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Tarifas: preparan otro aumento de la luz a fin de año

El Gobierno busca implementar otro aumento de las tarifas de energía eléctrica, atrasado por la inflación, adicional a la segmentación de los subsidios. Cuál es el impacto en las facturas.

El Gobierno convocará a una nueva audiencia pública para definir otro aumento de tarifas de la energía eléctrica (luz) a fin de año o al inicio de 2023, adicional a la segmentación de los subsidios.

El llamado del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), materializado en la Resolución 538/2022 (aún no publicada en el Boletín Oficial) es para el 30 de noviembre a partir de las 9 horas e incluye solamente a las empresas de transporte eléctrico como Transener (nacional), Transba (Buenos Aires), Transpa (Patagonia), Districuyo (Cuyo), Transco (Comahue), Transnoa (Noroeste), Transnea (Noreste) y el Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN).

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Estas empresas tuvieron aumentos de entre 46% y 135% en sus tarifas al comienzo de este año, luego de casi 3 años de congelamiento de sus ingresos, mientras la inflación sumó más de 200% entre principios de 2019 y 2022.

Según pudo saber El Cronista, las transportistas de energía elevaron reclamos de incrementos en torno al 70% y advierten que tienen peligro inminente de "quiebre de caja" en diciembre.

Los aumentos de tarifas que fueron aprobados en febrero para las transportistas. En marzo se corrigió Transener

de cuánto será la suba en las boletas de luz 

Si el Gobierno les convalida el pedido, la suba promedio en las boletas de los usuarios estaría en torno a los $ 26 finales por mes, dada la baja incidencia del transporte en las facturas. No obstante, es posible que el aumento concedido sea menor a lo solicitado por las compañías.

En cualquier caso, la actualización será universal e impactará a todos los usuarios, a diferencia de la segmentación de las tarifas que solo afecta a los hogares de altos ingresos, los de ingresos medios que se exceden del consumo subsidiado (400 a 550 kilovatios-hora según la región del país) y los usuarios no residenciales como comercios, edificios, hospitales y escuelas, entre otros.

Una suba del 70% en las tarifas del transporte de energía eléctrica tendría un impacto promedio en las boletas de los hogares de $ 26 por mes

Asimismo, en un principio tampoco habrá aumento de tarifas para las distribuidoras eléctricas controladas por el ENRE, Edenor y Edesur, que son las que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En 2022, vieron una recomposición de sus márgenes de apenas 8%.

Tanto las empresas de transporte como las de distribución de energía eléctrica aguardan que el Gobierno inicie el proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI) luego de que finalice el 16 de diciembre la vigencia del Decreto 1020/2020, que instauró una "transición" por dos años.

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La secretaria de Energía, Flavia Royón, señaló en el Congreso que la RTI se realizaría en febrero de 2023. Una RTI ofrece certezas de 5 años en materia de inversiones, costos y tarifas. Ergo, implicaría convalidad un aumento en el año de las elecciones presidenciales.

A la vez, las distribuidoras y transportistas de gas (Metrogas, Naturgy, Camuzzi, Ecogas, Litoral Gas, Gasnor, Gas NEA, TGN y TGS) buscan también que el Gobierno les convalide a fin de año otro aumento de sus tarifas, después del otorgado en marzo de entre 26% y 60% en sus márgenes.

Mientras tanto, en lo que respecta a las cuentas fiscales del Estado nacional, la segmentación eléctrica fue corrida al 1 de octubre (originalmente se iba a aplicar desde el 1 de septiembre) y aunque algunas fuentes oficiales ratifican el esquema previsto (que la quita progresiva de subsidios siga en noviembre y enero), parte del Gobierno remarca que podrían esperar la repercusión social para avanzar.

De acuerdo a la información que el ENRE compartió con los intendentes del Gran Buenos Aires, aproximadamente un 31% de los usuarios residenciales del AMBA quedaron categorizados como "Nivel 1 - Ingresos altos", cuando los estudios sociales sobre la situación de los hogares indican que lo ideal sería tener un 25% en ese segmento.

Con un mapa interactivo, el Gobierno puede trabajar con los jefes comunales para que ningún usuario que necesita los subsidios se quede sin ellos.

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