INTERIOR

Paro de transporte: dicen que peligra el servicio de micros por deudas del Estado

Los empresarios del Grupo ERSA y Autobuses Santa Fe, que conforman la federación FATAP le reclaman $ 17.820 millones al Estado para pagar sueldos o paralizarán los micros.

Un grupo de empresarios de transporte público de pasajeros del Interior del país intimó al Gobierno a liquidar unos $ 17.820 millones en los próximos 10 días, o si no tendrán que hacer un paro en el servicio.

"En 10 días deben pagarse sueldos, y la plata no está", dicen en la Federación Argentina de Transporte por Automotor de Pasajeros (FATAP), que está comandada por el grupo ERSA, de Juan Carlos Romero, y Gerardo Ingaramo, titular de Autobuses Santa Fe.

Los primeros $ 11.820 millones deben ser transferidos por el Ministerio de Transporte de la Nación para asumir compromisos salariales, comunicaron en FATAP.

"El Estado además adeuda otros $ 6000 millones del Fondo Compensador. Y aún hay jurisdicciones del Interior a las que no se les han transferido la totalidad de los fondos correspondientes a partidas del año 2021", reclamaron.

Desde FATAP señalan que, en estas condiciones, "el sector no podrá hacer frente a los compromisos y gastos necesarios para la continuidad de los servicios, por imposibilidad de afrontar los gastos operativos y salariales, que representan el 85% de los costos".

La Federación también señaló que sus planteos fueron escuchados por gobernadores, diputados y senadores de distintos bloques, que han entendido la "gravedad" de la situación, lo que se verifica con los diez proyectos relativos al tema presentados en el Congreso Nacional.

Los empresarios abrigan la esperanza de que el trabajo de legisladores y funcionarios allane el camino para que los ciudadanos del interior del país "encuentren equidad" y se garantice el servicio en todo el país.

De lo contrario, "será imposible de evitar en lo inmediato, la paralización de la actividad y la pérdida de más de 33.000 puestos de trabajo".

Los diputados del Interbloque Federal, como Alejandro "Topo" Rodríguez, Graciela Camaño, Florencio Randazzo y Natalia de la Sota apuntaron que "la falta de una eficaz política de transporte a nivel nacional que considere la situación de las provincias, junto a la manifiesta incapacidad para solucionar el aumento sostenido del nivel general de precios de la economía ponen al borde del colapso al sistema en el interior del país, poniendo en riesgo la continuidad del servicio".

"Ante esto, es indispensable que se constituya un fondo adicional de emergencia para el transporte de colectivos en las provincias por un total de, al menos, $ 70.000 millones". También, debe garantizar que la tarjeta SUBE se utilice en todo el país permitiendo el acceso a los beneficios para todos los usuarios.

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