El informe que destruye el plan de ajuste cero del Gobierno: por qué es difícil recortar el gasto

El Gobierno avanza en un plan para reducir el gasto que incluye entre otras cosas reducir subsidios en las tarifas y el transporte, en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Fiel a su ADN peronista, la palabra ajuste está vedada aunque la inflación actúe como un aliado en ese sentido. Ahora, un documento de la Universidad de Belgrano sostiene que sólo se podrá reducir 10% del gasto sin afectar los salarios públicos y las jubilaciones.

La conclusión se deriva de un análisis del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la mencionada universidad sobre las implicancias fiscales del principio de entendimiento con el staff técnico del FMI. Allí advirtió al respecto que el principal compromiso que asume el gobierno argentino consiste en una paulatina reducción del déficit fiscal que, estimado en 3% del PBI en 2021, debería reducirse al 2,5% en 2022, al 1,9% en 2023 y al 0,9% en 2024.

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por qué es difícil recortar el gasto

Con relación al gasto público, desde el CENE se indicó que un reciente estudio realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) concluyó que "sólo el 10% del gasto de la Administración Pública Nacional tiene flexibilidad".

 Dicho porcentaje representa la única porción de gasto posible de recortar o reasignar sin afectar los salarios públicos y las jubilaciones. "Esta proporción ha venido disminuyendo en los últimos años, tornando el gasto público cada vez más rígido y reduciendo el margen de acción para reducirlo o reordenarlo", sostiene en ese sentido Víctor Beker, director del CENE.

"En efecto, durante el período comprendido entre 2010 y 2021, los gastos rígidos, mayoritariamente compuestos por jubilaciones y pensiones, remuneraciones al personal, intereses de la deuda y asignaciones familiares, entre otros, fueron aumentado su peso en el presupuesto, alcanzando un máximo del 80% en 2019, tras tocar un mínimo del 57,9% en 2014", rememoró el economista.

Beker continuó: "Según la estimación de la OPC, en 2021, los gastos con rigidez alta afectaron aproximadamente al 63,6% del gasto total; los clasificados como de rigidez media participaron con el 24,8%, y el resto, es decir el 11,5%, correspondió a aquellos gastos más factibles de reasignar. Estrictamente, si nos limitamos a los gastos clasificados como sin rigidez y con fuentes de financiamiento sin afectación, sobre los que el Gobierno tiene mayor margen de acción, éstos representaron apenas el 9,8% del gasto total".