

La Ley 24.901 obliga a obras sociales y prepagas a brindar asistencia domiciliaria, sujeta a condiciones y a indicación interdisciplinaria, pero un estudio de la Red de Asistencia Legal y Social advierte que cuando no responden, la gestión y el costo de los apoyos recaen en las familias.a Ley 24.901 prevé la asistencia domiciliaria, sujeta a condiciones y a indicación interdisciplinaria, y un estudio presentado hoy advierte que cuando obras sociales y prepagas no responden, la gestión y el costo de los apoyos terminan en manos de las familias.
La Red de Asistencia Legal y Social (RALS) presentó este jueves 19 de noviembre una investigación sobre la vida adulta de personas con discapacidad con altas necesidades de apoyo, que concluye que, cuando el Estado y los sistemas de cobertura no garantizan apoyos como la asistencia domiciliaria, la responsabilidad se traslada a las familias, que deben sostener reclamos ante obras sociales y empresas de medicina prepaga, o en la Justicia, para obtenerlos.
El estudio, titulado “Entre la autonomía y la supervivencia: desafíos en la construcción de la vida adulta de personas con discapacidad con altas necesidades de apoyo en Argentina”, fue conducido por las investigadoras Carolina Ferrante y Karina Brovelli.
Se basó en 15 entrevistas en profundidad, siete a personas con discapacidad, cuatro a familiares y cuatro a informantes clave, realizadas en diez jurisdicciones. Es una investigación cualitativa exploratoria, por lo que no busca representatividad estadística.
Qué es la asistencia domiciliaria y en qué se diferencia del asistente personal
Según el informe, la asistencia domiciliaria contemplada en la Ley 24.901, que establece el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad, está sujeta a determinadas condiciones y a indicación interdisciplinaria, y no alcanza a cubrir la diversidad de apoyos que pueden requerirse para la vida cotidiana dentro y fuera del hogar.
Tampoco equivale a un sistema integral de asistencia personal, una figura que, desde el enfoque de vida independiente, consiste en un apoyo dirigido por la propia persona, que define qué necesita, cuándo, dónde y de qué manera recibirlo, y que en la Argentina carece de una regulación integral.
El marco legal de la prestación está en el artículo 39, inciso d), de la Ley 24.901, incorporado por la Ley 26.480, que obliga a los entes de cobertura a brindar asistencia domiciliaria a cargo de personal específicamente capacitado y certificado por autoridad competente, con el objetivo de “favorecer su vida autónoma, evitar su institucionalización o acortar los tiempos de internación”. En los fallos relevados, además, los jueces distinguieron el encuadre del acompañante terapéutico, que corresponde a la Ley 26.657 de Salud Mental, del asistente domiciliario del artículo 39.
Qué debe pagar la prepaga
Las empresas de medicina prepaga deben cubrir, como mínimo, el Programa Médico Obligatorio y las prestaciones de la Ley 24.901, y distintos tribunales sostuvieron que están obligadas a dar la misma cobertura que las obras sociales en virtud de la Ley 24.754. El Certificado Único de Discapacidad (CUD), permite una cobertura del 100% en las prestaciones de rehabilitación.
Las obras sociales y prepagas suelen reaccionar de manera adversa por el alto costo de la prestación y canalizan el pedido hacia una internación, aun cuando existe una orden médica, y recuerda que la cobertura del asistente domiciliario procede con independencia de las posibilidades económicas de quien la necesita.
Sobre el modo de cumplir, la Justicia ordenó en algunos casos que la prepaga brinde la prestación con prestadores propios y cobertura al 100%, o con prestadores ajenos elegidos por quien reclama, con reintegros sujetos a límites cuantitativos. En esas sentencias se equiparó el valor del servicio con el de una prestación del nomenclador de prestaciones básicas (Resolución 428/99) hasta que el Ministerio de Salud fije un valor específico para el asistente domiciliario.
La cantidad de horas surge de cada expediente, ya que una Cámara Federal confirmó seis horas diarias de cuidador domiciliario a cargo de una obra social y otro fallo ordenó cobertura de lunes a lunes por doce horas diarias.
El texto de la ley indica que, en el caso del asistente domiciliario, la prestación procede por indicación del equipo interdisciplinario de la entidad obligada, aunque hubo sentencias que ordenaron la cobertura aun sin la intervención de ese equipo. Otro fallo de la Cámara Civil sostuvo que el hecho de que el contrato de la prepaga no contemple al asistente domiciliario no es oponible al beneficiario.
Cómo se reclama
El camino administrativo empieza con un reclamo ante la propia prepaga y, si la entidad rechaza el pedido o no da una solución, el afiliado puede presentar una denuncia ante la Superintendencia de Servicios de Salud dentro de los 10 días hábiles siguientes.
La denuncia por prestaciones de discapacidad es gratuita y se completa con un formulario que puede presentarse por la plataforma Trámites a Distancia (TAD) o de manera presencial, con turno solicitado por Mi Argentina o al 0800-222-SALUD (72583).
RA
Entre la documentación, el organismo requiere la credencial de la prepaga del titular y de la persona con discapacidad, y el CUD completo donde conste el diagnóstico.
La Resolución 951/2026 de la Superintendencia reformó el procedimiento de denuncias de modo que, tras un reclamo por falta de cobertura, el organismo intima a la prepaga, que dispone de cinco días hábiles para cumplir o acreditar que lo hizo.
La resolución faculta a reducir esos plazos en situaciones que involucren a personas con discapacidad, prevé que una prestación brindada después de la intimación igual puede recibir sanción y se aplica también a trámites en curso que todavía no tengan una sanción firme.
La vía judicial es el amparo de salud. En varios de los fallos relevados, los jueces concedieron medidas cautelares para que la cobertura comenzara antes de la sentencia definitiva.
Una gestión que absorben las familias
El estudio de RALS explica que ese recorrido es una carga que asumen los hogares. Según el informe, la responsabilidad no se limita al cuidado directo, sino que comprende coordinar servicios y tratamientos, conseguir prestaciones, realizar trámites y reclamar coberturas.
Las personas y sus familias pueden quedar sujetas a una oferta precaria, a la contratación particular de asistentes o a gestiones y reclamos ante obras sociales y prepagas, y las demoras en los pagos, la rotación del personal y la falta de trabajadores con formación y perspectiva de derechos comprometen la continuidad de los apoyos. a posibilidad de acceder a ellos queda condicionada por los recursos económicos, las redes disponibles, el lugar de residencia y la capacidad de sostener reclamos administrativos o judiciales, en lugar de estar garantizada como un derecho.
Eugenia, una de las familiares entrevistadas en el informe de RALS, sostuvo que se convierte en “una especie de pulpo” para responder a las distintas demandas de la vida cotidiana, el trabajo y el sostenimiento económico.
El informe reúne además el desgaste físico y emocional de sostener los cuidados durante años, con efectos sobre el sueño, la salud y el descanso.
Iris, otra de las entrevistadas, relató: “Yo aprendí a decir que no, esto no puedo, esto no puedo porque me va a llevar puesta”. Según su testimonio, el agravamiento de la condición de su hijo llevó a la pareja a dejar la participación política para dedicar más tiempo a los cuidados, y ella debió postergar la elaboración de su tesis doctoral.
La sobrecarga tiene una marcada dimensión de género, ya que son principalmente las mujeres, como madres, hermanas y otras familiares, quienes asumen la responsabilidad cotidiana y la carga mental de organizar los apoyos.
Algunas reducen o abandonan sus trabajos, postergan estudios y tratamientos médicos y resignan espacios de descanso.
El informe advierte que esta situación se agrava con el tiempo, por el envejecimiento de quienes cuidan y la incertidumbre sobre la continuidad de los apoyos, y aclara que no debe interpretarse como un sacrificio elegido por las familias, sino como consecuencia de la ausencia de un sistema suficiente de cuidados y apoyos.
Autonomía, trabajo y pensiones
Según los testimonios del estudio, los apoyos tienen sentido cuando no reemplazan la voluntad de quien los recibe. Alejandro, uno de los participantes, precisó que “el asistente es solo para asistir, no para decidir”.
El estudio también vincula el costo de los apoyos con el acceso al empleo y señala que existe una incompatibilidad normativa entre el trabajo registrado y la percepción de determinadas pensiones, lo que puede generar el dilema de aceptar un empleo formal y arriesgar una pensión que ayuda a sostener tratamientos, insumos y apoyos.
Algunas personas optan por actividades informales o por formas precarias de trabajo por cuenta propia, y aun cuando cuentan con ingresos propios, su capacidad de decidir cómo usarlos puede verse limitada si deben destinarlos a tratamientos, insumos o apoyos que su cobertura de salud no garantiza.
Discapacidad: qué propone RALS
A partir de ese diagnóstico, la organización propone pasar de una autonomía de supervivencia a una autonomía de derecho.
Según sugiere, habría que regular y profesionalizar la figura del asistente personal, con financiamiento que permita a las propias personas gestionar sus apoyos y con formación basada en el Modelo Social de la Discapacidad, reconocido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en Argentina por la Ley 26.378 y con jerarquía constitucional por la Ley 27.044.
También plantea transformar los sistemas de salud y seguridad social, reducir las trabas burocráticas, garantizar pagos adecuados y a término, ampliar la disponibilidad de especialistas en las provincias y revisar las incompatibilidades entre empleo y pensiones.
El informe suma alternativas habitacionales comunitarias, circuitos de accesibilidad, programas de transición a la vida adulta, corresponsabilidad en las tareas de cuidado y campañas de concientización para desnaturalizar las miradas paternalistas. Sostiene además que las propias personas con discapacidad deben participar en la formulación, implementación y evaluación de las políticas, en línea con el artículo 4.3 de la Convención.
Elizabeth Aimar, presidenta de RALS, afirmó que “la intersección de adultez y discapacidad está ausente de los debates públicos actuales” y que “mientras las personas con discapacidad no cuenten con los apoyos y cuidados necesarios para decidir sobre su propia vida, se les seguirá negando su plena participación en la sociedad”.
Las autoras del estudio, Ferrante y Brovelli, subrayaron que “la autonomía no significa hacer todo sin ayuda, sino poder decidir sobre la propia vida y contar con los apoyos necesarios para llevar adelante esas decisiones”, y que “cuando esos apoyos no están garantizados, el ejercicio de los derechos termina dependiendo de los recursos de cada familia y de las respuestas disponibles en cada lugar”.













