La derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término abrió una pregunta inevitable para la Argentina: ¿puede alterar el rumbo del juicio por la expropiación de YPF, la mayor causa judicial que enfrenta el país?
Formalmente, no. El Congreso, que pasará a estar con mayoría demócrata, no tiene voz en la Corte Suprema de Estados Unidos, que es la que debe decidir si revisa el fallo que anuló la condena de u$s16.100 millones. Políticamente, la señal llegará desde la Casa Blanca, si la Corte le pide su opinión. Y ahí el escenario tiene más matices de lo que parece.
“Formalmente la respuesta sería no”, afirmó el abogado Bernardo Saravia Frías, en diálogo con El Cronista. “Ahora bien, es sabido que ciertos juicios, y especialmente a nivel de la Corte Suprema de Justicia, una elección como la de ayer puede tener un impacto, ya sea en tiempos procesales como en el fondo”, agregó el ex procurador del Tesoro durante la gestión de Mauricio Macri, encargado de defender a Argentina en el comienzo del juicio. Su razonamiento es que este es un fallo a favor de un Estado extranjero alineado abiertamente con un gobierno que acaba de sufrir un revés, y con un presidente sin posibilidad de reelección. “Lo que hasta acá había sido un viento a favor, puede jugar en contra”.
El consultor Sebastián Maril, de Latam Advisors, apuntó en la misma dirección. Duda de que la estrategia de Washington hacia la Argentina siga siendo prioritaria: “Trump va a tener otras prioridades ahora muy inmediatas e internas dentro de su propio partido y su propio país”.
Ese frente interno ya tiene nombre en el expediente. El 30 de octubre, 15 estados (todos con fiscales generales republicanos, salvo uno independiente) presentaron un amicus curiae para que la Corte tome el caso. Días después, el senador republicano por Missouri Eric Schmitt presentó su propio escrito en la misma línea. ¿Querrá Trump contradecir a su propia tropa? Ya fueron 9 los amicus presentados para presionar a la Corte Suprema de Estados Unidos.
También están quienes relativizan el impacto. “No veo la elección como algo que vaya a influir”, afirmó Sebastián Soler, exsubprocurador del Tesoro durante la presidencia de Alberto Fernández. Además, otro abogado que participó de la causa y prefirió no ser mencionado coincidió: “El apoyo específico a Argentina en sede judicial, a través del Departamento de Justicia de EE.UU., depende de la administración, no del Congreso”.
La figura del Solicitor General
Soler explicó que, ahora, todas las miradas apuntan al llamado Solicitor General, el abogado que representa al gobierno estadounidense ante la Corte, una suerte de Procurador del Tesoro. “Depende del Poder Ejecutivo”, afirmó Soler.
Cuando hay un Estado soberano involucrado, el tribunal suele pedirle su opinión antes de decidir. Maril estima que el pedido llegaría antes de fin de año y el escrito, entre enero y febrero. “El Solicitor General no produce nada que la Casa Blanca no haya aprobado”, advirtió Maril. “Si encuentran la forma de escribir a favor de Argentina, lo van a hacer”, agregó.
El cargo lo ocupa John Sauer, que fue el Solicitor General de Missouri cuando Schmitt era el fiscal general del estado. “John Sauer era mi Solicitor General”, había dicho Schmitt en una convención de abogados cuando Trump lo nominó al cargo. En otras palabras: Sauer, abogado que representa hoy a la Casa Blanca ante la Corte, trabajó en el pasado con un senador republicano que acaba de presentar un amicus en contra de Argentina.
Antecedentes de respaldo
Hasta ahora, Washington respaldó a la Argentina, pero en otro terreno. El Departamento de Justicia de EE.UU. intervino en noviembre de 2024, bajo el gobierno de Joe Biden, contra el pedido de Burford de quedarse con el 51% de YPF, y en julio de 2025, ya con Trump, contra la orden de la jueza Loretta Preska que lo habilitaba, con el argumento de la inmunidad soberana. Nunca opinó sobre el fondo del juicio.
También hay un antecedente que incomoda. En 2019, con Trump en la Casa Blanca y una relación estrecha con Macri, a quien llamaba su “amigo”, la Corte pidió la opinión del gobierno estadounidense y el entonces Solicitor General, Noel Francisco, recomendó rechazar el pedido argentino, cuando lo que se discutía era si el caso debía tramitarse en EE.UU. “La relación que hay entre Argentina y Estados Unidos, Trump presidente, no es garantía de que en la Corte Suprema nos vaya a apoyar”, recordó Maril.
Mientras tanto, el juicio sigue su curso. Preska ya anuló la condena y cerró el caso en primera instancia, y Burford pidió a la Corte que revise el fallo del Segundo Circuito. Según pudo saber este diario, la Argentina prepara su respuesta, que vence el 2 de diciembre, y gestiona escritos de apoyo de otros países. Si la Corte rechaza el caso sin consultar al gobierno, el litigio podría cerrarse en EE.UU. hacia febrero o marzo de 2027; con consulta, cerca de fin de ese año. Si lo acepta, la definición se estiraría hasta 2028 o 2029, según estimaciones de abogados que siguen el caso. El propio Burford admitió que la posibilidad de un fallo favorable en EE.UU. “es baja en términos estadísticos”. Pero la pelea no termina ahí: el fondo ya abrió un segundo frente en el CIADI.
