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La Corte Suprema aceleró el trámite de la causa que puede volver a poner en discusión la derogación de la Ley de Tierras, mientras que el oficialismo convocó a la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar Propiedad Privada. La decisión impacta de lleno en la estrategia de la oposición, que convocó a una sesión especial para el jueves 15 de octubre con el objetivo de rechazar el DNU 70/23 y que apuesta a una movilización en las inmediaciones del Congreso para darle volumen político a la ofensiva.
Según pudo saber El Cronista, en la causa “Árbol de Pie”, el máximo tribunal redujo de 72 a 24 horas el plazo para que quede consentida la integración con los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci.
Una vez cumplido ese plazo, la Corte quedará habilitada para avanzar en el expediente, ya sea con una resolución o con un pedido previo de opinión al Procurador General. La medida fue adoptada “en atención a las particulares circunstancias de la causa”.
El expediente incluye un pedido de medida cautelar contra el artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la Ley de Tierras Rurales.
Esto significaría que una eventual decisión favorable podría volver a establecer provisoriamente las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
Desde el organismo no confirmaron esta información a El Cronista, sin embargo, admitieron que ya circula en redes sociales.
La Corte todavía no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo. La discusión inició por la causa anterior, iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), rechazó el planteo por falta de legitimación y aclaró que no había resuelto el fondo de la cuestión.
Una definición que llega antes del 15
El aceleramiento de los tiempos judiciales tiene una consecuencia política inmediata. La oposición armó la sesión especial del 15 de octubre como respuesta al fallo anterior de la Corte sobre la Ley de Tierras.
Entonces, el rechazo del DNU 70 aparece como el primer punto de una jornada que también incluye la emergencia en discapacidad y proyectos vinculados con el endeudamiento familiar. La convocatoria coincide, además, con la marcha federal universitaria.
En ese escenario, una posible definición de la Corte antes de la sesión podría modificar el eje de la discusión. No necesariamente desactivaría el tratamiento del DNU, que abarca unas 300 reformas, pero sí permitiría que el oficialismo argumente que la cuestión que disparó la ofensiva opositora sobre las tierras ya está nuevamente bajo análisis del máximo tribunal.
La oposición, de hecho, había reaccionado al primer fallo judicial con una convocatoria rápida al recinto. Ahora enfrenta la posibilidad de que la Corte se adelante a la movilización y vuelva a colocar la discusión sobre las tierras en el terreno judicial.
Voces dentro de la Cámara de Diputados indicaron a El Cronista que hay una discusión entre la oposición sobre qué hacer con la sesión si la Corte resuelve el problema antes del 15 de septiembre.
La estrategia de Milei
Mientras la Corte acelera el expediente judicial, el oficialismo también movió una ficha en el Congreso. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, convocó para el miércoles 14 de octubre, un día antes de la sesión especial pedida por la oposición, a una reunión conjunta con Legislación General para comenzar el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que modifica las leyes de Expropiaciones y de Regularización Dominial.
Según pudo saber El Cronista, la intención del oficialismo es aprovechar ese debate para incorporar una nueva regulación sobre la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, luego de que la Corte volviera a poner el tema en el centro de la escena.
HCDN
La estrategia tiene un doble objetivo. Por un lado, ofrecer una alternativa legislativa a la discusión judicial sobre la derogación de la Ley de Tierras. Por otro, quitarle impulso político a la sesión convocada para el 15 de octubre, donde la oposición pretende rechazar el DNU 70/23 y convertir el conflicto por las tierras en el principal argumento de la ofensiva contra el Gobierno.
Los números en Diputados y los gobernadores
Más allá de la ofensiva judicial, la principal dificultad de la oposición está en el Congreso. Para iniciar la sesión necesita 129 diputados sentados en sus bancas y hoy no cuenta con ese número asegurado.
Los conteos que circulan en Diputados ubican al espacio opositor entre 115 y 120 voluntades, según qué legisladores de los bloques provinciales concurran. El escenario más amplio deja todavía un déficit de al menos nueve diputados para alcanzar el quórum.
“Sea lo que sea que haga la Corte, no estamos cerca de derribar el 70-23”, indicó ante El Cronista una fuente cercana al radicalismo.
Según el relevamiento interno de la oposición, el problema no pasa solamente por reunir los votos para rechazar el decreto sino, primero, por conseguir que sus diputados se sienten en el recinto.
En ese esquema, hay una diferencia entre el número necesario para abrir la sesión y el que hace falta para conseguir el rechazo del DNU. Incluso si la oposición consiguiera llegar a los 129, todavía debería garantizar una mayoría suficiente para aprobar el rechazo, después de que el Senado ya se pronunciara en contra del decreto.
Los gobernadores, la llave que no quieren entregar
El principal obstáculo aparece en los diputados que responden, directa o indirectamente, a los gobernadores. Es allí donde la oposición necesita encontrar las bancas que le faltan para abrir el recinto, pero también donde el Gobierno juega buena parte de su negociación política.
La señal que reciben los bloques opositores es que varios mandatarios provinciales no quieren comprometerse con una sesión destinada a rechazar en forma completa el DNU 70. La explicación tiene una lógica política: el decreto no se limita al régimen de tierras, sino que modificó un universo amplio de leyes y regulaciones que exceden por mucho esa discusión.
“Nos faltan 25 personas que pongan sus traseros en la sesión”, graficaron desde la oposición y aseguraron que “ningún gobernador manda gente”.
Desde la oposición consideraron que existe una diferencia entre acompañar una discusión específica sobre la Ley de Tierras y sentarse en una sesión para intentar derribar todo el DNU. “Nadie quiere derribar todo el DNU que cambió 60 leyes”, afirmaron.
París y la negociación con la Casa Rosada
La falta de definiciones de los gobernadores se produce después de una semana de conversaciones políticas con la Casa Rosada y de la foto de Javier Milei con mandatarios provinciales en París.
Ese vínculo adquirió una dimensión adicional en la previa electoral. El Gobierno necesita sostener acuerdos con los gobernadores para avanzar con su agenda legislativa, mientras varios mandatarios negocian con la Nación obras, recursos y reglas electorales para sus distritos.
En ese contexto, para los gobernadores sentarse en el recinto el 15 de octubre no es una decisión aislada. También implica tomar posición frente a una Casa Rosada con la que mantienen conversaciones por acuerdos electorales y por la agenda que deberá atravesar el Congreso después de las elecciones.
La oposición busca, precisamente, quebrar esa ecuación. Por eso intenta separar el DNU de los otros dos temas incluidos en la sesión —discapacidad y endeudamiento— y sumar diputados que podrían no estar dispuestos a acompañar el rechazo integral del decreto, pero sí a discutir iniciativas particulares.
Desde el peronismo reconocen que la discusión interna pasa por esa estrategia. Una posibilidad es avanzar “paso a paso” y fragmentar los proyectos para evitar que todo quede atado a la pelea por el DNU. Pero incluso dentro de ese espacio admiten que el panorama depende de lo que ocurra después de las elecciones.
