Al evaluar el cumplimiento por parte de la Argentina de políticas para evitar casos de coimas a nivel internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) cuestionó “los procesos disciplinarios contra los jueces y fiscales amenazan su independencia”, y recomendó terminar con la designación de “jueces sustitutos” para un “elevado número de vacantes judiciales”.
“El Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE duda del compromiso de Argentina para combatir el cohecho internacional”, indica el documento, y enumera las siguientes grietas:
‡¤La Argentina sigue sin contar con una ley que penalice a las empresas por el cohecho internacional y que permita procesar a los ciudadanos que cometan este delito en el extranjero.
‡¤Demoras generalizadas siguen entorpeciendo las complejas investigaciones de delitos económicos.
‡¤La injerencia del Poder Ejecutivo y los procesos disciplinarios contra los jueces y fiscales amenazan su independencia.
La OCDE hizo conocer esta declaración cuando comenzaba a recrudecer la pelea entre la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, y los fiscales federales, así como la pulseada de los jueces de ese fuero con la presidenta Cristina Kirchner y su entorno más cercano.
El documento, difundido por el organismo el pasado 18 de diciembre, es una evaluación de la aplicación de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. La Argentina integra el grupo de trabajo ad hoc de esta organización -que nuclea a los principales países desarrollados- junto con Brasil, Bulgaria, Colombia, Letonia, Rusia y Sudáfrica.
En el mismo trabajo, el país recibió recomendaciones, entre las que figuran las siguientes:
‡¤Pronta implementación del nuevo Código Procesal Penal.
‡¤Reducción del elevado número de vacantes judiciales y el uso de jueces sustitutos. En estos días, el Gobierno puso en el cargo a un juez federal electoral clave en la ciudad de La Plata con una simple subrogación (suplencia), sin pasar por el proceso legal de selección de magistrados y la aprobación del Congreso.
‡¤Investigación y persecución con seriedad de todos los casos de cohecho internacional.
‡¤Creación de incentivos para que las empresas adopten medidas para prevenir y detectar los cohechos internacionales.
‡¤Mejor protección de los denunciantes ante las represalias.
“La Argentina será sometida a una nueva evaluación a finales de 2016 para valorar su progreso” en función de las recomendaciones, añadió la OCDE y anunció que “una misión de alto nivel también viajará a Argentina a principios de 2016”.
Reconocimientos
El informe habla, de todos modos, de “algunos avances positivos”, como “las reformas legislativas, los nuevos organismos creados para la investigación de delitos económicos, las mejoras en la comunicación de transacciones sospechosas de blanqueo de capitales, el endurecimiento de las normas contables y de auditoría, y los esfuerzos para una toma de conciencia” de la Cancillería.
Incluye las recomendaciones del Grupo de Trabajo a Argentina, así como una visión global de las recientes medidas legales y de las características jurídicas, políticas e institucionales específicas del marco establecido por Argentina para combatir el cohecho internacional.
La OCDE aseguró que “la Argentina presentará, dentro de seis meses y un año, informes sobre el progreso” en la “puesta en marcha de determinadas recomendaciones claves”.
