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El Gobierno alista su plan: distribución de fondos, nuevo padrón y actualización de montos

El Ministerio de Capital Humano hizo un reempadronamiento de los beneficiarios de planes para mejorar la llegada de ayuda social. El nuevo esquema de actualización de montos y la coordinación con la Iglesia.

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En su batalla contra los grupos piqueteros y el combate a la pobreza el Gobierno se apresta a desplegar a pleno el nuevo esquema de planes sociales con distribución de fondos en todo el país y una limpieza de la lista de beneficiarios además del esquema de actualización de montos.

Hasta ahora, el Ministerio de Capital Humano de Sandra Petovello lleva inyectados más de 20.000 millones de pesos sólo para los comedores escolares, desató una dura pelea en los tribunales donde hay más de 2000 denuncias por irregularidades y se dispone a ejecutar un ordenamiento de la ayuda social donde la actualización de los planes no ser haría más por el salario básico.

El plan de ayuda social que desplegó hasta ahora la ministra Petovello se enfrentó fuertemente con los dirigentes piqueteros primero para evitar intermediarios y ahora buscará poner en marcha el esquema de "rastrillaje" ante irregularidades.

Según consignaron en la Casa Rosada a El Cronista la ministra Petovello y el secretario de Desarrollo Social, Pablo de la Torre, se disponen a establecer una nueva distribución de los programas de ayuda social a sectores vulnerables en función del reempadronamiento de beneficiarios y las auditorías que se están cerrando en estos días.

Reempadronamiento

"Los resultados del reempadronamiento dará una pauta de cómo y dónde distribuir la ayuda social para optimizar recursos", dijo un destacado funcionario del Gobierno.

Esto implicará eludir a los intermediarios y desplegar una distribución "más ordenada y justa de los planes", dicen en el Gobierno.  

El Gobierno se apresta a desplegar un nuevo esquema de planes sociales con distribución de fondos en todo el país y una limpieza de la lista de beneficiarios.

Pettovello firmó un acuerdo con Cáritas Argentina por más de 310 millones de pesos para la compra de alimentos. La idea es que la Iglesia pase a ser una suerte de veedora o respaldo de transparencia. Esto llegó luego de las críticas de movimientos sociales por la falta de comida en los barrios carenciados.

A partir de este convenio, el Ministerio de Capital Humano busca seguir impulsando acciones que permitan abordar las problemáticas vinculadas a la desnutrición y la alimentación deficiente.

"Estamos muy felices de haber firmado la renovación del convenio de meriendas que desde hace mucho tiempo tenemos con el Estado nacional. Seguiremos trabajando junto a los que sufren la crisis alimentaria en el marco de la grave situación social que se vive. Renovamos el esfuerzo para que ninguna persona se quede sin cuidado ni protección" dijo Luciano Ojea Quintana, director nacional de Cáritas Argentina.

En todo el país, Cáritas responde a las necesidades específicas y urgentes de familias, grupos y comunidades en situación de emergencia socioeconómica y vulnerabilidad, acompañados por más de 40.000 voluntarios.

El Gobierno se apresta a desplegar un nuevo esquema de planes sociales con distribución de fondos en todo el país y una limpieza de la lista de beneficiarios.

Denuncias judiciales

A la vez, en el plano legal el Ministerio de Capital Humano presentó ante la justicia más de 1800 denuncias por extorsiones y amenazas durante el paro del 24 de enero. Las denuncias fueron recibidas en la línea 134 durante la jornada del 24 de enero pasado, en el contexto del paro nacional convocado por la CGT.

También en el gobierno advierten que los casos de irregularidades por planes mal otorgados o alertas que había detectado el fiscal Marijuan son menos de 150.000 casos.

Entre los principales reclamos se encuentran beneficiarios del plan Potenciar Trabajo que tuvieron que ir a las concentraciones bajo la amenaza de quitarles el plan o no certificar su día de trabajo. También denunciaron que algunos referentes retienen el 2% de su asignación o los obligan a colaborar con aportes económicos de entre 2000 y 5000 pesos en concepto de apoyo al movimiento.

Además de las amenazas, también hay denuncias de personas que figuran como empleados públicos pero que no trabajan. Tienen sueldos cercanos a los 600 mil pesos, pero solo reciben alrededor de 80 mil pesos, ya que el resto queda en manos de un "apoderado" que firma sus recibos de sueldo y el presentismo.

El Gobierno se apresta a desplegar un nuevo esquema de planes sociales con distribución de fondos en todo el país y una limpieza de la lista de beneficiarios.

Montos actualizados

El esquema de ordenamiento de los planes sociales se completaría junto con el Ministerio de Economía que busca actualizar los montos de los programas por la vía de un esquema de referencia a la inflación y no por la convocatoria del Consejo del Salario Mínimo como se había hasta ahora.

No está claro aún cómo será la nueva fórmula para actualizar montos de programas sociales. Pero en el gobierno creen que el esquema que se llevaba hasta ahora con el llamado al Consejo del Salario Mínimo resulta obsoleto.

Esta dinámica seguramente generará malestar en los movimientos sociales, pero en la Casa Rosada aseguran que están dispuestos a dar otra pelea más para defender la "entrega transparente y justa" de los programas asistenciales. 

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