Devaluación

El impacto del dólar en los subsidios y el aumento de tarifas para cumplir con el FMI

En el sector energético ya calcularon los costos de la devaluación en los subsidios. El Gobierno analiza otro aumento de tarifas, pero el impacto en las cuentas públicas es chico.

El 80% de los costos de generación eléctrica y el 100% de la producción de gas natural están dolarizados, por lo que la devaluación del peso contra el dólar oficial implica un gasto público de $ 70.000 millones (unos 200 millones de dólares) extra hasta fin de año si el Gobierno no decidiera un nuevo aumento de tarifas para compensar esta erogación en subsidios. El monto equivale a entre 0,03% y 0,04% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado para 2023.

Este es el cálculo que hicieron en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet. "Cualquier opción de traslado parcial implica el aumento de subsidios y cualquier opción de traslado total implica suba de tarifas", señalaron.

"Esta decisión de política energética se toma de manera diferente en los dos servicios públicos. Mientras que en la energía eléctrica basta con una nueva resolución que apruebe una reprogramación trimestral de los precios estacionales, en el gas es requisito una audiencia pública para determinar los costos de abastecimiento", agregaron los economistas del IIEP.

La Secretaría de Energía que conduce Flavia Royon envió un requerimiento a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) para que recalcule los costos del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) que fueron aprobados recientemente para el trimestre agosto-octubre.

Subsidios y tarifas de la luz y el gas

"Además de la devaluación, estamos teniendo un invierno poco exigente y tenemos mucha agua", contó una fuente del sector. Las altas temperaturas provocan una menor demanda de gas natural y un ahorro en el consumo de combustibles más caros para la generación eléctrica, lo que baja los costos.

La meta sectorial del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es reducir los subsidios a la energía de 2,2% a 1,6% del PIB y está encaminada, dicen fuentes oficiales.

La meta de bajar los subsidios a la energía al 1,6% del PIB está encaminada

En este contexto, un nuevo incremento de las tarifas con facturas que lleguen antes de las elecciones presidenciales generales de octubre podrían alentar el malhumor social.

Previo a la devaluación, los usuarios de ingresos o patrimonios altos y aquellos que no pidieron o renunciaron a los subsidios (Nivel 1 de la segmentación), al igual que grandes industrias y comercios, cubrían con sus boletas el 100% del costo eléctrico.

Si el Estado absorbe la totalidad del efecto del salto en el tipo de cambio, implicaría que los hogares N1 enfrenten ahora el 85%. Por otra parte, para los hogares N2 y N3, el Tesoro de la Nación aportaría el 89% y 86% del costo, mientras que la demanda pagaría solo el 11% y 14% respectivamente, sobre un 13% y un 17% actualmente.

A la vez, en el gas la cobertura actual de las tarifas sobre el costo de la producción y las importaciones es de un 51%, 15% y 19% de N1, N2 y N3, respectivamente, y pasaría a 42%, 12% y 16% si se mantuvieran sin cambios.

En el acumulado del año hasta principios de agosto, los subsidios a la energía, el transporte y el agua sumaron $ 2.331.195 millones ($ 2,3 billones) y cayeron en su conjunto un 16,6% interanual en términos reales, por una reducción real en transporte del 16,1%, en energía del 16,5%, y en agua del 32,3%. Por otro lado, existen $ 95.733 millones de "deuda flotante" en estos sectores.

Los subsidios representan el 14% del gasto público primario y el 79% del déficit antes del pago de intereses de la deuda. Si se eliminara por completo esta ayuda del Estado, la Argentina se acercaría al equilibrio primario fiscal.

El IIEP también informó que las tarifas eléctricas en el país siguen estando muy por debajo del promedio de la región y solamente son más baratas en Paraguay. Según el IIEP, para un consumo de 300 kilovatios-hora al mes una familia argentina paga el 60% de lo que se abona en Brasil y el 30% de Uruguay.

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