Mientras el Gobierno avanza con la apertura comercial y busca cómo dinamizar la Aduana sin volver a mecanismos de control de gestiones anteriores, el sector privado reclama mayor fiscalización en las fronteras y diseña propuestas para combatir el crecimiento del contrabando.
El ingreso de mercadería de forma ilegal dejó de ser, para el sector privado, un problema limitado a los pasos fronterizos: el fenómeno “se está ampliando en rubros y en desplazamiento territorial”, advirtió Fabián Hryniewicz, director de la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de CAME.
En diálogo con El Cronista, Hryniewicz aseguró que el contrabando escaló al punto que se comercializan alimentos y productos perecederos sin ningún control sobre la cadena de frío.
Ante la amenaza para el comercio y los riesgos para la población, la Comisión que lidera presentó propuestas ante el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez y a las carteras de Economía y Seguridad para reforzar los controles sobre la comercialización de mercadería ilegal.
Según explicó Hryniewicz, ya no se trata únicamente de electrónica, indumentaria o cigarrillos que ingresan por pasos ilegales. La mercadería comienza a aparecer en localidades cada vez más alejadas de las fronteras, donde termina compitiendo con comercios formales que pagan impuestos, cumplen normas de seguridad y sostienen empleo registrado.
Con ese diagnóstico, CAME comenzó a elaborar una agenda propia para enfrentar el fenómeno. En las últimas semanas presentó documentos ante las autoridades, en los que propone reforzar la fiscalización, mejorar la trazabilidad de las mercaderías y avanzar hacia un esquema específico para ordenar la actividad comercial en las ciudades de frontera.
Del control en la frontera al control de la cadena comercial
Uno de los principales cambios que propone CAME consiste en ampliar el foco de los controles. El combate al contrabando no puede limitarse al ingreso de la mercadería al país, sino que debe alcanzar también los canales de comercialización.
En la presentación enviada a ARCA, la Comisión solicita intensificar inspecciones sobre locales, depósitos y centros de distribución, verificar documentación tributaria y reforzar la trazabilidad de los productos.
Entre otras medidas, propone cruzar inventarios físicos con compras declaradas en IVA, controlar la consistencia entre el volumen comercializado y la estructura formal de cada empresa y verificar la situación tributaria de quienes operan en rubros considerados de riesgo.
Para los productos electrónicos, además, plantea utilizar herramientas de identificación como números de serie e IMEI para contrastarlos con los despachos de importación y detectar mercadería sin respaldo documental.
El documento también propone coordinar los controles tributarios con la legislación de Lealtad Comercial para actuar frente a mercadería sin documentación de origen, sin certificaciones o con problemas de etiquetado y trazabilidad.
Un fenómeno que cambia de mapa
La documentación sostiene que el transporte de mercadería ilegal opera mediante una red de corredores logísticos que conectan las fronteras con Paraguay, Bolivia y Brasil con los principales centros de consumo del país.
El informe identifica especialmente al Corredor del Litoral y la Hidrovía, que vincula la Triple Frontera y los límites fluviales con Paraguay y Brasil, como uno de los principales circuitos para el desplazamiento de mercadería ilegal antes de su distribución hacia el interior.
Entre las principales trazas aparecen las rutas nacionales 11, 12 y 14, asociadas al corredor de la Hidrovía y el Litoral, además de las rutas 34, 50 y 9, que conectan el NOA con el resto del país. Según el documento, estos corredores permiten el traslado de distintos tipos de mercadería —como electrónica, textiles, neumáticos, cigarrillos y otros bienes de consumo— hacia mercados como Buenos Aires, Rosario y Córdoba, donde finalmente ingresan a los circuitos de comercialización.
Para Hryniewicz, esta evolución obliga a replantear la estrategia de control. “La mercadería ya no queda en la frontera. Se distribuye por todo el territorio nacional y termina apareciendo en centros comerciales, ferias, galerías y grandes superficies”, resumió.
En esa línea, CAME sostiene que el comercio ilegal dejó de ser únicamente un problema económico para transformarse también en un desafío institucional que requiere mayor coordinación entre organismos nacionales, provinciales y municipales.
En otro de los documentos elevados a las autoridades, la Comisión plantea que la expansión territorial del fenómeno exige respuestas integrales que combinen inteligencia, fiscalización y cooperación entre los distintos niveles del Estado.
La propuesta para las ciudades de frontera
Además de reforzar la fiscalización, el sector privado insiste en avanzar con un régimen de Comercio Vecinal de Frontera, inspirado en el sistema brasileño de tiendas francas.
La iniciativa busca ofrecer un canal legal para parte del intercambio comercial que hoy se desarrolla de manera informal, especialmente en ciudades donde las diferencias de precios y los altos costos logísticos dificultan la competitividad del comercio formal.
La propuesta no reemplazaría los controles aduaneros, sino que buscaría ordenar una actividad económica que, según los empresarios, hoy opera en gran medida fuera de los circuitos legales.
Agenda más amplia
Además, la Comisión comenzó a elaborar un proyecto de ley para establecer un marco regulatorio para las plataformas de inteligencia artificial y otras nuevas tecnologías, con eje en el control humano de estos sistemas y la protección de los datos personales.
La intención es ampliar el trabajo de la Comisión hacia nuevas formas de ilegalidad vinculadas con la economía digital y el comercio.
