Nuevas restricciones

Antes de ver a Alberto, Larreta fue a la Justicia para reclamar que sigan las clases presenciales

El Gobierno porteño interpuso una acción judicial ante la Corte Suprema de Justicia para que se declare inconstitucional el DNU del Poder Ejecutivo que dispone la suspensión de las clases presenciales.

Horacio Rodríguez Larreta interpuso esta mañana una acción judicial ante la Corte Suprema de Justicia para que se declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 241 del Poder Ejecutivo, que dispone la suspensión de las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades desde el 19 de abril hasta el 30 de abril inclusive. 

En la previa a la reunión que Larreta le había solicitado al presidente Alberto Fernández para hablar sobre la suspensión de las clases presenciales, se presentó la cautelar contra el artículo 2 del decreto e incluye a toda otra disposición o reglamentación dictada en su consecuencia. 

"El aula más peligrosa de todas es la que está cerrada" y otras seis frases de la conferencia de Larreta

La Ciudad pide que se le ordene al Estado Nacional que "se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el Decreto cuestionado".

El Gobierno porteño sostiene que el decreto viola la autonomía de la Ciudad e implica una virtual intervención federal porque se arroga potestades sobre competencias eminentemente locales, en salud y educación.

Asimismo, se plantea que "no es razonable" porque la suspensión de las clases presenciales dispuesta no se encuentra justificada en datos empíricos, y resulta arbitraria porque obedece exclusivamente a la voluntad de quien detenta el Poder Ejecutivo Nacional. Por el contrario, recalcan que "está científicamente demostrado, en el ámbito internacional y local, que el grado de contagio en establecimientos escolares es mínimo".

Asimismo, plantearon que constituye una clara violación al principio de igualdad porque se evidencia una discriminación arbitraria con relación a las restantes provincias, que pueden decidir respecto de la continuidad o suspensión del ciclo lectivo 2021.

Kicillof, contra Larreta y a favor de las medidas

El planteo pone énfasis, además, en que la normativa cuestionada vulnera tratados internacionales de jerarquía constitucional (Convención sobre los Derechos del Niño, art. 75, inc. 22 CN), que consagra el derecho del niño a la educación, como un derecho progresivo que debe ejercerse en condiciones de igualdad. En su inciso d sostiene que los Estados Parte deberán: "Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar".

Y en ese sentido debe garantizarse la efectividad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que concurren a las escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la educación y a la salud, amparados por las normas constitucionales y convencionales.

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