Energía

Las tarifas eléctricas aumentarían cerca de un 9% pero sin segmentación

El Gobierno no asegura cifras pero no quiere hablar de ajuste ni comprometer la recuperación de la economía a la salida de la pandemia. Tomaría meses segmentar por capacidad patrimonial y de ingresos

Los hogares y pequeños comercios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA, que engloba a la Capital Federal y el conurbano bonaerense) tendrían a partir de abril un pequeño aumento de las boletas de energía eléctrica, en un porcentaje que el Gobierno no se atreve a asegurar pero que rondaría el 9%.

En ningún caso, remarcan fuentes oficiales, se tratará de un "ajuste". Las tarifas de transición durarán dos años hasta poder concretar una Revisión Tarifaria Integral (RTI) ordinaria a fines de 2022 o inicios de 2023, y la idea de la segmentación se está trabajando pero ya se admite que no se podrá implementar en lo inmediato.

Todo esto aparece en la hoja de ruta de las tarifas de la electricidad, en donde a diferencia del gas (con dos audiencias públicas convocadas por separado para la semana que viene, cuando se tratarán los subsidios al precio del gas y las tarifas reguladas), el camino hacia las audiencias del 29 y 30 de marzo no está despejado.

Según pudo averiguar El Cronista, una parte del Gobierno piensa en un aumento de tarifas "que no signifique un ajuste en un contexto de salida de la pandemia" y que permita que "los usuarios mantengan el poder adquisitivo de su salario, teniendo en cuenta que éste es un año de recuperación económica", postuló una fuente oficial.

"Los servicios públicos tienen un impacto fuerte sobre el gasto de las personas", creen en el Frente de Todos. La propuesta del Gobierno no está definida, pese a que todo se encamina a fijar un tope de 9% a la suba en las boletas.

Consultados por este diario sobre ese porcentaje, que trasciende extraoficialmente por las conversaciones que mantienen las empresas con los entes reguladores, en el área de la energía eléctrica matizan que un incremento de 9% "es una posibilidad entre otras, pero dependerá de los subsidios que se puedan otorgar, y eso lo va a decidir el presidente, Alberto Fernández". 

"La meta de que los subsidios a la energía sigan representando el 1,7% del Producto Bruto Interno (PBI) se entiende pero también hay que ver el contexto económico. Hay objetivo fiscal pero también queremos que los hogares no sufran", afirman en el Gobierno.

Además, prometen que únicamente garantizarán fondos a las compañías (Edenor y Edesur) para operación y mantenimiento, "sin ganancias extraordinarias y sin pérdidas" para mantener la calidad del servicio, porque "el negocio ya les resulta rentable" dado que los controlantes tienen participación en otros segmentos de la cadena eléctrica.

El kirchnerismo se refiere así a que Pampa Energía genera y transporta la electricidad (con sus acciones en Transener), al igual que Enel, controlante de Yacylec en la transmisión.

El diagnóstico del Frente de Todos es que se encontraron con un sistema "con muchas dificultades", y que durante el macrismo hubo un "reconocimiento extraordinario de ingresos a las empresas", que estaría en el orden del 98% real a Edenor y 78% a Edesur.

El incremento real en pesos (descontados los efectos de la inflación) entre 2016 y 2019 fue de 731% en el kilovatio-hora (costo variable).

Por eso "decían que el servicio iba a ser magnífico y que iban a aumentar las inversiones y no fue así", disparan en el oficialismo, aunque los números de las compañías privadas demuestran que el plan de inversiones mejoró a nivel agregado (con excepciones en algunos partidos y barrios del Gran Buenos Aires) la calidad, que se reflejó en una caída de la duración y la frecuencia promedio de los cortes de luz.

En cualquier caso, el Gobierno se prepara para transferir subsidios por unos $ 50.000 a $ 60.000 millones, ya que ese sería el déficit operativo conjunto de Edenor y Edesur si se acotaran los aumentos de las tarifas reguladas a un 30%, cifra que llevaría a un alza de 9% final en las facturas que llegan a los usuarios.

Y todavía restaría por definir el precio mayorista de la energía eléctrica que pagarán los hogares, algo de lo que se debería encargar la Secretaría de Energía

Sobre los $ 5692 por megavatio-hora que cuesta el sistema de generación, la demanda general residencial paga $ 2007, apenas un 35% (el 65% restante corresponde a subsidios del Estado).

Todo indica que la demanda verá congelado este precio y que los subsidios se dispararán.

El fin de semana, el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), Federico Bernal, dijo en entrevistas a Perfil y a ElDiarioAr que "no es objetivo de la política energética que el déficit fiscal sea menor".

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