Mientras enfrenta una nueva etapa de deterioro la industria advierte por el incremento del contrabando y la competencia contra productos importados que se comercializan a “precios artificialmente bajos”, sin trazabilidad, sin certificaciones o fuera de los circuitos formales.
El fenómeno volvió a poner en el centro de la discusión el funcionamiento de la Dirección General de Aduana, que atraviesa un momento de debilidad; tras presentar la renuncia y tomar licencia, su titular, José Andrés Velis, retomó su actividad en las últimas horas.
El informe de Indicadores Industriales y Expectativas de la Unión Industrial Argentina (UIA), elaborado sobre la base de una encuesta a 628 empresas, mostró que el 59,9% considera que la competencia desleal tiene un impacto alto o muy alto sobre su actividad. La proporción aumentó 5 puntos porcentuales en un año.
El dato se conoce en un contexto de contracción industrial. En julio, el Monitor de Desempeño Industrial (MDI) se ubicó en 40,4 puntos, con una caída de 3,1 puntos frente al relevamiento anterior y de 4,7 puntos interanuales. Además, el 49,7% de las empresas registró una baja en sus ventas internas y el 42,9% redujo su producción.
La situación fue aún más crítica entre las micro y pequeñas empresas, donde las caídas alcanzaron al 54,8% de las ventas y al 47,8% de la producción. Con la demanda debilitada, la llegada de mercadería a precios artificialmente bajos suma presión sobre las compañías formales.
Presión sobre ventas y rentabilidad
La principal consecuencia de la competencia desleal fue la reducción de las ventas, con el 48,4% de las respuestas. También aparecieron la presión para reducir precios (15,2%), la disminución de la rentabilidad (13,3%) y la pérdida de participación de mercado (10,9%).
La situación más frecuente identificada por las empresas fue la comercialización de productos externos a precios artificialmente bajos, mencionada por el 50,7%. También fueron señaladas la falta de certificaciones (15,3%), la ausencia de trazabilidad (13,8%) y la venta sin factura u otras formas de informalidad (13,2%).
El impacto fue particularmente fuerte en metales comunes, donde el 88,2% lo consideró alto o muy alto. En productos textiles alcanzó el 84,6% y en confecciones, cuero y calzado, el 76,2%.
Frente a este escenario, el 33,2% de las empresas reclamó fortalecer los controles aduaneros. Le siguieron la fiscalización de la facturación y la informalidad comercial (19,1%) y una mayor supervisión del comercio electrónico (15,1%).
Reclamo compartido
La advertencia empresarial fue respaldada por el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA), que alertó sobre el crecimiento del contrabando y su impacto en la industria nacional, el comercio formal y la recaudación.
El gremio, conducido por Daniel Mallotti, coincidió con la preocupación que lanzó días atrás de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y reclamó reforzar los controles fronterizos.
“Hoy la Aduana dispone cada vez de menos recursos y de la infraestructura necesaria para fortalecer los controles”, señaló SUPARA, que atribuyó el deterioro a políticas de “debilitamiento, desinversión y desregulación”.
El sindicato también cuestionó al Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger. Para Mallotti, la caída de los salarios y los ajustes presupuestarios dificultan la incorporación de tecnología, la retención de personal técnico y la conservación de recursos humanos especializados. “Esto genera que hoy la Aduana se vea debilitada y facilita distintas prácticas delictivas, como el contrabando”, advirtió.
Un caso concreto
Fabián Hryniewicz, titular de la Cámara de Pymes de Formosa (CAPYMEF), describió un escenario en el que el contrabando ya no se limita a la electrónica, la ropa o el calzado, sino que escaló a otro nivel: alimentos frescos.
“La realidad es que muchos comerciantes se ven obligados a traer mercadería de Asunción porque, si no lo hacen, no venden y tienen que cerrar”, explicó.
Según el dirigente, la distancia respecto de los centros de producción nacionales encarece el abastecimiento formal; sólo el flete desde Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe puede representar entre el 12% y el 14% del total facturado.
Hryniewicz relató que muchos locales tradicionales del centro de Formosa cerraron o se trasladaron a zonas periféricas, donde los costos son menores y los controles más escasos. En esos espacios, señaló, comenzaron a instalarse comercios que se presentan como mayoristas, pero venden ropa y calzado ingresados desde Ciudad del Este, Brasil o Bolivia.
“Uno encuentra jeans a 35.000 o 40.000 pesos y remeras a 7000 u 8000 pesos. Es mercadería que reemplaza a quienes tienen un negocio en condiciones, pagan impuestos y traen productos de primera calidad”, sostuvo.
El empresario también cuestionó la informalidad tributaria y mencionó locales de 400 o 500 metros cuadrados cuyos titulares figuran como monotributistas de las categorías más bajas. “Además de traer contrabando, ni siquiera tributan. Esa es la pelea que tenemos nosotros”, afirmó.
Riesgo sanitario
La advertencia suma un componente sanitario al problema. Según Hryniewicz, en Formosa y Clorinda no sólo ingresa yerba o cigarrillos de contrabando sino también huevos, yogur y carne porcina faenada, productos que requieren controles sanitarios, trazabilidad y cadena de frío.
Aun así, cerveza y cigarrillos se encuentran entre los productos más afectados. Como ejemplo de las dificultades para controlar los trayectos, recordó el caso de un camión con acoplado cargado de cigarrillos que habría recorrido unos 3500 kilómetros hasta ser detectado.
“¿Cómo es posible que en todo ese periplo nadie lo haya parado?”, planteó, al señalar que en las provincias del norte existen controles cada 40 o 50 kilómetros.
El titular de CAPYMEF reclamó una mayor coordinación entre los organismos de control y cuestionó las limitaciones con las que trabaja cada fuerza. Según el dirigente empresario, “a la Aduana le han quitado casi toda potestad, se ha convertido en un organismo meramente administrativo, mientras que Gendarmería trabaja sobrecargada , no siquiera tienen depósitos para mercadería secuestrada”, señaló.
Hryniewicz contó que le presentó a Luis Caputo, ministro de Economía, una nota para pedir que se activen verificaciones de la situación comercial y tributaria en locales ubicados en zonas periféricas o puntos donde, según los empresarios, los controles prácticamente no llegan.
También recordó que el sector impulsa un proyecto de Ley de Comercio Vecinal de Frontera, basado en el régimen de tiendas francas de Brasil que llegó a Diputados pero aun esperan respuesta.
Aduana debilitada
Las alertas se conocen mientras la Aduana atraviesa una situación de indefinición. Velis retomó sus funciones tras permanecer alrededor de tres semanas de licencia y, según pudo saber este medio, continúa trabajando pese a haber presentado la renuncia.
En defensa de su gremio, un dirigente sostuvo que la Aduana suele concentrar las críticas ante cualquier irregularidad detectada en una frontera, aun cuando participan numerosos organismos y fuerzas de seguridad. “Nos llevamos todos los castañazos, pero hay más de 10 gremios en puerto, aeropuerto y frontera”, indicó.
La falta de una definición sobre la conducción se suma a problemas estructurales: una dotación cercana a 5.700 agentes, alrededor de 1000 retiros voluntarios o jubilaciones, ingresos restringidos y dificultades para cubrir los distintos puntos de control.
También se denuncia la falta de vehículos, lanchas, escáneres y equipamiento informático. En Mendoza, una fuente del sector señaló que deben controlarse unos 500 camiones diarios con una dotación reducida y equipos que funcionan de manera deficiente.
En paralelo, industriales consultados describieron situaciones que alimentan la percepción de discrecionalidad. Un empresario relató que algunos funcionarios comparan el precio declarado de una mercadería con valores publicados en plataformas como Alibaba, aunque se trate de productos o condiciones comerciales diferentes, y en busca de alguna “compensación” advierten con derivar el trámite a valoración aduanera.
En el sector describen esas situaciones como posibles “avivadas”, porque pueden generar demoras, presión sobre los operadores y “extra costos” informales. Si bien no se trata de una práctica generalizada, tanto empresarios como agentes apuntan a la precarización del trabajo.
Mientras los industriales piden controles más firmes para evitar que la competencia desleal siga erosionando sus ventas y rentabilidad, la Mesa contra el Contrabando -que controla la cartera de Seguridad-intenta profundizar las acciones pero los trabajadores aduaneros advierten que no es posible fortalecer la frontera sin personal, tecnología y una conducción estable.
