La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, convocó una reunión con la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para intentar destrabar el nudo más conflictivo de la Ley de Propiedad Privada.
Diversas fuentes del oficialismo aseguraron a El Cronista que fue iniciativa de Bullrich y el encuentro se concretará este jueves. El objetivo del cónclave es acercar posiciones sobre el artículo 25 del proyecto, el que regula la venta de tierras a extranjeros y que ya lleva cuatro postergaciones en el recinto. Para eso también asistirán miembros del equipo del Senado.
“Se reunirían para ver el artículo 25 que es donde está el quilombo. De las 15 versiones (del proyecto), todas fueron en ese artículo. No es que haya cambiado el proyecto en general. Solo ese punto”, ratificaron fuentes al tanto de la negociación parlamentaria en diálogo con El Cronista.
“Hay un debate con Sturzenegger”, reconocieron otros voceros del sector consultados por este medio la semana pasada, luego de que se hubiera caído nuevamente el intento de aprobarlo en el Senado. Fuentes del bloque oficialista además reconocieron no ven margen para un punto medio en la negociación, ya que el ala de Sturzenegger está reacia a aceptar los cambios que piden los aliados.
La Ley de Tierras, sancionada en 2011 bajo el número 26.737, prohíbe que personas físicas o empresas extranjeras posean más del 15% del total de los campos del país, a nivel nacional, provincial y municipal. Esa restricción funciona además en espejo entre jurisdicciones: si una provincia ya alcanzó ese techo por inversiones previas, la ventanilla de compra queda cerrada de manera automática para cualquier otro comprador foráneo.
La norma vigente suma dos limitaciones adicionales, un máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo pampeana, y la prohibición total de adquirir tierras con cuerpos de agua permanentes o ubicadas en zonas de frontera.
El proyecto que impulsa el Gobierno elimina por completo esos topes, tanto el porcentual como el de extensión geográfica, y solo mantiene restricciones para la compra de tierras por parte de Estados extranjeros o de corporaciones controladas de manera directa por gobiernos de otros países. El resto del mercado de suelo rural quedaría equiparado, en términos legales y comerciales, entre inversores locales y extranjeros.
Frente a los cuestionamientos de la oposición sobre la soberanía del suelo rural, el ministro defendió además el ingreso de capitales extranjeros sin techo como motor de empleo. “Estamos invitando a los extranjeros a que vengan a invertir y a que puedan fomentar más generación de empleo”, planteó, y remarcó que se trata de un paso hacia adelante para que los jóvenes argentinos elijan quedarse a vivir y trabajar en el país.
El texto que asomaron los aliados el jueves pasado implicaba que directamente cada provincia aplique su propio régimen. No pasó el filtro de la Casa Rosada y el tema nuevamente se postergó, esta vez para el 6 de agosto. Algunos también plantearon que la venta de tierras necesite de la aprobación del Congreso de la Nación o las legislaturas provinciales: el Gobierno cedió a que los ejecutivos provinciales, es decir, los gobernadores tengan jurisdicción.
La negociación por el artículo de tierras no es el único frente abierto para la cartera de Desregulación. En paralelo a la Ley de Propiedad Privada, Sturzenegger todavía tiene pendiente la aprobación de la Ley Hojarasca, otro de los proyectos que envió este año y que tampoco logró avanzar en el Congreso.
A esos dos frentes se suma un tercer proyecto que empezó a circular durante el fin de semana. Entre los cambios que prevé el borrador, al que accedió El Cronista, figura una nueva reforma al régimen de corretaje inmobiliario, que elimina la matrícula obligatoria y el requisito de título universitario para actuar como corredor. Para ejercer la actividad, bastaría con ser mayor de edad y poseer título secundario, permitiendo operar tanto a personas humanas como jurídicas.
Además, la norma prohíbe expresamente cualquier barrera que restrinja el mercado, como la fijación de aranceles, comisiones u honorarios con pisos mínimos o topes máximos.
El documento también modifica el régimen del gas licuado de petróleo (GLP), con una cláusula que prohíbe de manera expresa cualquier regulación o intervención sobre precios, cantidades, volúmenes, márgenes de rentabilidad y condiciones comerciales, manteniendo controles únicamente por cuestiones de seguridad pública.
En materia de medicamentos, el proyecto habilita la comercialización de drogas y especialidades farmacéuticas mediante canales digitales o medios tecnológicos, permitiendo el envío a domicilio. A su vez, autoriza que los medicamentos de venta libre sean ofrecidos en otros establecimientos comerciales ajenos a las farmacias. El texto permite que las farmacias se constituyan bajo cualquier figura jurídica y operen en los horarios que decidan sin restricción alguna, con la sola obligación de comunicarlos a la autoridad sanitaria.
El borrador avanza además con fuertes desregulaciones culturales e institucionales. Deroga la ley de Defensa de la Actividad Librera (Ley 25.542), que fija un precio uniforme para los libros, y la ley que obliga a doblar al castellano las producciones extranjeras emitidas por televisión (Ley 23.316). También establece que el Gobierno podrá determinar excepciones para los trámites en los que resulte exigible la presentación de documentación traducida al idioma nacional por traductores públicos.
En el plano agropecuario, propone eliminar la ley de arrendamientos y aparcerías rurales y desarticular el financiamiento obligatorio del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, llevándolo a un esquema de contribuciones voluntarias para 2027. Un golpe de efecto para la industria es la derogación de la Ley N° 25.849, lo que determina el cierre definitivo y la liquidación de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR).
En materia de navegación, el proyecto abre el transporte y comercio de cabotaje interno a buques de bandera extranjera, requiriendo únicamente una incorporación gradual de trabajadores argentinos a esas tripulaciones de acuerdo al tiempo de operación acumulado. También modifica la Ley de Navegación para flexibilizar la contratación laboral a bordo y otorgar validez jurídica a los conocimientos de embarque emitidos en soportes electrónicos o digitales.
Finalmente, el texto incorpora un novedoso capítulo sobre instrumentos financieros. La iniciativa reforma el régimen de prenda con registro y las operaciones de warrant. Entre las innovaciones, permite la constitución de prendas utilizando firma electrónica avanzada, contratos inteligentes y tecnologías de registro distribuido.
Crucialmente, autoriza de manera explícita que activos virtuales (como las criptomonedas) y saldos digitales sean utilizados como objeto de prenda fija y flotante, y flexibiliza el sistema de warrants para bienes agrícolas en proceso de transformación, sin necesidad de que estén en depósitos de terceros.
Pese a la circulación del borrador, en el propio Gobierno remarcaron que el contenido final del proyecto todavía no está cerrado. “La verdad es que se sigue trabajando, así que hay cosas que están tomando de ese supuesto borrador que no sé si van a terminar estando”, reconocieron fuentes oficiales consultadas sobre el estado real de la iniciativa.
Pese a que el Título X del anteproyecto establece de manera explícita en su artículo 345 la declaración de la “emergencia pública en materia administrativa y de competencia en los mercados por el plazo de seis meses” y pide la delegación de facultades legislativas para el Poder Ejecutivo, desde el Gobierno salieron a desmentir su inclusión. “No, eso no es cierto. No se evalúa esa posibilidad”, negaron fuentes oficiales.
