Apuran la reforma de la ley de lavado de activos: el obstáculo que enfrenta el Gobierno

Al filo de una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el oficialismo en el Senado apunta al jueves que viene para dictaminar y dejar listo para votar en el recinto el proyecto que modifica la Ley de lavado de activos. En el inicio de un mes cargado de elecciones provinciales, todavía no hay sesión a la vista.

A mediados de abril, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto impulsado por el gobierno de Alberto Fernández en junio pasado. Un mes y medio más tarde, el Frente de Todos apunta a convocar a las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Presupuesto y Hacienda para el jueves 8 a las 11. 

Al menos, esas son las intenciones del Frente de Todos, según hizo saber el senador cristinista Oscar Parrilli. ¿El objetivo? Debatir y dictaminar el proyecto que tanto urge al Ejecutivo, en la previa a la llegada del GAFI, que en el segundo semestre del año hará una nueva inspección en la Argentina.

La gran duda es cuándo se celebrará la sesión para convertir en ley la iniciativa que el oficialismo logró aprobar en Diputados con los números justos. Es que, desde el propio Frente de Todos reconocen que la semana que viene "se cierra todo hasta julio". ¿El motivo? Elecciones.

El domingo 11 de junio se celebran elecciones en Corrientes, San Luis y Tucumán, además de las PASO en Mendoza. El 18 habrá internas en Chaco y la semana siguiente, elecciones generales en Córdoba y Formosa. En otras palabras, ante un calendario electoral tan cargado, al oficialismo se le complicará tener asistencia perfecta en el Senado.

Pero además, vale recordar que, con la fuga de cuatro senadores que sufrió el Frente de Todos en febrero de este año, el oficialismo quedó muy por debajo de las 37 bancas que se requieren para sesionar. El interbloque que lidera José Mayans reúne 31 senadores a los que se le suman tres aliados incondicionales: Clara Vega, Alberto Weretilneck y Magdalena Solari Quintana.

Así, si el Frente de Todos quiere garantizarse el inicio de la sesión deberá negociar con Unidad Federal (donde recalaron los cuatro peronistas díscolos, además de la schiarettista Alejandra Vigo) o bien, con Juntos por el Cambio.

La gran duda es si Juntos por el Cambio y los Federales accederán a habilitar el quórum primero, y a sancionar la ley después. Sobre todo si se toma como antecedente lo que ocurrió en Diputados, donde los cambiemitas y el schiarettismo votaron en contra de la medida.

De todas maneras, en aquella instancia, la intención de ambos espacios siempre fue que la ley recibiera la media sanción. Incluso, al momento de la votación, Juntos por el Cambio dejó en claro que no tenía intención de bloquear la aprobación de la ley. De hecho, un sector del PRO había firmado el dictamen junto con el oficialismo.

Por eso, votó en contra del proyecto en general, pero al momento de la votación en particular acompañó los artículos con los que coincidía. La bancada también había decidido que, si el texto peligraba, se abstendría para que la iniciativa recibiera luz verde y pasara al Senado.

Ley de lavado de activos: los puntos clave y qué cambia ahora

La iniciativa que recibió media sanción en Diputados tiene tres ejes centrales. Por un lado, incluye modificaciones en el Código Penal. Además, reforma de la ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y crea un registro de activos virtuales, incluyendo a las criptomonedas.

Sobre el Código Penal, se modifica la pena prevista para el lavado en el artículo 303. El proyecto eleva el monto de la condición objetiva de punibilidad, que hoy es de $300.000. Y se implementa una unidad de medida (Salario Mínimo Vital y Móvil) para su actualización periódica.

El texto también convierte a la Unidad de Información Financiera (UIF) en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia.

En tanto, la iniciativa amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF. La gran novedad del proyecto es que incorpora a los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.