Explosión en Río Tercero: 24 años después disponen indemnizaciones millonarias para damnificados

Lo determinó el Gobierno saliente a partir de una ley promulgada por el kirchnerismo.

 A 24 años de la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero, el Gobierno dispuso $ 26 millones en indemnizaciones para aquellos que reclamaban daños y perjuicios por este hecho en la Justicia. Esta compensación había sido contemplada por la ley 27.179, aprobada durante la presidencia de Cristina Kirchner, y luego reglamentada durante el mandato de Mauricio Macri.

A través de la resolución 14/2019 publicada hoy en el Boletín Oficial, la Secretaría de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa determinó que 124 individuos y familias recibirán indemnizaciones de $ 112.349, $ 149.798, $ 262.148 y $ 2 millones, dependiendo el caso. La medida lleva la rúbrica de Luis Riva, encargado del área durante la gestión saliente.

Se trata de la voladura de la Fábrica Militar ubicada en la ciudad cordobesa de Río Tercero que se produjo en la mañana del 3 de noviembre de 1995. Las explosiones dejaron el saldo de siete muertos y más de 300 heridos. Tres semanas más tarde ocurrieron nuevas explosiones por los proyectiles acumulados.

En diciembre de 2014, la Justicia condenó a cuatro ex oficiales del Ejército por el incendio intencional y programado de la fábrica, cuya motivación fue justificar el faltante de armas producido por la venta de las mismas a Ecuador y Croacia.

Según lo consignado por Cadena 3, en agosto pasado, el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, había mantenido una reunión protocolar con el entonces presidente Macri, quien se habría comprometido de acelerar los procedimientos para el cobro de las reparaciones económicas.

Los juicios se encontraban congelados desde hace varias décadas por una cuestión administrativa, ya que los trámites debían realizarse de manera presencial en la Ciudad de Buenos Aires.

La Ley n° 27.179, sancionada en septiembre de 2015, estableció el derecho a percibir una indemnización a aquellos que, a la fecha de su entrada en vigencia, se encontraban en pleno reclamo judicial. Podían solicitar esta asignación quienes hubieren iniciado una demanda con anterioridad a su promulgación y no hubieran obtenido un resarcimiento equivalente o superior al establecido por esta ley.

Su pago, indica en los considerandos, “se hará mediante la entrega de bonos de consolidación o bonos de consolidación de deudas previsionales . A su vez, en la reglamentación realizada en 2018, establece que este será de una remuneración base, equivalente al salario mensual de los agentes Nivel A Grado 0 del convenio colectivo del personal del Sinep.

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