El Gobierno modificó el Presupuesto 2026 mediante la Decisión Administrativa 20/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial. La medida lleva las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La norma amplió en $ 500.000 millones el límite para el pago de sentencias judiciales previsionales, establecido por el artículo 40 de la Ley N° 27.798. El nuevo techo quedó fijado en $ 712.288 millones, en respuesta a retroactivos originados en ajustes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Además, el decreto incorporó $ 162.000 millones como transferencia figurativa desde el Tesoro Nacional para financiar el Plan de Retiros de Voluntad Recíproca del personal de la ANSES. Los interesados debieron presentar sus formularios antes del 26 de abril. El artículo 2° de la norma redistribuye cargos y créditos entre organismos en línea con movimientos de personal ya dispuestos. Entre ellos, el traspaso de ocho agentes de la Jefatura de Gabinete al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. El Consejo de la Magistratura también recibió ajustes presupuestarios: $ 115.194 millones para gastos en personal y $ 22.000 millones para bienes de uso en el programa de Justicia de Máxima Instancia, con el objetivo de garantizar su funcionamiento normal. Más allá de las reasignaciones, Adorni y Caputo ejecutaron recortes en diversas partidas aprobadas del Presupuesto 2026, en cumplimiento de la directiva presidencial de ajustar el 2% de los gastos discrecionales para sostener el superávit comprometido con el FMI. En términos netos, la partida de la Administración Central se redujo $ 2,5 billones (1,6%). Sumado a $ 565.000 millones de ingresos superiores a los previstos, la meta de superávit fiscal sube a $ 3,2 billones anuales. El recorte más voluminoso de toda la decisión alcanzó $ 1,47 billones en la partida de “Otras Asistencias financieras - servicios económicos -”. Responde a la baja de subsidios y la suba de tarifas de servicios públicos. El programa de Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía sufrió una quita de $ 359.497 millones. En total, la sub-jurisdicción de Economía y Energía acumula recortes por $ 377.215 millones. El programa Infraestructura para el Desarrollo del Deporte perdió $ 320.671 millones. La cartera registra en total una rebaja de $ 320.711 millones en Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional. El Fondo de Compensación Salarial Docente se redujo $ 78.711 millones. El total de recortes en la Secretaría de Educación suma $ 78.768 millones. El programa de Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer recibió un recorte de $ 63.021 millones. Es una de las bajas sectoriales más sensibles del decreto. El Programa de Integración Social y Fortalecimiento de la Ciudadanía perdió $ 55.465 millones. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia acumula rebajas por ese mismo monto. La sub-jurisdicción de Innovación, Ciencia y Tecnología registró recortes por $ 19.532 millones, con impacto en programas de investigación aplicada. Las Fuerzas Armadas acumularon bajas por $40.942 millones —con la Fuerza Aérea ($ 12.622 millones) y la Armada ($11.820 millones) como las más afectadas— y las fuerzas de seguridad, $ 25.664 millones. El programa de Formación y Sanción de Leyes resignó $4.656 millones. En total, el Congreso acumula rebajas por $ 14.422 millones en el período. El área de Cultura perdió $ 607,9 millones, con caídas en programas de gestión de museos, el sistema de bibliotecas populares y el Teatro Nacional Cervantes. Las rebajas en los créditos presupuestarios se realizan en cumplimiento de los límites de la Ley N° 27.798 de Presupuesto General 2026. Gran parte de los fondos recortados se reasignan mediante compensación: el refuerzo más significativo va a la ANSES, que recibe $ 500.000 millones adicionales para deudas previsionales y retiros voluntarios.
