La apertura comercial impulsada por el Gobierno de Javier Milei, trasladó buena parte de los controles desde la frontera hacia mecanismos de fiscalización posteriores al ingreso de la mercadería.
Ese esquema, conocido como control “ex post”, buscó agilizar el comercio exterior y reducir intervenciones previas, pero también abrió un nuevo foco de riesgos: cómo detectar productos irregulares una vez que ya están en circulación.
Aunque las autoridades de la Secretaría de Comercio se muestran firmes con las medidas de facilitación y rechazan paliativos como la restauración de “valores criterio”, entre otras herramientas que proponen desde el sector privado, durante los últimos meses los cuestionamientos escalaron y la Aduana quedó en medio de las tensiones.
Referentes industriales comenzaron a advertir sobre las limitaciones del modelo de control actual y contrastaron con el funcionamiento en países vecinos.
La Unión Industrial Argentina (UIA), cámaras empresarias y organismos técnicos coincidieron en que el crecimiento del comercio electrónico y de las importaciones de bajo valor exige nuevas herramientas para combatir el contrabando, la subfacturación y la comercialización de productos que no cumplen con las normas técnicas o sanitarias.
Frente a ese escenario, la Aduana comenzó a desplegar una estrategia que combina inteligencia artificial, acuerdos con plataformas digitales, gestión de riesgos y modernización tecnológica, con respaldo de un programa financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Acuerdos con plataformas
Uno de los ejes de ese cambio pasa por el comercio electrónico. Durante la reunión que mantuvo con la Mesa Ejecutiva de la UIA, el director general de Aduanas, Andrés Velis, analizó junto a los industriales los mecanismos para fortalecer los controles sobre las ventas realizadas a través de plataformas digitales.
Según participantes del encuentro, la industria ya trabaja con Meta para denunciar publicaciones de productos de contrabando y avanza en conversaciones con Mercado Libre para profundizar esos mecanismos.
El esquema -que aún no fue volcado en una resolución oficial-, permite que las cámaras sectoriales identifiquen publicaciones presuntamente irregulares y, cuando logran acreditar el origen ilegal de la mercadería, soliciten su baja de la plataforma.
Las primeras experiencias fueron positivas, aunque tanto la Aduana como las empresas reconocen que el sistema presenta una limitación: los vendedores pueden volver a ofrecer los mismos productos utilizando otras cuentas.
Por ese motivo, el próximo paso apunta a mejorar la trazabilidad de los productos e identificar con mayor rapidez a los importadores responsables de esas operaciones.
El caso de los cosméticos
La industria cosmética aparece entre los sectores que comenzaron a utilizar esos mecanismos.
Según un informe de la Cámara Argentina de la Industria de Productos de Higiene Personal, Cosmética y Perfumería (CAPA), desde agosto la entidad trabaja junto con Mercado Libre, Meta, la Aduana, Lealtad Comercial, ANMAT e INPI para detectar publicaciones de productos sin inscripción sanitaria, falsificados o de procedencia irregular.
El sistema habilita la presentación de hasta 20 publicaciones por envío, dos veces por semana, aunque la cámara aclaró que todavía no dispone de estadísticas consolidadas sobre la cantidad de publicaciones efectivamente retiradas.
Para Andrés Rodríguez, representante de CAPA, la flexibilización de los procedimientos aduaneros no eliminó las obligaciones sanitarias. Explicó que los cosméticos siguen sujetos a registros obligatorios y sostuvo que, cuando un producto logra ingresar sin cumplir esos requisitos, generalmente se debe a maniobras de subdeclaración o de ocultamiento.
Rodríguez recordó además que las exigencias sanitarias responden a estándares internacionales. “En cosmética existe una regulación bastante armonizada en todo el mundo”, señaló al describir los controles sobre materias primas, trazabilidad, estabilidad y buenas prácticas de manufactura.
IA y gestión de riesgos
La respuesta de la Aduana no se limita a los acuerdos con las plataformas. Diego Figueroa, subdirector general de Control Aduanero, anticipó que el organismo trabaja en una profunda transformación tecnológica.
El funcionario describió al sistema actual como “arcaico”, durante el Día de la Exportación organizado por la Cámara de Exportadores (CERA), explicó que hoy conviven más de 25 sistemas que no se comunican entre sí y adelantó que serán reemplazados por una plataforma integrada de gestión aduanera.
Ese nuevo esquema incorporará herramientas de inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de operaciones, detectar patrones de fraude y fortalecer la matriz de riesgo que utiliza la Aduana para seleccionar qué operaciones fiscalizar.
“La meta es una Aduana sin papeles”, resumió Figueroa al presentar un plan que también contempla expedientes digitales, integración de bases de datos y automatización de procesos.
El respaldo del BID
Parte de esa transformación comenzará a financiarse con el Programa de Reforma de la Administración Tributaria Federal, aprobado en septiembre por el Gobierno junto con el Banco Interamericano de Desarrollo.
El esquema contempla un préstamo inicial de u$s 100 millones y una línea de crédito condicional de hasta u$s 600 millones, destinada a fortalecer la capacidad institucional de ARCA mediante cuatro ejes: gobernanza, gestión integral de riesgos, transformación de la experiencia del contribuyente y modernización digital.
Esta última incluye la actualización de la infraestructura tecnológica, el desarrollo de herramientas de análisis de datos, mejoras en ciberseguridad y nuevos procesos para optimizar la gestión tributaria y aduanera.
Según participantes de la reunión con la UIA, Velis explicó que parte de esos desarrollos permitirán incorporar inteligencia artificial para detectar maniobras de subfacturación, además de reforzar los controles en frontera mediante nuevas inversiones en equipamiento tecnológico, drones y canes detectores.
Del acuerdo voluntario a la regulación
Mientras la Aduana apuesta por acuerdos de cooperación con las plataformas, la oposición comenzó a discutir en el Congreso una regulación específica para el comercio electrónico.
Los diputados Guillermo Michel y Kelly Olmos impulsaron un proyecto de Protección Integral de los Derechos de los Consumidores que incorpora obligaciones para las plataformas digitales.
Entre otros puntos, la iniciativa propone que las empresas verifiquen la identidad de los vendedores, conserven documentación sobre el origen de los productos y asuman mayores responsabilidades frente a la comercialización de mercadería irregular.
El objetivo es complementar los mecanismos de cooperación voluntaria con un marco legal que facilite la identificación de los responsables cuando se detecten productos ingresados de manera ilegal.
Una tendencia global
La discusión sobre cómo controlar las importaciones realizadas a través de plataformas digitales también comenzó a ganar terreno en otros países de la región.
Durante la reunión con Velis, los industriales presentaron un relevamiento comparativo según el cual varios mercados redujeron los montos de las compras que pueden ingresar sin aranceles, en respuesta al crecimiento del comercio electrónico transfronterizo.
Según ese análisis, Brasil mantiene un régimen que grava las compras internacionales de bajo valor, mientras que Chile, Colombia y otros países de la región fijan umbrales significativamente inferiores - con límites de entre u$s 50 y u$s 150- a los vigentes en la Argentina -u$s 3000- para el ingreso de mercadería con beneficios aduaneros.
En ese contexto, la UIA destacó especialmente la decisión de la Unión Europea de aplicar un cargo de 3 euros a determinados envíos de bajo valor provenientes de países extracomunitarios.
La entidad presentó estos antecedentes como parte del debate sobre los mecanismos de control del comercio digital y la necesidad de reforzar la trazabilidad de los productos que se comercializan por plataformas.
