El avance sobre Edesur reavivó el temor de diplomáticos y empresarios por la inseguridad jurídica en Argentina

La idea del Gobierno de avanzar con una eventual intervención en Edesur desató las alarmas en la diplomacia y el empresariado extranjero: el botón rojo de inseguridad jurídica y falta de previsibilidad en la Argentina volvió a resonar en varios despachos embajadores y oficinas de altos empresarios.

Desde hace tiempo que los llamados de alerta del mundo de los negocios observa al gobierno de Alberto Fernández con preocupación y desconfianza. La estrategia política del Presidente de restringir importaciones, avanzar con el juicio a la Corte Suprema, amenazar a empresas con intervención estatal, controlar el tipo de cambio, fijar retenciones a las exportaciones y cambiar en forma permanente las reglas de juego de la economía no hacen más que frenar las inversiones extranjeras en la Argentina.

Embajadora de Reino Unido alerta por la inseguridad jurídica: "Para los inversores, no es fácil la Argentina"

Primer test de Alberto Fernández: pérdidas y ganancias en la Mesa Nacional del FdT 

Un dato concreto a nivel global: en el índice de fortaleza de los derechos legales que ofrece anualmente el Banco Mundial -donde el mejor ubicado logra calificación de 12 y el peor de 0-, la Argentina obtuvo en la última medición apenas dos puntos. Eso indica la debilidad legal y falta de confianza en la economía argentina.

Los niveles de inversión directa extranjera cayeron significativamente en los últimos años en la Argentina. Mientras que hace 10 años estaba en el tercer puesto de América latina en cuanto a inversión extranjera, ahora se ubica en el sexto lugar después de países como Colombia, Brasil, México, Perú, Uruguay y Chile. Nada es casual.

En los últimos días Alberto Fernández amenazó con intervenir y expropiar a Edesur por los cortes de luz. Antes fue el amague de intervención en Vicentin.

ITALIA EN ALERTA

El Gobierno aseguró después que no quiere la expropiación de la distribuidora de energía eléctrica. Pero amenaza con rescindir el contrato de concesión del servicio público, ante los reiterados y prolongados cortes de luz, mandará más veedores a la empresa y pondrá sanciones millonarias.

El nuevo escenario despertó alarmas en el empresariado y la diplomacia de Italia. Es que la italiana ENEL que tiene el manejo de Edesur y que ya anunció que quiere irse de la Argentina, ya colmó la paciencia.

Según reveló El Cronista esta semana, Francesco Starace, CEO de la italiana ENEL, grupo controlante de la distribuidora, dijo este año en un seminario en Harvard que la Argentina tenía la regulación "más bizarra del mundo". 

A ello se agregan las gestiones de la diplomacia italiana que ven en la movida del Gobierno una clara intención para bajarle el precio a la venta de Edesur y temen por una intervención agresiva del Estado argentino. Incluso algunos funcionarios de Italia recomiendan llevar al plano judicial los reclamos de ENEL ante la embestida del Gobierno

En paralelo a esto, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, no descartó la expropiación de la distribuidora eléctrica Edesur. "El Gobierno analiza todas las variables siempre que legalmente existen y son posibles para cuidar lo que tiene que cuidar, que son los usuarios, los ciudadanos argentinos", dijo. Más nafta al fuego.

Cerruti fue consultada sobre la responsabilidad del Poder Ejecutivo en los inconvenientes que sufren los usuarios de la red eléctrica por la política tarifaria, los subsidios y la imposibilidad de las compañías de girar dividendos a sus casas matrices. "No hay ninguna crisis energética en la Argentina. Si intervenimos Edesur es porque creemos que el problema es de esa empresa", contestó tajante.

En Italia no creen lo mismo. Tanto la empresa ENEL como en la diplomacia italiana están convencidos de que el Gobierno argentino sólo pone frenos al desarrollo empresario con el congelamiento de tarifas y un esquema restrictivo de giro de dividendos.

DIFICULTADES REITERADAS

No se trata de la única opinión extranjera en cuanto a inseguridad jurídica y falta de previsibilidad en la Argentina en materia de desarrollo del sector privado.

La embajadora de Gran Bretaña en Buenos Aires, Kirsty Hayes alertó ante El Cronista que "para los inversores no siempre es fácil la Argentina". Y enumeró los problemas que enfrentan los empresarios extranjeros: "Lo que las empresas necesitan es previsibilidad y es muy importante que Argentina muestre eso", dijo.

A esta voz se le pueden agregar otras de embajadores de la Unión Europea y Asia que en reserva comentaron a El Cronista en los últimos días que "la Argentina carece de seguridad jurídica" y alertaron sobre los problemas que ello acarrea en términos de inversiones.

En diciembre pasado el ex embajador de Japón, Takahiro Nakamae se despidió de la Argentina con una lista de reclamos. Entre ellos, la necesidad de dar mayor previsibilidad a las empresas, respetar las reglas de juego y cumplir con los acuerdos sellados por la Argentina. El resultado, en el caso de Japón, es visible: más de 30 empresas japonesas abandonaron el país en los últimos dos años.

Marcelo Elizondo, especialista en temas de comercio internacional destacó a El Cronista que "la Argentina es un país con serias dificultades institucionales. Los derechos subjetivos -derecho de propiedad, contratos, gabardinas individuales, principio de legalidad como único recurso de solución de controversias- no tienen plena vigencia. La política diaria prevalece sobre las instituciones. Y eso afecta decisiones de inversión y producción".

A la vez, Elizondo destacó que "la economía empobrecida es efecto de varios factores. Uno de ellos es la flaqueza legal, institucional y regulativa".

La lectura de inseguridad jurídica que destila el Gobierno es transversal. El presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y exembajador argentino en Estados Unidos y Chile, José Octavio Bordón, remarcó a este medio una impresión tajante: "Cuando la inestabilidad macroeconómica, los cambios de reglas permanentes y la discrecionalidad en las decisiones, oscurecen el clima de negocios, es muy difícil invertir a riesgo y largo plazo, crecer, distribuir y garantizar el cumplimiento de las obligaciones".

De esta manera, Bordón remarcó con énfasis que todo ello "debilita la Nación para defender con justicia los intereses del país, de los consumidores y de los inversores. Sobre los casos específicos debemos analizar cada uno de ellos para conocer las responsabilidades de las partes y eventualmente sancionar con firmeza a quien corresponda en el marco de la ley", dijo.

mirada de ee.uu

Felipe Frydman es economista, exembajador argentino y consultor del CARI. No dudó un segundo en sostener que "nada sorprende la reacción de los inversores ante las decisiones del Gobierno. Los países receptores deben brindar estabilidad de las reglas y confianza en las instituciones. Esto ha sido la experiencia de los países que han crecido en las últimas décadas. Hay que recordar que los países del sur necesitan del capital extranjero para su desarrollo".

La ausencia de normas estables, cambios permanentes en reglas de juego y amenazas de intervención estatal a las empresas no hacen más que ahuyentar a los inversores extranjeros. 

Algo de esto conoce Luis Savino, presidente de la Fundación de Estudios Americanos y hombre de mucha llegada a los centros de poder de Washington. "Lo que lleva a la inseguridad jurídica en Argentina es provocado por el cambio de las reglas de juego. Eso es lo que genera inseguridad donde ya no hay previsibilidad. Lo que traba el desenvolvimiento natural de las empresas en la Argentina. La inseguridad se genera por diferentes factores que genera el gobierno", dijo en diálogo con El Cronista.

Desde la mirada de las empresas norteamericanas que invierten en la Argentina, fuentes vinculadas a CEOs de firmas de Estados Unidos aseguraron que hay "una gran preocupación por la urgencia en la necesidad de establecer políticas de Estado, a través de medidas a largo plazo que generen previsibilidad, en donde haya reglas claras y fundamentalmente seguridad jurídica, lo que además permite a las empresas operar de forma segura, invertir y generar nuevas fuentes de trabajo en un país que tanto potencial de crecimiento tiene".

Además, no son pocos los empresarios norteamericanos que advierten "ciertas medidas o acciones que dificultan el escenario económico del país y que afectan directamente en la construcción de confianza entre el sector público y el privado".

Entre los escollos que percibe este sector inversor, ven que "las intervenciones en el funcionamiento de las empresas, las limitaciones para el acceso al mercado único de cambio, la decisión de iniciar un proceso de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema sin razones justificadas y no enmarcadas en los requisitos establecidos por nuestra constitución; innegablemente generan incertidumbre en la identificación de los escenarios futuros para el sector privado, plantean limitaciones concretas en su capacidad para producir y promover inversiones, y por consiguiente afectan negativamente el cumplimiento de sus objetivos de negocios y el desarrollo nacional".

El pasado 23 de enero, el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla presentó un devastador informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, alegando las conocidas razones expuestas por el gobierno acerca del lawfare y de la supuesta arbitrariedad de la Justicia argentina. 

Este hecho insólito como la decisión del Gobierno de avanzar contra la Corte Suprema fue transmitido por los representantes permanentes acreditados en Ginebra a sus respectivos gobiernos

En general esos embajadores gozan de la confianza de sus correspondientes jefes de Estado y cancilleres y por cierto, sus informes tienen un gran predicamento en sus gobiernos. La mirada de Pietragalla despertó alarma en varios países centrales respecto de la Argentina. Los gestos del Gobierno no ayudan en nada para sumar inversores y llevar tranquilidad a las empresas.

Crece la canasta básica: los números de pobreza que generan preocupación y prenden las alertas

La Cámpora le mete presión a Alberto Fernández: por qué sería un inconveniente que se presente como candidato

Algo de esto revela Juan Pablo Laporte, consultor del CARI y compilador del Manual de la política exterior de Argentina, al sostener que "es imprescindible que la Argentina pueda construir un núcleo central de política públicas de consenso para el desarrollo en este esquema de poder que se consolidada en dos grandes coaliciones políticas".

Y especifica: "Esto es, que se haga público y se traduzcan en políticas de estado respaldadas por el Congreso, los pilares del desarrollo inclusivo: una estabilidad republicano-institucional, un ordenamiento fiscal para un estado inteligente, una inserción internacional realista ubicada en nuestro espacio geopolítico de América Latina dentro de Occidente, un sistema fiscal y distributivo progresivo y una potenciación del valor agregado de la industria y las exportaciones. Cualquier política propuesta por los extremos del arco político tienen el germen de su propia destrucción", dijo.