¿SINCERICIDIO?

Alberto Fernández desnudó un debate interno: no hay criterio para el reparto de la obra pública

En su testimonio ante la justicia por la causa que involucra a Cristina Kirchner el Presidente admitió que no existen normas para entrega de fondos; los parámetros que se usan en diferentes Ministerios

La puesta en escena en Tribunales que protagonizó ayer Alberto Fernández con su acérrima defensa a Cristina Kirchner dejó al desnudo un debate interno que no parece estar saldado aún en el Gobierno y que sigue estando en el ojo de la tormenta: la inexistencia de un mecanismo común que impida el reparto discrecional de fondos de la obra pública.

Luego de tres horas de declaración ante la justicia como testigo en el juicio oral por las presuntas irregularidades en las obras públicas en Santa Cruz que involucran a la vicepresidenta, Alberto Fernández no sólo defendió a su socia política. También dejó en claro que "no existe ninguna norma que defina cómo se distribuye el gasto en obra pública en el Presupuesto".

Durante su exposición como testigo el Presidente remarcó que la distribución de fondos del Poder Ejecutivo nacional a las provincias para la obra pública "es una decisión de carácter política no judiciable. Y esas decisiones que se están discutiendo en materia de Presupuesto no pueden ser arbitrarias", ratificó.

A la vez, Alberto Fernández dijo que "los criterios de asignación de obras tienen que ver con las necesidad de cada jurisdicción. No hay una regla que dice: a cada provincia le toca tal cantidad de dinero en función de los habitantes que tiene. No hay una regla que diga cómo se distribuye el dinero de la obra pública", añadió.

Sin embargo, el tema desata hoy un debate interno adentro del propio gobierno y el kirchnerismo sigue sin tener criterios uniformes a la hora de repartir fondos para obras. Según los últimos giros de fondos para la realización de obras las provincias que resultaron ser las más beneficiadas fueron Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Santa Cruz.

Para Alberto Fernández no hay regla alguna que se haya definido en ese reparto de fondos. Aunque hay variantes y miradas diferentes. El Ministerio de Obras Públicas y el de Desarrollo Territorial tienen sus propias reglas para la distribución de partidas.

Con un presupuesto global para este año de 505.000 millones de pesos, el Ministerio de Obra Pública que lidera Gabriel Katopodis, cuenta con una suerte de manual de procedimientos para el reparto de los proyectos de infraestructura. Según un paper del Ministerio, los "criterios de distribución y de la inversión" se definen por los siguientes parámetros:

1-Un criterio base poblacional y de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).

2-El Ministerio de Obras Públicas genera, además, índices específicos para diferentes tipologías de obra y programas para orientar y priorizar las inversiones según criterios objetivos basados en las brechas de inversión.

Por ejemplo, el plan Argentina Hace se distribuye según la cantidad de Población y las Necesidades Básicas Insatisfechas. Pero los planes de Agua y Saneamiento se distribuyen por "indice de vulnerabilidad por déficit de agua y saneamiento, déficit en cobertura de agua y saneamiento, brecha de inversión en agua y saneamiento.

En los lineamientos centrales que se fijó Katopodis para el reparto de fondos de obras figura la idea de "equidad para disminuir las brechas de infraestructura en los ejes de acción de la obra pública". Y de "federalismo para establecer un equilibrio federal en la distribución de los fondos para la ejecución de la obra pública y llegar a las 2.300 jurisdicciones locales del país".

VIVIENDAS Y TIERRAS

En el caso del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que conduce Jorge Ferraresi no hay un manual de procedimientos y todo se define en función de la "vocación política" de cada intendente o gobernador que pide a la Nación obras o traslada necesidades de la mejor manera posible.

Ferraresi suele reiterar que para distribuir obras de vivienda y proyectos urbanísticos "hay una planificación pero después se necesita de la vocación del gobierno local y provincial". Es decir: no hay una regla general o una norma que se haya impuesto desde el poder.

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Vivienda se propuso como meta de gestión hasta el 2023 completar 264.000 soluciones habitacionales en todo el territorio nacional.

Allí se destaca la construcción de 93.000 viviendas a través del Programa Federal Casa Propia, que ya están en ejecución. Y más de 30.000 viviendas en Desarrollos Urbanísticos de Procrear II. Pero para llevar adelante todos estos proyectos la única fórmula de distribución es el diálogo y las voluntades que mueven a cada actor político en juego, independientemente del color político.

Hacia el final de su exposición en Tribunales el Presidente remarcó:  "los criterios de asignación (de obras) tienen que ver con las necesidad de cada jurisdicción. No hay una regla que dice: a cada provincia le toca tal cantidad de dinero en función de los habitantes que tiene", dijo. La gestión de su gobierno dejó en claro este debate interno de falta de parámetros unificados para el reparto de fondos para la obra pública.

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