ELECCIONES

Paso 2021: qué, cuándo y cómo, todas las alternativas sobre los cambios en el cronograma

El plazo que tiene el Congreso para votar la Ley que eventualmente modifique la fecha de los comicios y las mayorías necesarias para modificar una norma electoral son algunos de los interrogantes que se plantean.

En aproximadamente 15 días -el 10 de mayo es la fecha límite-, el Poder Ejecutivo Nacional debería convocar a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), para que se lleven a cabo el 8 de agosto. No obstante, el gobierno y la oposición lograron en los últimos días un principio de acuerdo para la postergación de esas elecciones y las generales por un mes. Dicho acuerdo tiene que ser refrendado por el Congreso: esto es que, en las próximas dos semanas y monedas, el Gobierno debería presentar en la Cámara de Diputados la propuesta oficial, debatirla con la oposición en las comisiones y aprobarla en ambas Cámaras.

Parece un trámite copioso para tiempos que son tiranos. Más, en medio de la escalada de tensión política que disparó el DNU de suspensión de clases presenciales en el AMBA entre el Gobierno nacional y la oposición y los encontronazos que tienen día a día por la gestión de la crisis sanitaria en el marco de la segunda ola de Covid-19. En este escenario, ¿qué plazo tiene el Congreso para votar la Ley que eventualmente modifique la fecha de las elecciones?, ¿qué mayorías son necesarias para modificar una Ley electoral?, ¿cuáles son las condiciones que ponen los opositores para cerrar el acuerdo?, ¿podría, con el avenimiento opositor, postergar Alberto Fernández las PASO y las elecciones generales por decreto?.

Las fechas

Empecemos por el final. Según la Ley 26.571, las PASO deberían realizarse el segundo domingo de agosto. Pero, en este contexto de pandemia, el Gobierno, un poco a impulso de los propios gobernadores, puso en duda su realización.

Ahora bien, ya sea para suspender o postergar el proceso eleccionario se necesita una Ley del Congreso que lo disponga. Esto es así porque según la Constitución Nacional hay cuatro materias sobre las que el presidente de la Nación no puede avanzar por DNU. Se trata precisamente de la regulación electoral, de partidos políticos, impositiva y penal.

Pero no sólo eso. Fernández no sólo está obligado a enviar un proyecto de ley al Congreso, sino que dicha norma necesita ser aprobada por una mayoría especial en cada Cámara. Es que los proyectos que modifican el régimen electoral y de los partidos políticos, para ser sancionados, requieren de la mitad más uno de los miembros de las Cámaras, que son 129 votos en Diputados y 37 en el Senado. Una meta difícil de lograr, especialmente en la Cámara baja donde el oficialismo no tiene una mayoría propia, sino es con el acuerdo de buena parte de la oposición.

Como punto a favor, no hay una fecha límite estipulada para aprobar cambios a la legislación electoral. No obstante, hay dos momentos que son clave. De acuerdo a la última acordada extraordinaria de la Cámara Nacional Electoral, el Poder Ejecutivo deberá publicar los padrones provisorios el martes 27 y convocar a las PASO, a más tardar, el 10 de mayo próximo. Si bien es una formalidad, sería más "prolijo" que cualquier cambio sea confirmado antes de ese día. Pero de nuevo: no hay una fecha límite claramente establecida en la Constitución Nacional y las normas electorales para aprobar cambios a la legislación electoral.

Ahora bien, tanto el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ya dictaron sus respectivos decretos de convocatoria y los dos, dejaron abierta la puerta a una posible postergación: Larreta no precisó las fechas, mientras que Kicillof convocó las PASO para el 8 de agosto y las legislativas para el 24 de octubre, aunque aclaró que "en caso de determinarse una nueva fecha en el calendario electoral nacional, se deberá readecuar la fecha de los comicios". En consecuencia, el gobierno nacional podría estar pensando en alguna fórmula jurídica semejante que le permita cumplir con los plazos de la Justicia electoral, por un lado, y habilitar la postergación de las elecciones vía Congreso, por el otro.

Sin embargo, hay una segunda fecha importante imperativa: el 9 de diciembre, 130 diputados y 24 senadores finalizarán el período constitucional de cuatro y seis años por el que fueron electos y el 10 de diciembre deben asumir sus reemplazantes.

EN PLENA NEGOCIACIÓN

A partir de la propuesta del propio Ministro del Interior de la Nación, Eduardo "Wado" de Pedro, que hace dos semanas acercó a los bloques opositores en Diputados un borrador del proyecto de Ley, el oficialismo y la oposición tienen al día de hoy un principio de acuerdo para postergar las Primarias del 8 de agosto, fecha prevista por la Ley 26.571, al 12 de septiembre, y las Elecciones Generales de 24 de octubre al 14 de noviembre, una idea que ya había bosquejado anteriormente la radical, Carla Carrizo, que responde a Martín Lousteau.

Juntos por el Cambio apoya la moción, no sólo porque en función de los datos epidemiológicos estiman conveniente evitar la aglomeración de personas en medio del invierno, sino por la posibilidad de que una franja de su electorado de adultos mayores no asista a los centros de votación por miedo al contagio. Del lado del Gobierno también operan razones de real politik: ganar tiempo para apostar a una recuperación de la economía y torcerle el brazo a la pandemia con un mayor porcentaje de población vacunada.

Ahora bien, las cosas no son tan fáciles como parece, porque la oposición no va a concederle al Gobierno la Ley de postergación de las PASO sin antes poner condiciones y negociar sus demandas.

Juntos por el Cambio exige que el proyecto de ley que llegue al recinto contenga una cláusula cerrojo para que el Gobierno nacional no pueda volver a posponer las primarias, o eventualmente suspenderlas. Ese artículo dispondría que, para volver a modificar el cronograma electoral, se necesite de una mayoría agravada de dos tercios de los votos -lo que lo deja en condiciones de "decidir" la cuestión-.

En tanto, el principal bloque opositor llevará a la mesa de debate en Diputados otras propuestas, como la implementación de la Boleta Única Papel, el restablecimiento del voto por correo para argentinos en el exterior y personal del comando electoral y la creación de una comisión de seguimiento del Proceso Electoral, entre otras ideas.

En las reuniones que mantuvo semanas atrás con los bloques opositores, De Pedro ya les hizo saber que de ninguna forma dan los tiempos para la implementación de la Boleta Única de Papel este año. Y la oposición lo entendió.

Por ello, el bloque de diputados de Consenso Federal, que responde al ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, redobla la apuesta y llevará a la mesa de negociación una propuesta para incorporar ese sistema de votación en esta reforma, pero que recién se instrumente "a partir del primer acto electoral de 2023 y de las elecciones sucesivas, para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y Generales, ambas para la elección de cargos nacionales, incluyendo todas las categorías debidamente distinguidas". Así reza el texto cuya copia ya hicieron llegar al ministro del Interior.

Estas propuestas de reforma comenzarían a definir su suerte la próxima semana, cuando el oficialismo pretende abrir el debate "formal" en el marco de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General. La convocatoria sería para el próximo viernes 30, con la exposición de De Pedro y de varios gobernadores. Antes, claro está debiera ingresar por Mesa de Entradas el proyecto oficial y poner sobre la mesa qué, de los que pide la oposición, está dispuesto a aceptar.

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