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El Senado se prepara para dar este jueves sanción a la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Es uno de los compromisos que el Gobierno de Javier Milei asumió con Estados Unidos en el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI), que se remitirá al Congreso en los próximos días. El proyecto forma parte de una sesión en la que tres de los temas pueden convertirse en ley: discapacidad, propiedad privada y el PCT.

El tratado llega al recinto 28 años después de la media sanción que la Cámara alta le dio en 1998. El Senado fue la cámara de origen y ahora debe pronunciarse sobre la única modificación que hizo Diputados: la reserva del Capítulo II del tratado que reclamaba la industria farmacéutica nacional.

Diputados la aprobó el 27 de agosto por 147 votos afirmativos y 93 negativos. El dictamen se firmó el 15 de octubre en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, que preside Francisco Paoltroni (Formosa), y de Industria y Comercio, a cargo de Marcelo Lewandowski (Justicialista, Santa Fe). Ese despacho aconseja aceptar la reserva y reunió 10 firmas en Relaciones Exteriores y 9 en Industria.

El texto quedó en condiciones de llegar al recinto hace más de un mes, pero el Senado dejó afuera al PCT de los temarios de sesión cada vez que se amagó con aprobarlo. A fines de octubre, cuando la senadora Patricia Bullrich impulsó la vuelta al recinto, los bloques dialoguistas pidieron priorizar otros temas, como Salud Mental, el RIIR de la UCR y el mercado de carbono. En el medio, desde la Cámara alta aseguraron que no había órdenes de la Casa Rosada sobre apurar su adhesión, mientras que en el oficialismo otros responsabilizaban a Bullrich de trabarlo.

Finalmente, después de la reunión de la Mesa Política que se llevó adelante este martes por la mañana en Balcarce 50, las fuentes aseguraron que hubo luz verde para avanzar no solamente con la adhesión al PCT, sino que también para enviar el acuerdo de aranceles recíprocos pendiente desde febrero: la idea es que se incluya en las sesiones extraordinarias de diciembre, con la posibilidad de conseguir una “media sanción” a las apuradas la última semana de noviembre en Diputados.

Qué es el PCT y qué queda afuera

El tratado se firmó en Washington el 19 de junio de 1970, se enmendó en 1979 y se modificó en 1984, y lo administra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Permite presentar una única solicitud internacional, en el idioma local y ante la oficina nacional, con efecto en los 159 países que integran el sistema. No crea una patente mundial: cada Estado conserva la decisión final sobre la concesión. La Argentina es el único país del G20 que no lo ratificó, y según el Gobierno, no tiene hoy una oficina receptora habilitada, lo que encarece y alarga el registro de patentes en el exterior.

Con la versión que llega al Senado, el país adhiere al Capítulo I, que permite presentar una solicitud única en idioma local, recibir un informe internacional de patentabilidad y contar con hasta 30 meses para decidir en qué países avanzar. Lo que queda afuera es el Capítulo II, que habilita un examen preliminar internacional de la OMPI con un informe técnico no vinculante sobre patentabilidad.

Producción de inyectables en Laboratorios Bagó.
Producción de inyectables en Laboratorios Bagó.Laboratorios Bagó

Con la reserva, la Argentina no queda obligada por ese examen y el INPI conserva el examen de fondo según la ley nacional. Los laboratorios argentinos querían evitar el “evergreening”, es decir, la extensión de monopolios mediante modificaciones leves de principios activos. La reserva tiene un solo antecedente: Uruguay es el único Estado que la aplica, desde 2024.

La pulseada de los laboratorios

El tratado enfrenta a dos cámaras del sector. Por un lado, CAEMe, que agrupa a las farmacéuticas de capital extranjero, con el respaldo de AmCham Argentina y de la U.S. Chamber of Commerce, la cámara empresaria con sede en Washington. El 22 de abril, Neil Herrington, vicepresidente senior para las Américas de la U.S. Chamber, le escribió al presidente de Diputados, Martín Menem, para pedirle que aprobara el texto tal como había salido del Senado.

La carta citaba datos de la OMPI según los cuales la Argentina tarda entre cuatro y seis años en resolver una patente, contra 500 días en México y menos de un año en Paraguay. Ese mismo día, Alejandro Diaz, CEO de AmCham Argentina, le envió una nota a la diputada Juliana Santillán, en la que sostuvo que eliminar el Capítulo II perjudicaría solo a los solicitantes nacionales.

Del otro lado está CILFA, que nuclea a los laboratorios de capital nacional. La cámara sostiene que los genéricos y biosimilares ahorran u$s 2.400 millones anuales y que el país podría ahorrar hasta u$s 4.200 millones en cinco años. La reserva del Capítulo II fue su condición para destrabar el expediente después de casi tres décadas. En Diputados, ese acuerdo dejó disconformes a sectores aliados del oficialismo: cinco diputados del PRO firmaron el dictamen en disidencia, y la Coalición Cívica presentó un despacho propio contra la reserva.

Alejandro Cacace, secretario de Desregulación
Alejandro Cacace, secretario de DesregulaciónLuciano Ingaramo/ Comunicacion Senado.-

Detrás de la discusión técnica está la acusación central de quienes impulsan el tratado: que los laboratorios nacionales copian medicamentos que las multinacionales no patentaron en la Argentina. Jorge Otamendi, abogado especialista en propiedad intelectual y socio de G-Breuer, sostuvo ante El Cronista que el PCT “así como lo facilita para los inventores argentinos, lo facilita para los extranjeros, y eso les impediría a los nacionales copiar los productos”.

También habló de “hipocresía”, porque los laboratorios locales “son usuarios del PCT afuera de la Argentina”. En la misma línea, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, afirmó en una entrevista con La Nación que los laboratorios extranjeros son los más innovadores y que los nacionales son “más de reproducir drogas ya creadas”. También sostuvo en el plenario de Diputados: “Le estamos dando a los inventores argentinos la posibilidad de que no tengan que andar peregrinando”.

Las patentes tienen alcance territorial: un medicamento sin patente en la Argentina puede fabricarse legalmente en el país. Por eso el reclamo de Washington apuntó al régimen que definía qué podía patentarse. La Cámara de Comercio de Estados Unidos recordó que la resolución conjunta de 2012 figuró entre las principales preocupaciones de los sucesivos Informes Especiales 301 de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

Las objeciones en el Senado

En el plenario de comisiones, Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, sostuvo que el tratado no crea una patente mundial ni obliga al país a otorgar patentes, y destacó su utilidad para el CONICET y las universidades. Desde el peronismo, Jorge Capitanich (Justicialista, Chaco) pidió que el Poder Ejecutivo precise qué función cumpliría el Capítulo II, cuantifique beneficios, plazos promedio de tramitación y presupuestos, y advirtió que, sin ese análisis, el acuerdo podría aumentar la dependencia tecnológica.

Guillermo Andrada (Convicción Federal, Catamarca), quien responde al gobernador Raúl Jalil, acompañó los argumentos de Bullrich, pero consultó sobre la derogación de los criterios de patentabilidad de medicamentos, el estado del INPI y la gestión de patentes farmacéuticas. El bloque peronista también cuestionó la capacidad operativa del INPI, que sufrió recortes, para auditar el volumen de solicitudes que llegará.

Sesion Ordinaria, el 19 de noviembre de 2026, en el Senado de la Nación, en Buenos Aires. Foto: Celeste Salguero / Comunicación Senado.
Sesion Ordinaria, el 19 de noviembre de 2026, en el Senado de la Nación, en Buenos Aires. Foto: Celeste Salguero / Comunicación Senado.Fuente: SesiónCeleste Salguero / Comunicación Senado.

Entre los expositores, Lorena Di Giano, de la Red Latinoamericana por el Acceso a Medicamentos, advirtió sobre un aumento de precios de los medicamentos y la quiebra de muchas obras sociales. Luciana Ghiotto, del Transnational Institute, señaló un riesgo para la industria farmacéutica nacional y para la capacidad del Estado de decidir qué ingresa al sistema de salud.

Quienes impulsan el tratado responden que el informe del Capítulo II nunca fue vinculante y que el INPI conserva la potestad final para conceder o rechazar patentes, según el artículo 27.5 del tratado. Si el Senado lo convierte en ley, el Ejecutivo deberá promulgarlo y depositar el instrumento de adhesión ante la OMPI. El tratado entrará en vigor para la Argentina tres meses después de ese depósito, y el INPI tendrá que funcionar como oficina receptora del sistema.