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Más caja para los gremios: el Gobierno ya giró este año casi $ 13.000 millones a las obras sociales

Es para el pago de prestaciones médicas, proveedores y mayores gastos por la pandemia. Se trata de una promesa del Presidente a la conducción de la CGT

Alberto Fernández sigue mostrando que la dirigencia sindical enrolada en la CGT constituye un aliado político clave para su administración. Al menos así se desprende del análisis de las millonarias transferencias que el Gobierno efectuó a las obras sociales que gestionan los sindicatos durante el último año, un reparto que se acrecienta mes a mes.

En los primeros siete meses de 2021, el Ejecutivo nacional a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) giró a las prestadoras médicas sindicales casi $ 13.000 millones para el financiamiento de diversos tratamientos médicos, al pago de proveedores y los mayores gastos derivados de la atención sanitaria de la pandemia. La cifra es, incluso, proporcionalmente superior a la que el Gobierno transfirió durante todo el año pasado a las obras sociales que en total recibieron una suma cercana a los $ 23.500 millones.

Solo durante el último mes de julio las trasferencias a las prestadoras sindicales acumularon $ 3000 millones, según la SSS comunicó a través de la resolución 1374/2021 publicada esta semana en el Boletín Oficial. La misma medida estableció que los fondos distribuidos constituyen reintegros que "explícitamente deberán ser utilizados para el pago de los prestadores y proveedores del sistema de salud, con el fin de mantener la cadena de pagos y poder afrontar de modo eficaz y oportuno la situación generada por la pandemia de COVID-19".

El reparto correspondiente a julio fue el más importante en lo que va del año, pero no el único. En junio las prestadoras médicas sindicales recibieron $ 2300 millones, como anticipó este diario, en tanto que las transferencias en los meses previos fueron de $ 2364 millones en mayo, $ 1500 millones en abril, $ 1500 millones en marzo, $ 1200 millones en febrero y finalmente $ 1000 millones en enero pasado.

La distribución de julio, además, se produjo tras la definición -luego de un fuerte conflicto- de la paritaria entre el gremio de Sanidad y las cámaras que agrupan a clínicas y sanatorios. Después de esa negociación, que culminó con un acuerdo de incremento salarial del 45% para el personal del sector, el Gobierno habilitó también a las empresas de medicina privada a aplicar un aumento en sus servicios.

El reclamo de mayores fondos a distribuir entre sus prestadoras médicas constituye uno de los principales reproches de la conducción de la CGT a la administración de Fernández, además de los insistentes planteos sindicales por el aumento de precios y su impacto en el poder adquisitivo de los salarios.

Durante la reunión que el Presidente mantuvo con la cúpula de la principal central obrera, el pasado 6 de mayo en la quinta de Olivos, los gremialistas no lograron su objetivo de nominar a un hombre de sus filas al frente de Superintendencia de Servicios de Salud, justamente el organismo encarga de las distribución de recursos a las obras sociales.

Sin embargo, si se llevaron del encuentro la promesa efectiva de Fernández de que se instrumentarían medidas concretas para paliar la compleja situación financiera de las obras sociales por efecto de la pandemia. 

En esa línea, el jefe del Estado prometió, por una parte, otorgar en los próximos meses un total de $ 11.000 millones a las obras sociales para compensar el aumento de los gastos por Covid-19 y por los servicios de discapacidad, que representa cerca del 40% de las erogaciones que financian las prestadoras sindicales. Justamente la distribución de los $ 5300 millones dispuesta en julio y junio es parte de ese compromiso presidencial.

El otro compromiso de Fernández se vincula con la modificación del sistema de libre elección de la obra social, que rige desde la desregulación, de manera de permitir que cada nuevo trabajador permanezca un año en forma obligatoria en la prestadora que corresponde a su actividad antes de poder optar por el traspaso a otra entidad y evitar con ello la fuga de los aportes obligatorios al sector privado.

Respecto aese punto, a principios de julio el Presidente resolvió por decreto limitar el alcance del sistema de libre elección de prestadoras de salud

Con la medida, entonces, los trabajadores que inicien un nuevo vínculo laboral deberán permanecer obligatoriamente un año en la obra social de su actividad de origen, en tanto que el resto de los empleados en relación de dependencia solo podrá optar una vez al año por cambiarse de prestadora médica, lo que pone fin a la posibilidad de efectuar los traspasos sin limitaciones como ocurría hasta antes del nuevo decreto presidencial.

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Alejandra Naughton tiene una de las carreras más destacadas en el mundo de los bancos. Luego de 25 años en el Banco Central, donde llegó al cargo de Subgerente General, la posición más alta a la que se puede aspirar sin contar los cargos políticos, pasó al mundo privado. Fue CFO del Grupo Supervielle y llevó a la empresa a cotizar en la bolsa de Nueva York y Buenos Aires. Hoy es miembro del directorio.

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