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La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central recibió una primera evaluación favorable, aunque con importantes salvedades, por parte de grandes bancos internacionales.
Bank of America (BofA) y JP Morgan consideran que la iniciativa busca atacar uno de los desequilibrios históricos de la economía argentina: el uso del BCRA para financiar al Tesoro.
Barclays coincide en que el proyecto avanza en la dirección correcta, pero adopta una posición más crítica. Para el banco británico, la reforma difícilmente resulte decisiva por sí sola debido a la debilidad institucional argentina y a la posibilidad de que el Central continúe comprando títulos públicos en el mercado secundario.
Las evaluaciones coinciden en que la prohibición de la asistencia monetaria directa, el mandato único de estabilidad de precios y las mayores restricciones para remover a los directores constituyen un fortalecimiento formal. Las diferencias aparecen al analizar si esas reglas serán suficientes para impedir que futuros gobiernos vuelvan a utilizar al BCRA como fuente de financiamiento.

JP Morgan: terminar con décadas de dominio fiscal
JP Morgan sostiene que el proyecto fue diseñado para terminar con el “persistente dominio fiscal” que caracterizó a la Argentina durante décadas. El concepto describe una situación en la que las necesidades del Tesoro terminan por condicionar la política monetaria del Banco Central.
El informe, firmado por Diego Pereira y Lucila Barbeito, recupera las cifras presentadas por las actuales autoridades del BCRA ante el Congreso. Entre 2003 y 2023, la entidad habría acumulado pérdidas patrimoniales equivalentes al 85% del PBI, aproximadamente u$s 553.000 millones a valores actuales.
De acuerdo con esa descomposición:
El equivalente al 64% del PBI se habría originado en transferencias al Tesoro mediante emisión monetaria y pérdida de reservas.
Otro 21% del PIB habría correspondido a los intereses pagados para esterilizar la liquidez generada por esas transferencias.
JP Morgan señala que esta dinámica no solo deterioró el patrimonio del Central. También contribuyó a la aparición de controles cambiarios y mecanismos de represión financiera.
La secuencia es bastante conocida : el BCRA emite para asistir al Tesoro y luego intenta retirar esos pesos del mercado mediante instrumentos remunerados. El resultado puede ser una acumulación de pasivos, un costo creciente por intereses y nuevas necesidades de emisión.
Las reformas que destacan los bancos
Los tres análisis subrayan que el proyecto elimina los principales canales utilizados históricamente para financiar al sector público.
La propuesta:
- Suprime los adelantos transitorios al Tesoro.
- Prohíbe que el BCRA compre títulos públicos en el mercado primario.
- Impide otorgar préstamos al Gobierno nacional, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios.
- Elimina la posibilidad de entregar reservas a cambio de Letras Intransferibles.
- Limita la transferencia de utilidades a ganancias realizadas y líquidas.
- Establece que esas ganancias solo podrán destinarse a cancelar deuda pública.
- Fija como único objetivo del BCRA preservar el valor de la moneda.
- Exige una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para remover al presidente o a cualquier integrante del directorio.
- Establece sanciones legales para los funcionarios que autoricen financiamiento monetario.
JP Morgan interpreta que estas modificaciones buscan aislar al Banco Central del ciclo electoral. BofA, por su parte, considera que aportan respaldo institucional al programa de desinflación y a la política de equilibrio fiscal.
Barclays reconoce que el proyecto acercaría formalmente al BCRA a los bancos centrales de los países más estables de la región. No obstante, considera que esa convergencia sería principalmente legal: el desafío es transformar esas restricciones en prácticas institucionales capaces de sobrevivir a un cambio de Gobierno.

La advertencia sobre la independencia
El respaldo de BofA no es incondicional. El banco señala que la reforma fortalece la protección de las autoridades una vez que se encuentran en funciones, porque dificultaría su remoción. Sin embargo, el procedimiento de designación permanece sin cambios.
El Poder Ejecutivo seguirá proponiendo a las autoridades, que deberán obtener acuerdo del Senado. Tampoco se establecen mandatos escalonados o desacoplados del calendario electoral.
“Mejora la protección una vez que las autoridades están en funciones, limitando la interferencia del Gobierno. Sin embargo, la influencia gubernamental sobre el proceso de selección sigue siendo considerable”, plantea BofA.
El banco compara ese esquema con los vigentes en Chile, Brasil y Colombia, donde la renovación parcial de los directorios dificulta que una sola administración reemplace simultáneamente a toda la conducción monetaria.
Barclays agrega una advertencia más profunda. Sostiene que un futuro Gobierno podría revertir los cambios mediante una nueva ley o decretos de emergencia si las reglas no se consolidan en la práctica.
Para la entidad, el dominio fiscal no desaparecerá solamente porque una ley lo prohíba, sino cuando la sociedad castigue electoralmente las políticas que ponen en riesgo la estabilidad macroeconómica.
El canal que Barclays considera abierto
La principal objeción de Barclays está en las compras de bonos públicos en el mercado secundario. El proyecto impide que el BCRA financie directamente al Tesoro mediante la adquisición de títulos en las licitaciones primarias, pero no prohíbe que compre esos mismos instrumentos a inversores privados después de su emisión.
BofA interpreta que el Central conservaría esa facultad para ejecutar operaciones de política monetaria. Barclays, en cambio, advierte que, si no existen límites estrictos, el mecanismo puede terminar produciendo un resultado similar al financiamiento directo.
El circuito funcionaría de la siguiente manera: el Tesoro coloca bonos entre inversores privados y, posteriormente, el BCRA compra esos títulos en el mercado secundario. Los pesos entregados a los inversores pueden volver a las licitaciones primarias del Tesoro, permitiéndole al Estado captar la liquidez creada por el propio Banco Central.
Según Barclays, el resultado final sobre los balances del Tesoro, el sector privado y el BCRA puede ser equivalente al de una monetización irrestricta del déficit.
El banco señala que este mecanismo fue utilizado intensamente durante 2023 bajo la administración de Alberto Fernández y representó el 70% del financiamiento monetario total otorgado al Tesoro durante ese año.
Por ese motivo, Barclays considera que la reforma es constructiva, pero no representa un cambio decisivo si no se acompaña con instituciones más fuertes y límites más estrictos sobre las operaciones en el mercado secundario.
¿Puede el nuevo BCRA evitar que vuelva la emisión?
Los tres análisis coinciden sobre el objetivo de la reforma, pero difieren en su capacidad para asegurar el resultado.
JP Morgan pone el foco en la eliminación de los canales tradicionales de asistencia y en el intento de proteger al Banco Central del ciclo electoral. BofA destaca el fortalecimiento institucional, aunque advierte que el Gobierno conservará una influencia considerable sobre la selección de las autoridades.
Barclays va un paso más allá: considera que una administración futura podría modificar nuevamente la legislación o utilizar las compras de bonos en el mercado secundario como una vía indirecta para inyectar pesos que terminen financiando al Tesoro.
La prohibición de la asistencia monetaria también obliga al Estado a financiar cualquier desequilibrio mediante impuestos, reducción de gastos o colocaciones de deuda. Por eso, BofA vincula la reforma del Banco Central con el proyecto de “grillete fiscal”, que prevé una paralización parcial de las actividades estatales si el déficit persiste y el Congreso no aprueba medidas correctivas.
En ese escenario, quedarían suspendidos nuevos gastos, contrataciones, incorporaciones de personal y transferencias discrecionales a las provincias. Los servicios esenciales, las jubilaciones, los programas sociales, la salud, la seguridad y la defensa estarían exceptuados.
Sin disciplina fiscal, impedir que el BCRA financie directamente al Tesoro no elimina las necesidades del Estado: simplemente las traslada al mercado de deuda. Para que la reforma monetaria sea sostenible, el equilibrio fiscal debe mantenerse aun cuando caiga la recaudación, se desacelere la actividad o aumente la presión política para incrementar el gasto.
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