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Afiliados que pierden cobertura, médicos que dejan de atender porque consideran insuficientes los aranceles, interrupciones de prestaciones, reclamos de hospitales y clínicas por deudas y dificultades para acceder a medicamentos de alto costo componen un escenario cada vez más conflictivo alrededor del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social de la provincia de Buenos Aires.
Los problemas no son nuevos, pero se multiplicaron en diferentes puntos del territorio y comenzaron a trasladar el costo político directamente hacia la administración de Axel Kicillof. La Legislatura bonaerense acumula pedidos de informes y reclamos opositores, mientras intendentes, sindicatos, profesionales e instituciones sanitarias advierten sobre inconvenientes para sostener prestaciones.
La tensión promete escalar durante la semana del 24 al 28 de agosto, cuando el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, concurra al Senado provincial. Formalmente llegará para defender dos proyectos sanitarios impulsados por el Ejecutivo, pero UCR, PRO y La Libertad Avanza preparan una discusión mucho más incómoda: quieren convertir la visita en una interpelación política sobre el funcionamiento de IOMA.
El instituto es uno de los principales actores sanitarios del país. Tiene alrededor de 2,5 millones de beneficiarios, entre trabajadores provinciales y sus grupos familiares, policías, docentes, personal judicial, jubilados del Instituto de Previsión Social, empleados municipales y afiliados voluntarios.
Su dimensión vuelve particularmente sensible cualquier deterioro en las prestaciones. No se trata de una obra social marginal sino de una estructura que condiciona el acceso a la salud de una porción importante de la población bonaerense.
Para 2026 tiene asignado un presupuesto de casi $2,5 billones. Desde el propio organismo sostienen que alrededor del 95% se destina al pago de prestaciones, medicamentos y servicios y que el gasto termina ampliándose por la evolución de los costos sanitarios.
Ese volumen de recursos es justamente uno de los puntos que alimenta la ofensiva opositora. El cuestionamiento no se centra únicamente en cuánto dinero recibe el instituto, sino en por qué, pese a contar con semejante presupuesto y con aportes obligatorios de sus afiliados, persisten dificultades para garantizar prestaciones en diferentes zonas de la Provincia.
Los trabajadores estatales aportan obligatoriamente el 4,8% de su salario mensual al IOMA. Los aproximadamente 285.000 jubilados provinciales alcanzados por el IPS destinan el 4,5%. Aun así, los afiliados deben afrontar copagos para diferentes consultas. Ese desfasaje aparece como uno de los factores detrás de una cartilla que se vuelve cada vez más difícil de sostener en algunas especialidades y localidades.
Deudas millonarias y prestaciones que empiezan a cortarse
Los conflictos se extienden por distintos niveles del sistema sanitario. Uno de los reclamos de mayor volumen llegó desde el Hospital Garrahan, que informó una deuda de $8.278 millones vinculada con la atención y derivación de más de 44.000 chicos afiliados al IOMA durante 2025 y 2026.
La Provincia informó pagos por alrededor de $1.200 millones, aunque desde la institución sanitaria sostienen que esa cifra representa apenas una parte del capital reclamado.
También la Agremiación Médica Platense mantiene una disputa con la obra social por $900 millones a junio. Y en Trenque Lauquen, el servicio de Hemodinamia interrumpió prácticas programadas por una deuda que, afirman, supera los $300 millones.
Desde IOMA rechazan que exista una interrupción generalizada de los pagos. Es la explicación que también sostiene Kreplak. Lo atribuyen al ajuste nacional y el retaceo de fondos a la Provincia. Pero en la oposición considera insuficiente esa respuesta.
El conflicto comenzó a adquirir otra dimensión cuando las dificultades de IOMA dejaron de afectar exclusivamente a afiliados y prestadores privados y comenzaron a impactar sobre hospitales municipales. Ese es el argumento que llevó el diputado provincial Fernando Rovello, del PRO, a impulsar un proyecto para reclamar información sobre las deudas que la obra social mantiene con efectores comunales y prestadores.
El problema resulta particularmente sensible en los municipios del interior, donde los hospitales municipales ocupan un lugar central en la atención sanitaria y las administraciones locales deben financiar buena parte de su funcionamiento. Cuando IOMA demora pagos o reconoce aranceles inferiores al costo efectivo de una práctica, según plantea la oposición, la diferencia termina siendo absorbida por las propias comunas.
El Senado también comenzó a involucrarse.
Kreplak irá al Senado y la oposición prepara el interrogatorio
La próxima visita de Kreplak a la Legislatura aparece así en un momento especialmente incómodo. El ministro concurrirá a la comisión de Salud del Senado, presidida por el legislador oficialista Pedro Borgini, para defender dos proyectos enviados por Kicillof. Ambas iniciativas habían ingresado originalmente en 2024, perdieron estado parlamentario en diciembre de 2025 y fueron presentadas nuevamente este año.
Pero la oposición pretende que la reunión no quede circunscripta a esas iniciativas. UCR, PRO y La Libertad Avanza ya anticiparon que buscarán llevar la discusión hacia IOMA y plantear los problemas de cobertura, las deudas con prestadores, las dificultades denunciadas por municipios y las condiciones de acceso a determinados tratamientos.
El movimiento puede transformar una reunión diseñada por el oficialismo para impulsar la agenda sanitaria del gobernador en una sesión de explicaciones sobre uno de los organismos más cuestionados de su administración. Kreplak y Giles sostienen que existe una utilización política del conflicto. Pero ese argumento enfrenta un límite.
La próxima discusión en el Senado mostrará hasta dónde llega ese desgaste. El gobernador sostiene a las autoridades y el Ministerio de Salud insiste en denunciar una ofensiva opositora. Del otro lado, médicos, instituciones, sindicatos, intendentes y legisladores siguen acumulando reclamos.
Y en el medio quedan los 2,5 millones de afiliados que todos los meses aportan obligatoriamente al sistema y que, ante cada prestación que se demora, cada médico que deja de atender o cada servicio que se interrumpe, vuelven a hacerse la misma pregunta: qué está pasando con IOMA y por qué la Provincia todavía no consigue normalizarlo.
