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El Poder Ejecutivo, encabezado por Javier Milei, derogó normas que establecían jornadas obligatorias sobre violencia de género y educación vial en todas las escuelas del país.
Se trata de una medida que ya genera debate en el sistema educativo. ¿El motivo? El Gobierno nacional eliminó jornadas escolares obligatorias vinculadas a la violencia de género y la educación vial, dos ejes que hasta ahora formaban parte de la currícula nacional.
Esta medida del Ejecutivo fue instrumentada mediante el Decreto 436/2025, publicado a mediados de junio en el Boletín Oficial, que deroga artículos centrales de las leyes 27.234 y 27.214.
La norma, firmada por el presidente Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, busca reducir funciones estatales consideradas "superpuestas" y evitar el "sobredimensionamiento de la estructura pública".
Qué materias fueron eliminadas de las escuelas
Con este decreto, se elimina el artículo 3° de la Ley 27.234, que establecía la jornada anual "Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género" en todas las escuelas del país.
Según la administración del Presidente, esa función no le corresponde al Gobierno nacional, sino a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de la Ley 24.049.
También se derogaron los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214, relacionados con la creación del Observatorio de Educación Vial, que nunca llegó a funcionar. El Gobierno argumentó que su existencia implicaba una duplicación innecesaria con el Consejo Federal de Seguridad Vial.
Qué fundamenta el Gobierno y qué pasará ahora
La Casa Rosada justificó la decisión en la necesidad de "mejorar la eficiencia administrativa y reducir el gasto público". Según el texto oficial, las funciones eliminadas generaban estructuras paralelas que consumían recursos sin ofrecer resultados concretos.
Además, se remarcó que la eliminación de estas materias no implica el abandono de los temas, sino su eventual tratamiento dentro de los marcos provinciales, según cada jurisdicción.
La medida fue comunicada a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, en cumplimiento de la Ley 26.122 que regula el control legislativo de los decretos del Poder Ejecutivo.
Esta medida se suma a la revisión iniciada en enero sobre los contenidos de Educación Sexual Integral (ESI), que será evaluada por el Ministerio de Capital Humano para garantizar su adecuación a la nueva normativa educativa. El foco, según el Gobierno, estará en evitar duplicaciones y respetar competencias locales.
