ENTREVISTA

Juicio a Cristina Kirchner: Transparencia Internacional alega que no hay proscripción y apunta contra Alberto Fernández

La titular de la organización, Delia Ferreira Rubio, habló con El Cronista sobre la situación judicial de la Vicepresidenta y lo que expone su descargo mediático. El rol del Presidente y los límites que cruza.

Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparency International, se refirió a la defensa mediática que hizo la vicepresidenta Cristina Kirchner en el marco de la causa Vialidad. En un mano a mano con El Cronista, durante un evento de Ética y Transparencia organizado por AmCham, la abogada aseguró que el pedido de pena formulado por el fiscal Diego Luciani no intenta proscribirla, sino que se atiene al Código Penal. 

Además, consideró que la Vicepresidenta eligió un camino jurídico incorrecto y que, con su descargo mediático, no hizo más que reconocer su culpabilidad. También afirmó que el Presidente Alberto Fernández violó la Constitución Nacional, al difundir su comunicado de prensa en favor de la Vice.      

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¿Qué opina de la exposición que hizo la Vicepresidenta a través de sus redes sociales?

La exposición mediática se centró no en demostrar los errores que le atribuye al alegato del fiscal y a la lectura de las pruebas sino a demostrar que todos son corruptos, todos son iguales y que hay que investigarlos a todos porque esa es la forma de hacer las cosas en la Argentina. Ese es un enfoque equivocado y no solo jurídicamente hablando: funciona como un reconocimiento. Pero me pareció útil que lo dijera para que la sociedad escuche esa opinión y analice lo que dijo.

¿La Justicia investiga al 'poder real'?

En algunos casos, sí. En otros, no. Pero en este caso, cuando la Vicepresidenta utiliza los chats de Nicolás Caputo y otros empresarios, lo que se le olvidó o no escuchó, es que cuando el fiscal termina su alegato, pide que se separen los chats de López, por si hubiera otros delitos. O sea, lo mismo que Cristina estaba pidiendo en ese momento. A ella se le escapa. Y ha habido muchas otras investigaciones y críticas respecto de, por ejemplo, la autorización de la unión de Cablevisión que ella detecta ahora como un potencial caso de corrupción. Llama mucho la atención.

¿Quiso decir que la fusión Cablevisión-Multicanal podría ser un caso más de corrupción o fue una manera de mostrar que los diálogos entre la política y el empresariado son habituales?

No, no... Habló del volumen del negocio y por el tono en que lo dijo, creo que a lo mejor no quiso decirlo, pero en su afán de decir que todos están mezclados y en su afán de nombrar a Magnetto de alguna manera, ese era un caso. Esas decisiones tomadas a último momento, con DNU, sin los controles correspondientes, son cosas dignas de ser investigadas. Hubo, en su momento, críticas y comentarios sobre esa fusión.

¿Qué opina del comunicado que emitió el Presidente Alberto Fernández tras conocerse el pedido de pena por parte de Luciani?

El Presidente ha violado el artículo 109 de la Constitución Nacional, clara y sencillamente. Él no puede inmiscuirse en causas judiciales. Y mucho menos, en un sistema republicano de división de poderes, incitar a desconocer a la Justicia. Continuamente, no solo en esta causa, a través de su ministro de Justicia y sus declaraciones, incita a desconocer y a atacar a la Justicia. En este caso, su comunicado -si es que es su comunicado, porque no sabemos quién lo escribió-, está violando la Constitución. Es una cuestión política de tratar de defender lo indefendible.

Rubio remarcó que no hay un intento de proscripción por parte de Luciani. 

Desde el oficialismo hablan de un intento de proscripción, ¿coincide?

La proscripción es la arbitraria e ilegal violación de los derechos electorales de una persona. Lo que el fiscal pidió es lo que el Código Penal establece como pena para este delito: la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. También la Constitución, artículo 36, incorporó la pena de inhabilitación. Porque es una persona que ha cometido delitos contra el Estado. Es razonable que no sea más funcionaria del Estado. No es una proscripción. 

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