ingresos", plantea el análisis a cargo de la directora de Género del Ministerio de Economía, Mercedes D'Alessandro junto a las economistas Celina Santellan, Camila Rocío García, Ximena de la Fuente y Marcela Cardillo.
El año pasado se presentaron 14 proyectos en el Congreso de la Nación para eliminar los problemas de acceso a toallas, tampones y copas menstruales que incluyen distintas alternativas: bajas de impuestos al valor agregado (IVA), entregas gratuitas y compras colectivas y públicas. También avanzaron iniciativas a nivel provincial, que van desde los descuentos para la compra de productos de gestión menstrual a la distribución gratuita.
"Menstruar representa un costo extra e inevitable. La inclusión en Precios Cuidados tiene un impacto sustancial a la hora de disminuir el costo", indicaron sobre las medidas de contención. Además explican que la crisis generada por la pandemia de Covid-19 reforzó las desigualdades económicas preexistentes y tuvo un impacto asimétrico sobre trabajadores informales, las mujeres y jóvenes, que perdieron empleos e ingresos.
"La mitad de quienes no consiguen empleo son jóvenes de hasta 29 años, y son las mujeres en esta franja etaria las que tienen mayores niveles de desempleo. Por este motivo, la pobreza está feminizada", remarca el informe realizado en el marco del Foro de Justicia Menstrual.
En Argentina alrededor de 12 millones de niñas, jóvenes y mujeres menstrúan. Los varones trans y personas no binarias también enfrentan el costo de menstruar. La falta de acceso por cuestiones económicas a los productos puede llevar a estas personas a ausentarse de la escuela o de sus puestos de trabajo, dejar de hacer actividades deportivas o de esparcimiento.
"En algunos casos, recurren a alternativas para gestionar su menstruación que pueden afectar su salud", remarca el estudio. Las barreras económicas al acceso de productos de gestión menstrual tienen implicancias en la salud, la educación y el trabajo.
El informe "Justicia Menstrual Igualdad de género y gestión menstrual sostenible" fue realizado en el marco del Foro de Justicia Menstrual, con los aportes e investigaciones de diversos equipos del Estado como Indec, AFIP, Anses y las áreas de Tributación Internacional del Ministerio de Economía, la subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y la Federación Argentina de Municipios entre otras.
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