ENERGÍA

Tarifas: el kirchnerismo quiere que Martín Guzmán sea Juan José Aranguren

Los aliados de Cristina y Máximo Kirchner no pondrán obstáculos a la suba de tarifas, como establece el acuerdo con el FMI. Pero buscan que Martín Guzmán lidere audiencias públicas presenciales y sea la cara de un posible fracaso económico, como fue Aranguren en el gobierno de Macri.

Al igual que en el trámite legislativo para aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el kirchnerismo no pondrá obstáculos a los aumentos de tarifas pactados precisamente con el organismo para reducir los subsidios energéticos y el déficit fiscal.

Pero hay una condición: que sea el ministro de Economía, Martín Guzmán, el que ponga la cara y lidere las audiencias públicas presenciales a fines de abril o principios de mayo, previas a una suba de la energía eléctrica y el gas natural por redes el 1 de junio. Además, que lo resuelto sea leído por él mismo.

El mensaje interno no llegó directamente desde los funcionarios cercanos a la vicepresidenta Cristina Fernández y el diputado Máximo Kirchner (como Federico Basualdo y Federico Bernal, que controlan la gestión energética), sino a través de una carta de asociaciones defensoras de usuarios y consumidores, que suelen expresar en las audiencias públicas posturas parecidas a las del ala izquierda del Frente de Todos. Las bases ocupan el lugar de la dirigencia.

Juan José Aranguren, ex ministro de Energía entre 2015 y 2018, fue la cara de los aumentos de tarifas impopulares durante el gobierno de Mauricio Macri, una de las razones que le hizo perder las elecciones en 2019

Así, intentan lograr que Guzmán se haga cargo de lo negociado y firmado con el FMI, un programa que el kirchnerismo cree que es de un ajuste fiscal insoportable para la población y que le hará perder al peronismo las elecciones presidenciales de 2023.

Aunque en distintos roles, la similitud salta a la vista. La Cámpora busca que el ministro de Economía quede inmortalizado en lugar que la historia le asignó a Juan José Aranguren, ex ministro de Energía entre 2015 y 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri.

Guzmán sería la cara de los siempre impopulares aumentos de tarifas, sobre los que el kirchnerismo insistió que deben correr muy por debajo de la inflación y la evolución de los salarios, ya que entienden que fue la razón de la derrota de Macri en su intento de reelección en 2019.

El acuerdo con el FMI establece subas de tarifas para bajar los subsidios, achicar el déficit fiscal, la emisión monetaria y la inflación. Pero ese mismo esquema no le funcionó a Mauricio Macri; por el contrario, se duplicó la inflación y perdió las elecciones

Fuentes que recorren el Palacio de Hacienda contestaron ante una consulta de El Cronista que la carta de las asociaciones de usuarios "no significa nada en términos legales más que un pedido".

"La convocatoria de la audiencia pública sigue siendo potestad del secretario de Energía", respondieron, en referencia a Darío Martínez, el neuquino que hace equilibrio entre Guzmán, su jefe directo, y Máximo Kirchner, gracias a quien llegó a la Cámara de Diputados antes de asumir su puesto actual. En la estructura organizativa, Martínez ocupa el lugar que antes fue de Aranguren.

Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), firmante de la misiva y activo participante de las audiencias públicas recientes, consideró: "Son audiencias de los precios de generación de gas y electricidad para quitar subsidios que significarán una baja de los ingresos de consumidores y trabajadores, por orden del Ministerio de Economía. Por eso no debe haber otra persona al frente de las audiencias que no sea Guzmán. Tiene que explicar lo que hace".

Por su lado, Paula Soldi, directora del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), dijo: "En la situación actual el bolsillo de la gente no soportaría un aumento de tarifas, por eso estamos preocupados por el pedido del FMI de aumentarlas. Sería muy importante contar con la presencia de Guzmán para conocer los detalles de la negociación y de qué forma prevé que ello no cause una afectación al bolsillo de la gente ni tampoco a la economía a través de inflación. Es prioritario cuidar los ingresos de la población".

El CEPIS fue la organización que consiguió en 2016 un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenar la primera suba de tarifas del tándem Macri-Aranguren. Los jueces pidieron realizar audiencias públicas con participación ciudadana y acotar los aumentos a niveles razonables y "asequibles".

Subsidios a la energía en Argentina

El acuerdo con el FMI establece que en junio habrá una nueva suba de las tarifas de luz y gas para recortar subsidios, con segmentación por ingresos.

El trámite administrativo para la convocatoria a audiencias públicas previas ya está iniciado y en los próximos días se efectivizará. Los técnicos de Energía deben presentar informes sobre las proyecciones de precios tanto de la producción local de gas y electricidad como de las importaciones, temas de los que se ocupó Guzmán recientemente con funcionarios de Chile, Bolivia y Brasil.

La idea del ministro era aplicar este esquema de segmentación:

  • 22% de aumento a los que tienen tarifa social, cerca de un 25% de la población. Este porcentaje ya se cumplió en marzo, con incrementos en el gas (exclusivamente para remunerar a las transportistas y distribuidoras) y la energía eléctrica (divididos entre quita de subsidio y ajuste de los ingresos de las empresas reguladas).
  • 44% de suba a la "clase media", que equivale al 80% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año pasado, para un 65% del total de usuarios. Significaría que las tarifas crecerían por debajo de la inflación y los salarios, pero implica una nueva actualización de las tarifas, tres meses después de la última.
  • Tarifa plena para el 10% de mayores ingresos, que podría llevar a un incremento superior al 200% para este segmento, que quedará sin subsidios.

En cambio, el Instituto Patria puso un límite de 20% para todos, excepto para unas 500.000 personas que ocupan viviendas cuyo costo del metro cuadrado sea superior a los 3700 dólares o en countries de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

Aún no se conoce el plan de segmentación que trabaja el Ministerio de Economía. Las empresas del sector no solo creen que no bajarán los subsidios, sino que crecerán hasta u$s 18.000 millones

El plan de segmentación de las tarifas de Economía, a cargo del subsecretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio, todavía es un misterio que se tendría que develar en pocas semanas.

Los subsidios a la energía pagados en 2021 fueron el equivalente a 11.000 millones de dólares (pagados en pesos).

Este año se deberían reducir unos u$s  3000 millones para cumplir con el FMI, aunque por la guerra en Ucrania y la disparada de los precios internacionales del petróleo y el gas, tanto en el organismo como en el Gobierno saben que habrá flexibilidad en la revisión de cuentas. El acuerdo es "letra muerta".

No obstante, las empresas del sector ya calculan que los subsidios no solo no bajarán, sino que crecerán en 2022 a entre u$s 18.000 y u$s 20.000 millones. La suba de las tarifas, en este escenario, es de un gran costo político y una escasa ganancia fiscal.

Los usuarios domiciliarios pagan solamente el 25% del costo de la generación eléctrica.

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