En esta noticia

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio a conocer este jueves su sentencia en el amparo que una afiliada de una reconocida prepaga inició por el aumento de su cuota.

El expediente quedó en el centro de la escena porque lo que se resolvió ahí tiene consecuencias para muchos otros reclamos en todo el país.

¿Qué decidió la Corte sobre el DNU 70/2023?

El tribunal declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023, que habían eliminado el control estatal sobre los valores de las cuotas de la medicina prepaga. Según se informó, es la primera vez que el máximo tribunal declara la inconstitucionalidad de una parte de ese decreto.

La decisión llevó las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Llegó a la Corte a través de los recursos que presentaron tanto la prepaga demandada como el Estado Nacional, contra una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había fallado a favor de la afiliada.

El efecto del fallo no se agota en esta causa. Según trascendió, la Corte tiene pendientes de resolución cerca de 500 expedientes similares, sobre los que este criterio tendría una influencia directa.

También podría pesar en los reclamos que otros afiliados iniciaron en distintos tribunales del país y en los de quienes ya pagaron los aumentos y ahora podrían pedir que les devuelvan esos montos.

El caso: una cuota que subió 110% en dos meses

La demanda partió de una afiliada que, entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, vio su cuota pasar de $ 136.161,21 a $ 301.218,02, un aumento del 110%.

En su presentación, la mujer sostuvo que, si se hubiera aplicado la resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud de la Nación, el ajuste de enero de 2024 habría sido del 6,26%. Con ese argumento pidió que se anularan los aumentos posteriores al decreto y que se declarara la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269.

En primera instancia le rechazaron el planteo. La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa decisión, declaró la inconstitucionalidad de ambos artículos y le ordenó a la prepaga limitar los aumentos al IPC. De ahí salieron los recursos extraordinarios que terminaron en la Corte.

¿Qué control recupera el Estado?

Los dos artículos cuestionados derogaron una disposición de la ley 26.682 (la de las prepagas) y modificaron otra. Esas normas habían sometido los valores de las cuotas a la supervisión del Estado.

Con la inconstitucionalidad, la Superintendencia de Servicios de Salud, que actúa como autoridad de aplicación junto con el Ministerio de Salud, tiene que volver a revisar las modificaciones de las cuotas y asegurarse de que sean razonables. También recupera la facultad de autorizar los aumentos, que deben estar fundados en cambios en la estructura de costos y en un cálculo actuarial razonable de los riesgos.

El expediente quedó en el centro de la escena porque lo que se resolvió ahí tiene consecuencias para muchos otros reclamos en todo el país.
El expediente quedó en el centro de la escena porque lo que se resolvió ahí tiene consecuencias para muchos otros reclamos en todo el país.

Hay un punto clave que el fallo dejó de lado. La Corte confirmó parcialmente la sentencia de la Cámara y revocó la parte que ordenaba limitar los aumentos al IPC.

Es decir, que el tribunal no fijó un tope automático atado a la inflación. Lo que hizo fue devolverle al Estado sus competencias de control, de modo que cada incremento quedará sujeto a los criterios que prevé la ley que vuelve a regir. La Procuradora Fiscal ya había propuesto dejar sin efecto ese remedio.

¿Por qué la Corte entendió que no había urgencia?

Para llegar a esta conclusión, los jueces recordaron su doctrina sobre los DNU, que ratificaron en la causa “Cencosud”, resuelta el 13 de agosto de 2026. El Ejecutivo solo puede ejercer facultades legislativas en condiciones de rigurosa excepcionalidad: cuando el Congreso no pueda reunirse por una situación de fuerza mayor o cuando la urgencia sea tal que no admita los tiempos de una ley.

Con ese criterio, la Corte revisó los considerandos del decreto y concluyó que no ofrecían una justificación mínima. Para el tribunal, hablar de una “crisis del sistema de salud” y de la necesidad de “aumentar la competitividad del sistema” liberando los precios de las prepagas es un planteo demasiado genérico. Tampoco encontró una relación concreta entre la emergencia económica y social que invocó el Gobierno y la decisión de quitarle al Estado el control de las cuotas.

Los jueces agregaron que, como las facultades eliminadas eran de control y estaban en manos de organismos del propio Poder Ejecutivo, se exigía un esfuerzo de justificación todavía mayor. Y remarcaron que la mera conveniencia del Gobierno no alcanza, porque la Constitución no habilita a elegir entre pasar por el Congreso o imponer contenidos más rápido por decreto.