A cuatro días de las elecciones legislativas y con el duro antecedente de la derrota de las PASO al presidente Alberto Fernández le estallaron en la mano dos temas de alta sensibilidad social: el desborde de malhumor ciudadano por la inseguridad en el conurbano bonaerense y un estado de alerta con movilización de los grupos piqueteros que cuestionan al gobierno por la falta de alimentos en los barrios vulnerables.
En el gobierno creían hasta la semana pasada que tanto la inseguridad como la conflictividad social de los movimientos sociales eran temas fuera de agenda electoral y que tenía controlados. Las encuestas que llegaban al despacho presidencial ponían al tema inseguridad en segundo o tercer lugar de preocupación ciudadana. Antes de ello, el gobierno se enfocó en la inflación y el desempleo como ejes de preocupación mayor.
Sin embargo, en las últimas horas el asesinato de un kiosquero en La Matanza desató la furia de vecinos y cristalizó la fuerte preocupación que hay en el electorado por la inseguridad en las calles, sobretodo en el conurbano bonaerense. El hecho de violencia desnudó también las profundas batallas internas que se libra el Frente de Todos protagonizadas por el cristinista y ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni y el ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández.
Ayer, Berni ordenó reprimir una protesta de vecinos en Ramos Mejía por el asesinato del kiosquero y justificó ese hecho porque "si la gente prende fuego la comisaría se calcinan todos los detenidos", dijo. La respuesta de la Casa Rosada no se hizo esperar. Aníbal Fernández rechazó hoy ese accionar al sostener que "nunca voy a estar del lado de la represión". También aclaró que el Gobierno no tiene "ni mano dura ni mano blanda" y sumó: "No le vamos a pegar a la gente ni tirarle escopetazos".
No fueron las únicas diferencias plasmadas en el Frente de Todos por los problemas de delincuencia que terminan con muertes. Berni dijo que la inseguridad es una enfermedad endémica y Aníbal Fernández le replicó: "Sucede en todos los lugares del mundo, si a eso se refiere, en algunos más y en otro menos. Cuando uno está revisando estas cosas, las estadísticas no son nada".
En contra de su voluntad y pese a las resistencias de Alberto Fernández el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto para que el caso de La matanza no se desmadre.
Según confiaron a El Cronista en la Casa Rosada el ministro de Seguridad evalúa enviar en las próximas horas un grupo de 500 gendarmes a la zona de La Matanza para apaciguar el malhumor de los vecinos y frenar la ola de inseguridad en las calles del conurbano.
PIQUETEROS EN ALERTA
El conflicto social se agrava en el conurbano bonaerense y en los barrios vulnerables ante la falta de alimentos con una pobreza que escala más del 45%. Pero el gobierno no logra reaccionar y los movimientos sociales críticos amenazan con cortes de rutas y campamentos en las calles para el lunes posterior a las elecciones.
Ayer hubo encuentros de urgencia en el Ministerio de Desarrollo Social que maneja Juan Zabaleta con líderes piqueteros críticos. Se reunieron los funcionarios de esa cartera, Laura Alonso y Gustavo Aguilera, porque un sector del Polo Obrero y otras agrupaciones amenazaban con acampar en diferentes puntos de acceso a la Ciudad de Buenos Aires desde el jueves desafiando así a la veda electoral.
Según comentaron varios referentes de movimientos sociales El Cronista el reclamo al gobierno es uniforme: desde hace 70 días que hay una preocupante falta de alimentos en comedores escolares y barrios de todo el país. No sólo esto. Plantearon sus sospechas de que los bolsones de comida se desvían para otras agrupaciones alineadas con La Cámpora y grupos afines al kirchnerismo.
Zabaleta no logra controlar siquiera su ministerio y el desborde social por la pobreza en aumento está a la vuelta de la esquina. Sus voceros explicaron a El Cronista que el 21 de octubre se organizó una reunión con los piqueteros duros donde supuestamente habían acordado la entrega de alimentos y la provisión de maquinarias e insumos para producción e las cooperativas. También se armó un encuentro interministerial para coordinar la ayuda social.
Sin embargo, la asistencia del Estado no llegó como pedían y la paciencia de los grupos críticos del gobierno está al límite.
"La entrega de alimentos es incompleta. Y el gobierno está minimizando el tema social. Se repite la metodología de siempre: demoras en las entregas de alimentos y la mitad del subsidio anunciando", dijo a El CronistaEduardo Belliboni del Polo Obrero.
Desde esta agrupación y otros sectores de izquierda radicalizada amenazan abiertamente: "Vamos a esperar velando las armas que este compromiso mínimo se cumpla en función de no entorpecer ni ser pasto de maniobras en el medio del proceso electoral, en el que creemos el gobierno será golpeado por los trabajadores que estamos siendo las víctimas de un ajuste al servicio del pago de la deuda", dijeron.
La protesta en las calles del jueves se levantó pero hay intenciones de salir a las calles desde el lunes. Pero el impacto en las urnas de la inseguridad y de la falta de alimentos es una verdadera incógnita que preocupa en la Casa Rosada.
