El Gobierno busca avanzar mañana en el Senado con un paquete de tres proyectos, pero antes deberá terminar de cerrar los acuerdos para garantizar una sesión que todavía no está formalmente convocada. La definición llegará hoy a partir de las 14, cuando los jefes de bloque se reúnan en Labor Parlamentaria para discutir el temario y confirmar si están los votos para sesionar.
El proyecto que concentra la mayor atención es el de Biocombustibles, que la jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, logró llevar a dictamen después de una negociación contrarreloj con los bloques aliados y los representantes de las provincias productoras.
El acuerdo permitió destrabar el tratamiento en comisión, pero dejó abierto un frente que podría reaparecer en el recinto: el régimen para el biodiésel y, en particular, el lugar que tendrán las pymes no integradas frente a las grandes aceiteras.
La iniciativa mantiene el corte obligatorio de biodiésel en 7,5% y prevé elevarlo al 10% un año después de la sanción. A partir de allí, las empresas no integradas tendrán un esquema de participación protegida que irá reduciéndose: 6,5% hasta fines de 2028, 5,5% en 2029, 5% en 2030 y 3% desde 2031.
El punto que permitió cerrar el dictamen fue la incorporación de una garantía para el período posterior. Desde 2036, el 30% del volumen correspondiente al corte obligatorio quedará reservado para empresas no integradas, lo que, con un corte del 10%, representa tres puntos porcentuales del mercado. Ese porcentaje se mantendría incluso si en el futuro aumenta el corte.
Sin embargo, el sector pyme considera insuficiente ese esquema. Su reclamo apunta a que el 3% no sea solamente un piso sino que exista una participación mayor y permanente que les permita competir frente a las grandes aceiteras integradas. En la negociación previa al dictamen, incluso senadores aliados plantearon objeciones al porcentaje finalmente acordado.
Ahí aparece la principal dificultad para el Gobierno de cara al jueves. Una parte de los senadores que acompañaron el dictamen no necesariamente considera cerrada la discusión, mientras que desde el sector del bioetanol ya habían advertido que no aceptarían que el capítulo del biodiésel volviera a abrirse de manera unilateral en el recinto.
De hecho, la propia Flavia Royón, una de las senadoras vinculadas a las provincias productoras de bioetanol que acompañó el acuerdo, había dejado abierta la posibilidad de introducir cambios durante el tratamiento en el recinto en diálogo con El Cronista.
“Acá lo importante es que tenemos un dictamen, y que con ese dictamen podamos ir a debatirlo en sesión. Puede haber modificaciones en el recinto”, afirmó la presidenta de la Comisión de Minería en diálogo con este medio.
En la otra vereda, una voz aliada al oficialismo descartó esa posibilidad y sostuvo que el texto negociado era el punto de equilibrio posible.
En este sentido, desde el sector del bioetanol sostienen que, de querer embarrar la cancha en el recinto, se retira el capítulo del biodiésel.
La disputa tiene además un componente territorial. Las pymes del biodiésel cuestionan que deban competir por el mercado obligatorio con grandes grupos aceiteros integrados que cuentan con una ventaja estructural por su cercanía con la materia prima y los puertos del Gran Rosario. Buenos Aires concentra diez plantas pyme, que según el sector producen más de 345.000 toneladas anuales y generan unos 3500 puestos de trabajo.
Por eso, el escenario que enfrenta Bullrich es más complejo que el que dejó la firma del dictamen: necesita que el acuerdo alcanzado en comisión se mantenga hasta la votación y, al mismo tiempo, evitar que un reclamo de las provincias o de las pymes vuelva a abrir la negociación.
El resto del temario
Si mañana en Labor Parlamentaria se confirma que están los números, el oficialismo buscará sumar al temario el traspaso de nuevas competencias de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires.
El Senado avanzó la semana pasada con los dictámenes de dos convenios firmados entre Nación y CABA. Uno transfiere a la Justicia porteña competencias en materia criminal y correccional de menores, mientras que el otro corresponde al denominado Cuarto Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales. Entre las nuevas materias aparecen delitos contra la integridad sexual, contra el honor y determinados delitos vinculados con la libertad y la propiedad intelectual.
El traspaso se encuadra en el proceso de autonomía de la Ciudad. Actualmente, la Ley 24.588 establece que la Justicia Nacional ordinaria con asiento en Buenos Aires continúa bajo la órbita del Poder Judicial de la Nación, aunque prevé la celebración de convenios para transferir organismos, funciones y competencias.
El tercer proyecto sería la denominada Ley Hojarasca, impulsada por el Gobierno de Javier Milei y Federico Sturzenegger. La iniciativa busca derogar legislación considerada obsoleta, redundante o superada por normas posteriores. El proyecto contempla la derogación de unas 70 leyes y disposiciones, además de modificaciones puntuales, y ya cuenta con media sanción de Diputados.
La propuesta tuvo dictamen en Diputados en abril y luego fue girada al Senado, donde pasó por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
Así, la reunión de Labor Parlamentaria de este miércoles será la instancia clave para saber si el Gobierno logra convertir en sesión el acuerdo político que alcanzó en las comisiones. El foco estará puesto en Biocombustibles: el oficialismo tiene dictamen, pero todavía debe demostrar que el compromiso sobre el biodiésel alcanza para sostener los votos hasta el recinto.
