EL FUTURO ECONÓMICO

Guerra a la inflación: cuál es la carta que guarda el Gobierno para controlar los precios

Comercio Interior pretende que las empresas alimenticias respeten los parámetros pautados para contener el avance de los precios, y comenzó a mostrar algunos de los caminos que podría tomar en caso de que esto no ocurra.

Las multas que la Secretaría de Comercio Interior aplicó a la empresa Molinos Cañuelas y tres entidades que agrupan a firmas del sector harinero son apenas una muestra de la estrategia que se pretende poner en marcha.

Cada vez más complicado en su intento de contener la inflación, el Gobierno pretende ahora meter presión a las alimenticias y mostrar que está dispuesto a ir a fondo con aquellas que no se alineen con las políticas de precios. Esto se podría traducir en nuevas multas, una carta que nunca estuvo sobre la mesa de forma explícita, aunque sí sobrevoló en muchas oportunidades.

Así, lo que ocurrió este martes con las molineras se podría repetir con algún otro sector alimenticio. "Medidas concretas por el momento no hay pero queda claro que es un camino a seguir si no se logran acuerdos. Desde hace tiempo se viene diciendo que hay que alinearse detrás del objetivo de contener la inflación, pero evidentemente algunos no lo entienden así. Las multas a los molineros son consecuencia de esto", apuntaron a El Cronista fuentes oficiales.

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Del lado de las alimenticias dicen que la medida los tomó por sorpresa, aunque no les llama la atención que haya ocurrido.

"Siempre estuvo sobrevolando la idea de las multas, pero se la ligó más a posibles desabastecimientos. La imposibilidad de hacer algo contra la inflación evidentemente cambió las cosas", sostuvieron desde una de las principales alimenticias.

precios y multas

Más allá del golpe que se pretende dar estrictamente a las molineras, con esto el Gobierno también se asegura de que las empresas del sector sepan que la opción de las multas está abierta, y sin siquiera tener que plantearlo en una reunión.

Esta variable también podría correr en caso de que se registren faltantes de productos o fuertes incrementos de precios en las góndolas. En este sentido, Comercio Interior todavía espera que las compañías retrotraigan los precios de unos 600 productos al 10 de marzo pasado, que todavía deben cumplir con la disposición que anunció Feletti.

El Gobierno pretende que las alimenticias se alineen con las políticas de control de precios que impone para intentar frenar la inflación

La historia de desencuentros entre Gobierno y molineros no es nueva y sirve como muestra de la avanzada oficial. Con el crecimiento del precio del pan como eje, días atrás el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, había evidenciado su descontento con el sector.

Sostuvo que "hubo ataques especulativos", y que los molineros acopiaron "millones de toneladas de trigo". "Subían el precio y estrangulaban el abastecimiento de harina", acusó.

Días después, se dispusieron las multas de $ 150 millones a la empresa Molinos Cañuelas por $150 millones -por ejecutar una "práctica concertada" con cámaras empresarias del sector para fijar el precio de la harina-, a la Federación Argentina de la Industria Molinera por el mismo valor; a la Cámara de Industriales Molineros por $ 93 millones, y a la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras con $ 51 millones.

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El primer golpe del Gobierno a las alimenticias en cuanto a las multas había sido a mediados de febrero del año pasado. Por aquel entonces, con la pandemia en un punto muy alto, el conflicto pasaba por la falta de abastecimiento de la que acusaban a las compañías. En ese caso se había amenazado con aplicar una multa de $ 10 millones.

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