El Gobierno reglamentó el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) que estaba incluido en la reforma laboral, con el objetivo de motorizar las inversiones de las pymes. La expectativa es que las empresas que habían quedado por fuera del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por el monto de inversión que demandaban, cuentan también con incentivos similares. El RIMI plantea la amortización acelerada de los bienes nuevo de capital o bienes de informática, sistemas de riego, mallas antigranizo o animales con fines productivos de mayor categoría. Los plazos para la amortización acelerada de Ganancias comienzan a los dos años de hecha la inversión. En el caso de las obras para producción, pueden tener un plazo de amortización reducido al 60% respecto de las demás inversiones. Además, fija que el máximo para la devolución de IVA será del 50% del cupo anual asignado en el presupuesto. La distribución se hará según las solicitudes de los beneficiarios y en base a la antigüedad de los saldos acumulados. Los montos mínimos para las distintas categorías se fijaron en u$s 150.000 para las micro empresas, u$s 600.000 para las pequeñas, u$s 3,5 millones para las empresas medianas tramo 1, y u$s 9 millones para las medianas tramo 2. Para la producción agrícola no se fijó un monto mínimo de inversión y se aplicó una amortización especial para Mipymes que instalen equipos de riego, mallas antigranizo o inversión en animales. Los montos que definen qué empresa entra en cada categoría fueron actualizados hace una semana con el objetivo de elevar los montos máximos de facturación por los que una empresa puede adherir al certificado pyme. La resolución motivó dudas desde los principales sectores de la actividad. Uno de los puntos fundamentales se centró en los montos de inversión. Desde la Cámara Argentina de la Comercio (CAC), plantearon que “los montos previstos son razonables” pero sumaron que es lógico que uno “podría pensar en algo aún más abarcativo”, pero que “teniendo en cuenta las restricciones presupuestarias que enfrenta el fisco, el esquema planteado luce adecuado”. “Sin dudas este es un paso positivo”, dijeron desde la cámara que conduce Mario Grinman. Los demás sectores son más conservadores. Desde la construcción confían en que los montos mínimos son insuficientes para el ingreso de obras de infraestructura en el RIMI, aunque optan por esperar a ver qué proyectos finalmente se presentan. Actores de la industria mantienen mayores reservas. Es que, consideran, los montos mínimos de inversión quedaron muy elevados para las pymes y “despegados de la realidad productiva actual de las empresas”. Según detallaron, muchas inversiones en innovación y tecnología necesarias para competir, implican montos menores, como en el caso de la inclusión de la IA dentro de la producción. Desde el sector plantearon que pidieron que se bajen los topes, tanto al Congreso como a las autoridades de aplicación, pidieron también que las definiciones de bienes, obras y gastos asociados a la inversión fueran amplios y ser considerados en los montos, para que las empresas más chicas puedan entrar en el RIMI. Desde el agro anticipan un bajo impacto tanto por el monto de inversión como por el tamaño de empresa. En el caso de los montos, desde la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA-CEC) propusieron bajarlos en todas las escalas e incluir una adicional que tenga como mínimo los u$s 10 millones para el resto de las empresas. El objetivo de la propuesta era bajar los mínimos para facilitar el ingreso de las pymes agrícolas al régimen y sus beneficios. Desde el sector señalan que la propuesta fue rechazada por el Gobierno, lo que dejará prácticamente afuera a las empresas de maquinaria agrícola, molinos, aceiteras, frigoríficos, pesqueras, productoras de insumos, bodegueros, entre otros. El escenario inversor que vislumbran es de los productores agrícolas, que harán primordialmente inversiones en riego, lo cual consideran como positivo pero de bajo volumen. “Serán u$s 1000 millones en todo el país, pero si se hubiera ampliado el RIMI, hubiesen sido alrededores de u$s 10.000 millones”, plantearon, lo que además podría generar más de 50 mil puestos de trabajo en provincias como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, región Cuyo. La industria tenía en la amortización acelerada automática su principal demanda. El reclamo era que esta se hubiera por balance y no requiera de trámites y largos procesos de evaluación, como es el caso del RIGI. La condición de autorización automática, consideran, los deja mejor posicionados ante países competidores que también cuentan con esta condición. “El RIMI estará vigente por dos años, es un paso adelante, habría que lograr que se prorrogue”, señalaron. Otro de los planteos del sector estaba en incluir la doble amortización, para inversiones 4.0 y en sustentabilidad, como también funciona en economías desarrolladas, pero no fue incluido, aunque si se permitió establecer la amortización en una sola vez y se eliminó el requisito de los topes en las inversiones en eficiencia energética, riego o mallas antigranizo, que esperan mayores detalles de las reglamentaciones de ARCA, Energía y Agricultura. Sobre la devolución de IVA de la inversión, plantearon que tiene limitaciones en su impacto real y será clave que se resuelvan las trabas burocráticas y exigencias que no permiten hacer efectivo el recupero en forma ágil y el límite del cupo presupuestario. Es por eso que plantean que se adecúe la Ley de IVA para que sea automática la disponibilidad del saldo a favor para compensar otros impuestos, y que el resultado posterior se convierta en saldo de libre disponibilidad. “Siendo que hay muchas empresas con crédito fiscal y otros regímenes vigentes, habrá que ir monitoreando el impacto real del RIMI en este beneficio durante los próximos dos años, y si el Gobierno decide ampliar los cupos vigentes”, agregaron desde el sector. Para la CAC, los incentivos son relevantes, pero plantearon que creen que algunos puntos podrían tener un alcance mayor, aunque comprenden que las medidas tienen un costo fiscal y que la baja de la presión impositiva necesariamente tiene que darse de forma progresiva para no comprometer el equilibrio en las cuentas públicas. Sobre la capacidad de motorizar inversión, la CAC prevé que este año el crecimiento del PBI se va a sostener y que la inversión va a acompañar esta tendencia. “La inversión depende en buena medida de la confianza y las perspectivas de actividad de cara al futuro; en ese sentido es clave consolidar el ordenamiento general de la economía. Pero los esquemas de incentivos como el RIMI también cumplen un rol considerable, por lo que es algo por demás bienvenido”, agregaron.
