En el primer aniversario de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, sus abogados y los jueces que la condenaron mantienen abierta su pulseada. La disputa gira ahora en torno a las condiciones de cumplimiento de la sentencia fuera de una cárcel común: el Tribunal Oral Federal N° 2 amenaza con endurecerlas, mientras que la defensa de la expresidenta está dispuesta a escalar hasta la CIDH para relajar los límites fijados.
No es casual —piensan en el entorno de Cristina— que la reprimenda de la Justicia por las movilizaciones hacia San José 1111 haya llegado en la antesala del primer aniversario de su detención domiciliaria. En La Cámpora clavan el índice acusador sobre el juez Rodrigo Giménez Uriburu, el integrante del tribunal que dirige la ejecución de la pena.
“Es el juez que tomó mate con el escudo del equipo de fútbol de Mauricio Macri. Y que jugaba al fútbol con él además”, desliza una voz de la organización en diálogo con El Cronista. Doce meses más tarde, en el núcleo duro del kirchnerismo y en ciertas órbitas del peronismo sigue intacta la convicción sobre la mano negra del lawfare detrás de la condena a Cristina.
El episodio del mate fue, en efecto, uno de los capítulos más polémicos y virales del juicio por la causa Vialidad. En agosto de 2022, una serie de fotografías reveló que Giménez Uriburu y el fiscal Diego Luciani compartían equipo de fútbol amateur, el “Liverpool”, que disputaba torneos en Los Abrojos, la quinta del expresidente Mauricio Macri.
El hallazgo motivó un pedido inmediato de recusación por parte de la defensa de Cristina Kirchner, que denunció una presunta connivencia política y judicial, y acuñó la frase “el Liverpool de Los Abrojos” para cuestionar la imparcialidad del tribunal. El malestar se potenció cuando el magistrado apareció en una audiencia transmitida por Zoom agarrando un mate con el escudo y los colores tradicionales de ese equipo.
La imagen se viralizó rápidamente en redes sociales y fue interpretada por el kirchnerismo como una provocación deliberada. Semanas más tarde, el propio Giménez Uriburu interrumpió el alegato del abogado defensor Maximiliano Rusconi para dar una explicación pública sobre el episodio: alegó que había tomado la infusión de forma automática mientras estaba conectado desde su casa y que no se había percatado del detalle.
Tampoco ahora pasa desapercibido su nombre en el círculo de Cristina. El juez publicó una dura reprimenda en forma de resolución a partir de una movilización hacia la esquina de Constitución el último domingo, donde se colgó una bandera argentina, de esquina a esquina, con la leyenda “De San José a Casa Rosada”.
La referencia no era nueva. El intendente de Hurlingham, Damián Selci, ya había proyectado un mapping de la Casa de Gobierno algunas semanas antes. Pero esta vez hubo un dato al que se aferró la Justicia para marcar una diferencia respecto de otras acciones y vincular la escena directamente con la expresidenta. Y algunos lo interpretan como un nuevo límite a este tipo de expresiones populares y la participación de la expresidenta.
“Intímase a Cristina Kirchner para que, en lo sucesivo, se abstenga de desplegar conductas o asumir comportamientos que puedan implicar el incumplimiento de las pautas y condiciones bajo las cuales fue concedida y se ejecuta la modalidad domiciliaria de cumplimiento de la pena de prisión que le ha sido impuesta”, reza el fallo.
Según el tribunal, uno de los anclajes de la bandera se ciñó al balcón de San José 1111. Esa circunstancia, sostiene la resolución, permite inferir una conducta activa en el montaje de la escena, a diferencia de otras movilizaciones en las que Cristina Kirchner se limitó a asomarse al balcón. Además, el tribunal señaló una contravención por no contar con permiso de la Ciudad para colgar el cartel.
“La suma de los extremos señalados revela que la conducta verificada el 14 de junio pasado no es compatible con las obligaciones asumidas en el marco de la prisión domiciliaria concedida, ni con el estándar de comportamiento que el tribunal tuvo en miras al imponer las reglas de conducta oportunamente establecidas”, apunta la decisión judicial.
Al cumplirse un año desde que la Corte Suprema dejó firme su condena en la causa Vialidad, el 10 de junio, y desde que la prisión domiciliaria se efectivizó ocho días después, la Justicia federal se resiste a flexibilizar el régimen de detención tal como solicitan los abogados de Cristina Kirchner.
La defensa aún cuenta con instancias de apelación locales en lo que refiere a esta demanda, pero ya baraja la posibilidad de trascender las fronteras y llevar su reclamo a organismos internacionales, como la CIDH. Es posible que se agoten las posibilidades en la Justicia argentina antes de pasar al próximo nivel.
A lo largo de este tiempo, las condiciones de su prisión domiciliaria en el departamento del barrio de Constitución se endurecieron significativamente, con monitoreo técnico estricto, límites rigurosos a su movilidad interna y control sobre sus actividades diarias. El esquema operativo se mantiene inalterable después de que el tribunal rechazara de plano el pedido de la defensa para retirarle la tobillera electrónica.
La Justicia dispuso que Cristina Kirchner solo puede acceder a la terraza o a espacios abiertos una vez al día, con un tope máximo de dos horas de permanencia al aire libre, lo que redujo cualquier margen de discrecionalidad sobre sus movimientos internos.
En paralelo, el régimen actual restringe el libre acceso a sus familiares directos, médicos y abogados. Cualquier otro visitante, incluidos dirigentes, militantes o asesores, debe tramitar una autorización individual previa ante el tribunal. La defensa está obligada a justificar el motivo, la fecha y la hora exacta de cada encuentro que no puede exceder los tres por semana.
Para La Cámpora, “son restricciones que se encuadran en persecución y ensañamiento”. Con ese espíritu volverán a marchar el sábado 20 a Parque Lezama.
