Javier Milei es, por naturaleza, un comunicador. Que después de 33 meses como jefe de Estado elija seguir presentándose en su cuenta oficial como un “economista” antes que como Presidente habla de esa autopercepción y de la particular manera en la que encara el poder. También ayuda a explicar por qué, en ocasiones, su obsesión con la divulgación y la conversación directa con la opinión pública entra en tensión con los planes de quienes pretenden construir su reelección sobre bases bastante más tradicionales de la política.
Porque la carrera hacia 2027 empieza a exigirle precisamente aquello que Milei intentó volver prescindible durante su ascenso: intermediarios. Y en ese tablero se reparten gobernadores, legisladores, aliados partidarios y dirigentes territoriales que pueden acompañarlo en una votación y enfrentarlo en la siguiente elección. Porque muchos de ellos hoy necesitan del Gobierno pero observan al mismo tiempo qué hace La Libertad Avanza en sus provincias y, por esa razón, dialogan sin dejar de diferenciarse.
Ahí se encuentra una de las bases de la desconfianza que atraviesa algunas mesas de negociación y también uno de los grandes interrogantes sobre los próximos movimientos de la Casa Rosada en el Congreso: cuánto puede ampliar Milei su coalición política sin modificar la lógica que lo llevó hasta el poder.
Esa autopercepción en Milei también explica parte de sus enojos con periodistas más que con medios. Ya fueron varios quienes intentaron desactivar ese frenesí de cólera que se vuelca en mensajes públicos en las redes y en intercambios bastante más extensos por privado, a veces con un tono marcadamente personal. La última semana alcanzó su exposición en la ORT.
El director de Audiovisuales de Casa Rosada, Santiago Oría, buscó darle cierta base teórica a esa conducta en uno de los documentos elaborados desde el denominado Círculo de Pensamiento Liberal que él mismo promueve. Se titula Periodismo y República en la Era Milei y fue presentado, junto con otros dos trabajos de su autoría, en la Escuela de Dirigentes de LLA en la Ciudad de Buenos Aires.
En esencia, la argumentación procura diferenciar la confrontación presidencial de una persecución ejercida desde el aparato estatal: Milei, bajo esa interpretación, no censura sino que desciende personalmente a la arena para discutir con quien considera que incurre en una falsedad. La construcción, desde luego, deja interrogantes evidentes: no alcanza para explicar el uso del insulto ni la demonización del adversario y tampoco resuelve la evidente asimetría entre un Presidente y cualquiera de aquellos con los que decide batirse discursivamente.
Pero la imagen del mandatario que baja en persona a la arena de disputa resulta útil para entender un rasgo de su ejercicio del poder: Milei todavía apuesta a que la confrontación directa tiene capacidad para ordenar la conversación. Y eso no es ajeno a una institucionalización de una lógica de poder que pretende resideñar los contornos de la sociedad global.
Giuliano Da Empoli ofrece una forma de leer ese fenómeno en La hora de los depredadores, donde profundiza algunos de los argumentos que había comenzado a desarrollar en Los ingenieros del caos. Describe un universo político atravesado por la convergencia entre nuevos liderazgos y protagonistas tecnológicos con una animosidad compartida hacia las reglas tradicionales, las estructuras tecnocráticas y las mediaciones del viejo orden.
Donald Trump, Javier Milei o Nayib Bukele aparecen, dentro de esa caracterización, como figuras especialmente adaptadas a una época en la que la transgresión puede transformarse en un instrumento de poder. En el nuevo mundo, acorde a Da Empoli, la fuerza y la ley no siempre van de la mano, una remoldea a la otra. Pero la diferencia crucial es que una cosa es conquistar el poder y otra conservarlo.
La lógica del depredador puede resultar particularmente eficaz cuando las reglas son presentadas como un obstáculo; gobernar, en cambio, obliga inevitablemente a convivir con intereses ajenos, negociar votos, aceptar tiempos institucionales y construir acuerdos con actores que no responden a la misma lógica. Y es precisamente allí donde comienza el verdadero dilema de Milei.
Cuando comunicar ya no alcanza para ganar
El Presidente construyó una parte decisiva de su irrupción política sobre una ventaja que durante mucho tiempo pareció difícil de disputar: la capacidad de dominar la conversación digital, movilizar una comunidad propia y trasladar esa intensidad a la agenda pública. Esa fortaleza no desapareció, pero empieza a ofrecer señales diferentes.
Un informe especial de Ad Hoc Digital titulado La Fatiga Digital describe la pérdida de protagonismo digital de Milei como un proceso “paulatino y persistente” y destaca la distancia entre el pico de 13 millones de menciones registrado en febrero de 2025 y el piso de 3,7 millones de junio de 2026. El trabajo ubica al escándalo de $LIBRA como punto de inflexión.
El dato importa menos por la cantidad absoluta de menciones que por la pregunta política que habilita: cuánto de aquella capacidad para dominar la conversación todavía puede transformarse en control de agenda cuando la condición de oficialismo empieza a cargar sobre el Presidente los costos de sus propias decisiones. El mismo estudio advierte que los movimientos de la imagen digital son más abruptos que los indicadores de aprobación presidencial, aunque ambas curvas terminan convergiendo hacia tendencias similares.
Hay otra señal particularmente incómoda para un espacio que construyó buena parte de su identidad sobre la diferenciación. Entre febrero de 2025 y julio de 2026, el concepto “casta” acumuló casi 5 millones de menciones, y los tres grandes picos de la serie coincidieron, según el informe, con el estallido de episodios negativos para el Gobierno. La interpretación de sus autores es que una de las palabras insignia de Milei terminó siendo apropiada por la oposición.
No alcanza con esos datos para establecer una relación causal entre la pérdida de potencia digital y cada nueva ofensiva discursiva del Presidente, y sería forzado atribuir sus ataques contra periodistas a una estrategia deliberada para revertir esas métricas. Sí permiten formular una pregunta distinta: cuánto necesita ahora Milei recuperar una capacidad de agenda que aparece más disputada justo cuando pretende volver a construir una mayoría electoral.
El problema se vuelve más complejo cuando entra en escena la gestión. Ante una evaluación negativa de la situación económica, uno de los estudios de opinión incorporados al documento muestra que el 49,2% adjudicó la responsabilidad principal a decisiones recientes de Milei, frente a un 38,8% que señaló a la administración anterior.
Lo cruza con otro relevamiento incluido en el trabajo, elaborado por Pulsar, que ubica en 42% a quienes dicen no simpatizar con ningún espacio político en 2026, mientras La Libertad Avanza aparece con 18%. La merma con respecto a diciembre de 2023 es notable.
Ninguna de esas cifras puede trasladarse mecánicamente a una intención de voto ni permite anticipar por sí sola el resultado de 2027. El propio informe las utiliza para construir una conclusión bastante más prudente: con el paso del tiempo aumenta la demanda de resultados y se vuelve más difícil descargar el costo de los problemas en la herencia recibida.
Allí aparece lo que los autores denominan la necesidad de refundar un “doble contrato electoral”: el discurso anticasta y la expectativa de una mejora económica, dos pilares cuya evolución ya no depende exclusivamente de la capacidad presidencial para dominar la conversación.
Emerge entonces una paradoja. Cuanto menos suficiente resulta la comunicación para ordenar por sí sola la realidad política, más importantes se vuelven aquellas herramientas de la política intermediada que Milei siempre miró con sospecha. Y 2027 empieza bastante antes que su calendario.
Durante la última semana, LLA consiguió en Diputados los votos provenientes de Tucumán, Catamarca, Neuquén, Misiones, Salta, San Juan, Córdoba, Jujuy, Santa Fe, Chubut, Mendoza y Río Negro para sacar adelante iniciativas importantes de su agenda, como el Súper RIGI y la reforma del Banco Central. El respaldo muestra capacidad para construir mayorías parlamentarias, pero no asegura que esa misma geometría pueda reproducirse automáticamente en el Senado ni, mucho menos, trasladarse luego a una sociedad electoral.
Cada provincia conserva aún sus intereses particulares y algunas reclaman debatir antes en el recinto de la Cámara alta algunos proyectos capaces de impactar directamente sobre sus economías, desde biocombustibles hasta los denominados bonos verdes.
A favor del Gobierno, ni siquiera esas demandas conforman todavía una agenda homogénea: en el debate por la compensación de carbono, por ejemplo, aparecen diferencias entre las iniciativas que impulsan Misiones y Salta en la Cámara alta, las mismas provincias que debutaron con un nuevo bloque federal en la última sesión de Diputados.
Negociar arriba, competir abajo
La negociación parlamentaria y la competencia territorial empiezan así a avanzar por carriles paralelos, y Tucumán ofrece probablemente la postal más acabada de esa contradicción. Apenas 48 horas después de que los diputados del bloque Independencia se alinearan con el oficialismo en el Congreso, el titular provincial de LLA, Lisandro Catalán, reunió a unas 900 personas en el Hotel Catalinas Park para presentar su propia “Ley Bases” local y desafiar abiertamente al gobernador Osvaldo Jaldo.
“No voy a ser candidato a gobernador, voy a ser el gobernador de la provincia de Tucumán”, lanzó. La escena explica por qué un mandatario provincial puede votar con la Casa Rosada sin interpretar ese acompañamiento como el primer paso hacia una asociación electoral automática: Nación necesita los votos de dirigentes en cuyos territorios La Libertad Avanza amaga una alternativa para desplazarlos.
Gobernabilidad y alineamiento electoral no son equivalentes. Negociar arriba y competir abajo puede ser una fórmula funcional mientras los intereses coinciden, pero también constituye una fuente permanente de desconfianza.
Una tensión parecida atraviesa la nueva dinámica de la mesa entre el PRO y LLA, donde existe una distancia visible entre el relato optimista que circula alrededor de las conversaciones —con posibilidades de acuerdos en hasta 17 distritos y también a nivel nacional— y las lecturas bastante más cautelosas que algunos de sus protagonistas deslizan después por privado. Una de las razones son los movimientos de Karina Milei y de su mano derecha porteña, Pilar Ramírez, con apariciones cada vez más frecuentes en distintos puntos de la Ciudad mientras en otra mesa se habla de posibles entendimientos.
Desde el PRO porteño procuran bajarles el precio. “Ni garrote ni zanahoria. ¿Cuál es el desafío, que vayan a visitar una mueblería?”, ironizan cuando se les pregunta por ese juego ambiguo de pisar territorio o cuestionar la gestión de Jorge Macri mientras se negocian acuerdos nacionales. Prefieren destacar las leyes que consiguen con acompañamiento libertario, como el traspaso de la Justicia laboral a CABA, y las conversaciones con Nación para cobrar mediante bonos la deuda pendiente por Coparticipación.
El dato menos cómodo es que el propio Diego Santilli se sumó a una de las últimas incursiones territoriales mientras su nombre aparece mencionado como una eventual opción porteña, posibilidad que rechazan desde su entorno.
Incluso allí existe una lectura alternativa dentro del mundo amarillo: entre sectores descontentos con la ausencia de un rumbo partidario nítido sobreviven expectativas de un eventual resurgimiento del PRO si el jefe de Gabinete logra conquistar políticamente la provincia de Buenos Aires, y algunos hasta mantienen la esperanza de que Patricia Bullrich pueda alguna vez reencontrarse con el espacio que abandonó.
Son hipótesis, deseos y movimientos todavía abiertos, no una hoja de ruta acordada, pero todos confluyen sobre la misma dificultad: determinar dónde termina la construcción de gobernabilidad y dónde comienza la preparación de la próxima batalla electoral.
