El proceso de privatización de Corredores Viales dio este martes un nuevo paso con la apertura de las ofertas económicas para dos de los corredores más importantes de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones (RFC), el esquema con el que el Gobierno busca transferir al sector privado la operación de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales.
La instancia corresponde a los tramos Portuario Sur y Mediterráneo, que en conjunto abarcan 1.309,07 kilómetros de rutas estratégicas para el transporte de cargas y la conexión entre centros productivos, puertos y polos industriales del país.
En ese marco, el consorcio integrado por Plantel S.A. y Creditech S.A., empresa del Grupo Corven, presentó la mejor oferta económica para ambos corredores. Según el resultado de la apertura de las ofertas informado por las empresas, la propuesta contempló una tarifa un 25% inferior a la de su competidor más cercano.
El resultado se conoció luego de la etapa de precalificación de oferentes aprobada días atrás por el Ministerio de Economía, que habilitó la apertura de los sobres con las propuestas económicas.
La Etapa II-B comprende además los corredores Puntano y Portuario Norte y representa la tercera fase del cronograma de concesiones impulsado por el Gobierno. La administración de Javier Milei ya completó la Etapa I, mantiene en marcha la Etapa II-A y convocó la Etapa III, con la que prevé superar los 9.000 kilómetros de rutas concesionadas.
El Tramo Portuario Sur comprende 636,75 kilómetros de la Ruta Nacional 9, entre Campana y San Nicolás, y de la Ruta Nacional 188, desde San Nicolás hasta Realicó, en La Pampa. Por su parte, el Tramo Mediterráneo abarca 672,32 kilómetros de la Ruta Nacional 7, desde Luján hasta el límite entre Córdoba y San Luis, además de la conexión con la Ruta Nacional 8 y un tramo de la Ruta Provincial 35.
Bajo el esquema diseñado por el Ministerio de Economía, las concesiones se adjudican mediante un sistema de competencia por menor tarifa de peaje. Los futuros operadores deberán ejecutar primero las obras de transitabilidad comprometidas antes de aplicar los nuevos cuadros tarifarios y estarán sujetos a controles de desempeño por parte de Vialidad Nacional.
Desde el consorcio señalaron que el proceso licitatorio permitió la participación de nuevos operadores y destacaron el esquema impulsado por el Gobierno para la modernización de la infraestructura vial.
Asimismo, afirmaron que ambas compañías cumplen con los requisitos de capacidad económica previstos en los pliegos y cuentan con el capital de trabajo, la solvencia, el respaldo patrimonial, la estructura operativa y la experiencia necesarios para ejecutar simultáneamente ambos corredores.
“Recibimos este resultado con entusiasmo y con el compromiso de aportar nuestra experiencia y capacidades para el desarrollo de un proyecto estratégico para la infraestructura vial del país. La complementariedad entre Plantel y Creditech nos permitió presentar una propuesta sólida y competitiva, que combina capacidad técnica, capital de trabajo, gestión operativa y respaldo financiero y patrimonial para brindar un servicio eficiente, seguro y sustentable para el interés público”, expresaron desde el consorcio.
La apertura de las ofertas económicas llegó pocos días después de que el Ministerio de Economía ratificara la precalificación de los oferentes. En ese proceso, Plantel y Creditech habían recuperado su lugar en la licitación luego de que la Comisión Evaluadora aceptara una impugnación presentada por el consorcio sobre observaciones vinculadas a requisitos económico-financieros, lo que les permitió continuar en competencia por los cuatro corredores incluidos en esta etapa.
La adjudicación definitiva de los tramos todavía deberá completarse dentro del procedimiento licitatorio. No obstante, el consorcio sostuvo que confía en que su propuesta será finalmente seleccionada por haber presentado la oferta económica que considera “más conveniente para el interés público”.
La concesión de los corredores viales constituye uno de los procesos de privatización más avanzados de la administración nacional. El ministro de Economía, Luis Caputo, incluyó recientemente este tipo de operaciones dentro del programa de venta de activos con el que el Gobierno proyecta obtener unos u$s 2.300 millones entre 2026 y 2027 mediante privatizaciones y concesiones de infraestructura.
