La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei ya empezó a mostrar sus primeros efectos concretos en los tribunales laborales. En Mendoza, la Sexta Cámara del Trabajo dictó uno de los primeros fallos que habilita el pago en cuotas de una condena laboral bajo el nuevo régimen incorporado por la Ley de Modernización Laboral. La decisión judicial aparece como un antecedente relevante porque empieza a fijar criterios prácticos sobre cómo se aplicará el sistema, quiénes podrán acceder, qué deudas pueden financiarse, y cuáles quedan excluidas. El fallo al que accedió El Cronista fue dictado en la causa “Coz, Rubén Daniel c/ La Seguridad S.A. s/ Despido” y habilitó a la empresa demandada a cancelar el capital de condena en 12 cuotas mensuales consecutivas. Uno de los puntos centrales de la sentencia es que el tribunal consideró acreditada la condición de pequeña y mediana empresa de la demandada mediante la presentación del certificado MiPyME. Ese aspecto fue determinante para habilitar el régimen especial previsto en el nuevo artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo. “Acreditada en autos la condición de Pequeña y Mediana Empresa de la demandada (...) se habilita el plan de pagos en el máximo de doce cuotas mensuales solicitado”, sostuvo el tribunal. La sentencia además fijó una condición importante: el pedido de adhesión debía hacerse antes de que se iniciara la ejecución forzada del fallo. “La unilateralidad del deudor no puede desplazar la autoridad de la cosa juzgada sin previa validación jurisdiccional”, señalaron los jueces. Es decir: la empresa no puede decidir sola pagar en cuotas. Necesita autorización judicial. El tribunal autorizó que el capital reconocido al trabajador sea cancelado en: Además, estableció que: La sentencia también avanzó sobre otro punto novedoso: cómo deben calcularse los intereses mientras dura el plan de pagos. El fallo ordenó aplicar el nuevo mecanismo previsto en el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, utilizando la calculadora oficial del Banco Central para créditos laborales judicializados. La empresa deberá: El sistema busca introducir una metodología uniforme para actualizar créditos laborales judicializados durante la etapa de cumplimiento de sentencia. Uno de los aspectos más importantes del fallo es que el régimen no fue extendido a todos los créditos derivados del juicio laboral. El tribunal rechazó expresamente que abogados y peritos cobren en cuotas sus honorarios profesionales. Según la sentencia, esos créditos: Por eso, la empresa fue obligada a cancelar: En la práctica, el único crédito que el tribunal permitió financiar fue el correspondiente al trabajador. El nuevo régimen de cuotas aparece además combinado con otra modificación importante introducida por la reforma laboral: los cambios sobre la base de cálculo indemnizatoria. La ley incorporó criterios que buscan limitar conceptos que históricamente ampliaban el monto de las indemnizaciones. Entre otros cambios: El objetivo oficial es reducir litigiosidad y dar mayor previsibilidad sobre los costos laborales, según afirmó el gobierno durante el tratamiento de la ley, en febrero último. Para los críticos de la reforma, en cambio, el nuevo esquema puede terminar reduciendo significativamente el monto final de las indemnizaciones y flexibilizando la protección histórica del derecho laboral argentino. El fallo mendocino aparece ahora como uno de los primeros antecedentes concretos que empiezan a mostrar cómo los tribunales podrían aplicar en la práctica ese nuevo modelo.