La reforma de la Ley de Tierras que impulsa el Gobierno nacional sumó un nuevo foco de resistencia. La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, junto a dirigentes de ese espacio y referentes de la asociación civil Voces por la Cultura, la Paz y la Justicia, difundieron un duro documento en el que rechazan el proyecto oficial por considerar que habilita una mayor extranjerización de tierras y pone en riesgo la soberanía sobre recursos estratégicos.
El pronunciamiento llega mientras el Senado se apresta a tratar el próximo jueves una reforma a la Ley de Propiedad Privada, que incluye modificaciones al régimen de propiedad de tierras rurales. La iniciativa oficial busca flexibilizar las restricciones impuestas por la Ley 26.737, sancionada en 2011, que fijó límites a la adquisición de tierras por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.
Esa norma estableció, entre otros puntos, que los extranjeros no pueden superar el 15% de la titularidad de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal, además de imponer restricciones sobre predios ubicados en zonas de frontera o que contengan cuerpos de agua permanentes o de importancia.
El Gobierno considera que esas limitaciones desincentivan las inversiones y busca avanzar hacia un esquema más flexible. Sin embargo, para Carrió y los firmantes del documento, la reforma implica un cambio de paradigma con consecuencias geopolíticas.
Bajo el título “Los argentinos perdemos la tierra, perdemos el agua, perdemos la dignidad”, el texto sostiene que la iniciativa oficial “constituye una entrega de poder sobre el territorio argentino” porque elimina “límites sustanciales a la adquisición de tierras por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras” y traslada al Poder Ejecutivo y a los gobernadores decisiones estratégicas sobre compras realizadas por Estados extranjeros.
Según el documento, ese cambio “compromete la soberanía nacional, el control sobre el agua, los recursos naturales y las zonas estratégicas del país”.
Los firmantes endurecen aún más el tono al advertir que “quienes acompañen esta reforma incurren en una conducta que el artículo 29 de la Constitución Nacional califica como traición a la patria”, una afirmación que busca elevar el debate político y constitucional alrededor de la iniciativa.
El documento también enmarca la modificación de la Ley de Tierras dentro de una estrategia más amplia del Gobierno. Allí afirma que el presidente Javier Milei pretende convertir a la Argentina en un “territorio de ensayo para grandes empresas tecnológicas y poderes privados globales que buscan sustituir reglas públicas por reglas privadas”.
Según esa interpretación, “la libertad deja de ser una garantía de los ciudadanos frente al poder y pasa a convertirse en privilegio de quienes concentran datos, infraestructura, financiamiento y territorio”.
Además, los referentes de Voces por la Cultura, la Paz y la Justicia sostienen que la reforma debe analizarse junto con otras medidas de desregulación impulsadas por el Ejecutivo. En ese sentido, aseguran que existe un proceso de debilitamiento de la capacidad regulatoria del Estado mediante la flexibilización de controles societarios, la posibilidad de recurrir a jurisdicciones extranjeras y la incorporación de nuevas figuras societarias automatizadas.
No obstante, el texto aclara que la crítica no implica una defensa de un Estado con exceso de regulaciones. “Los argentinos conocemos los costos de la mala regulación: burocracia inútil, privilegios, discrecionalidad, corrupción y captura del Estado”, señala el documento. Pero agrega que también “el poder privado puede concentrarse, capturar decisiones públicas e imponer reglas de hecho sin control democrático”.
El pronunciamiento fue firmado por Carrió junto a dirigentes de la Coalición Cívica como Facundo Del Gaiso, Lucila Lehmann, Maricel Etchecoin Moro, Hernán Reyes, María Pace, Juan José Calandri y otros referentes, además de decenas de integrantes de la asociación civil.
