El Gobierno resiste la agenda K: aplaza aumento en planes, calla sobre la moratoria y alista suba en jubilaciones

El Ejecutivo rechazó preliminarmente mover los aumentos que impactan sobre planes sociales. Evaluará el impacto del plan de pago previsional presentado en el Senado. La semana que viene habría novedades para los adultos mayores.

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El reclamo del diputado Máximo Kirchner para anticipar las cuotas del salario mínimo, que funge como "paritaria" de los sectores informales y los planes sociales, generó un rechazo inicial en la Casa Rosada, donde advierten que la actualización del haber base necesita el aval de 32 entidades empresariales y sindicales que, además, acordaron una revisión para agosto de este año.

Como si fuera un diputado opositor, Kirchner presentó en el Congreso un proyecto de resolución para reclamar que el salario mínimo llegue a $ 47.850 en agosto, y no en diciembre, como acordó en marzo la mesa tripartida presidida por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, vapuleado duramente por el kirchnerismo durante la semana.

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Para la Casa Rosada, el planteo del expresidente de la bancada del Frente de Todos roza lisa y llanamente la "intervención" del Consejo del Salario, donde confluyen los grandes popes de la economía y las principales centrales obreras. "Esto es sacarle autonomía a los sindicatos y a las empresas", razonaba ante El Cronista una fuente. 

La pelota está ahora del lado de la CGT, que debe recoger el guante si acaso pretende pedir un anticipo de la instancia de revisión que el Consejo fijó para agosto. Otra representación, la de CTA, más alineada con el kircnerismo, pedirá en los próximos días al ministro Moroni anticipar la discusión.

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Mesura y anuncio en gateras

Luego de la primera pieza movida por Máximo Kirchner el jueves por la tarde en Diputados, el bloque de senadores del Frente de Todos presentó el viernes por la mañana un proyecto de ley para establecer una moratoria previsional, que permita a los trabajadores próximos a jubilarse en 2022 y 2023 el acceso a la pensión de retiro a cambio de retener una cuota para saldar las cuotas impagas correspondientes con años de aporte.

La iniciativa, con un costo fiscal que el sector kirchnerista de la bancada estimó en 0,02% del PBI, contradice los presupuestos del programa que el ministerio de Economía negoció con el FMI, y que el Gobierno hizo aprobar al Congreso, ya que el organismo multilateral estableció que no debe haber más moratorias. Con Guzmán de viaje a la provincia de Salta, la evaluación presupuestaria y de la consistencia con el programa con el FMI quedó encomendada a las segundas líneas del Palacio de Hacienda.

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En el Poder Ejecutivo prefirieron evitar los comentarios, pero notaron que el Congreso cuenta "con poder de iniciativa" para proyectos de este estilo. Fue una manera de mostrar respeto y no tensar las cuerdas, hasta que no suceda un análisis más exhaustivo de las proyecciones que esto tendría en el déficit fiscal y la sostenibilidad del sistema previsional, ya que se abriría la puerta a jubilar a 740.000 personas que no cumplen con los aportes durante el primer año de vigencia de la ley.

Atendiendo a la erosión de los haberes, en el Gobierno ya preparan un anuncio para la recomposición de las jubilaciones. A la espera del Índice de Salarios que publicará el Indec el próximo martes 10 de mayo, ANSeS y Trabajo estiman que la variación correspondiente con la fórmula de movilidad vigente llevaría al recomposición de las pensiones en torno al 15%.

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