Otro "esperado" error
El Gobierno acaba de enviar al Congreso el proyecto del llamado impuesto a la "renta inesperada". Las empresas con ganancias superiores a 1000 millones de pesos deberán pagar un impuesto adicional del 15% sobre el incremento de sus utilidades (ajustado por inflación) si cumplen alguna de las siguientes condiciones: el cociente de utilidad a ingresos es mayor al 10%, o que ese mismo cociente haya aumentado 20% respecto del observado el año anterior.
Así como está el proyecto tiene poco que ver con la intención oficial de gravar las supuestas ganancias inesperadas que se produjeron como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania, o de gravar a tasas menores a las empresas que reinviertan esas ganancias. Ambas formaron parte del relato oficial para justificar el nuevo impuesto; la realidad una vez más es que el relato difiere de los hechos.
Además, el proyecto está plagado de inconsistencias. En primer lugar, es evidente que entre un año y otro las empresas pueden aumentar sus utilidades aún si no hubiera guerra. No hay nada en el proyecto que limite la aplicación del impuesto a los sectores que supuestamente lograron un "windfall" como consecuencia del conflicto bélico en Europa. Nótese que aquellos sectores que demoraron más en recuperar los niveles de actividad y las utilidades están más expuestos a tener que pagar más por el impuesto adicional que aquellos que recuperaron antes y ya tenían utilidades normales en el año anterior.
En segundo lugar, el proyecto es contradictorio. Supongamos que el cociente "normal" de beneficio de una empresa es 8% de sus ventas, que el año anterior fue de 5% y ahora aumenta a 7%. Todavía la empresa obtiene una ganancia baja en relación a lo normal, pero como el cociente aumentó 40% (más que el 20%) deberá pagar el impuesto adicional según lo establece una de las dos condiciones que generan la obligación tributaria.
También se omite el caso de sectores que pueden tener volatilidad en sus ganancias y que compensan años malos con años muy buenos. Si el próximo año es malo se escapan del impuesto y si es bueno pagan de más en relación a sectores con menor volatilidad en su rentabilidad.
En tercer lugar, el proyecto parece más un gravamen adicional a las utilidades de las empresas que un impuesto a rentas inesperadas. Está implícito en la redacción del proyecto que se considera que una utilidad mayor al 10% de los ingresos es inesperada.
Sin embargo, el lector puede encontrar en los portales de finanzas que en el mundo desarrollado un cociente de 10% es considerado normal. Quiere decir que si una empresa obtiene una utilidad de 10.1% de las ventas pasa a estar incluida en el impuesto, aún cuando tenga una rentabilidad "normal".
Otra falencia del proyecto es ignorar que la rentabilidad sobre ingresos varía por sector. Debería ser mayor en las actividades más capital intensivas; el proyecto no presta atención a esto, supuestamente en aras de la simplicidad.
Además, no es claro que se alcance con el impuesto nuevo a las empresas que están liberadas del pago del impuesto a las Ganancias por un régimen especial, generando inequidades.
Peor aún, el proyecto ignora que, como pasa en cualquier país, el impuesto a las Ganancias de las empresas que ya existe en la Argentina alcanza a todo tipo de utilidades, esperadas o inesperadas. Incluso, los sectores que supuestamente se favorecieron por la guerra (campo y energía) deben pagar retenciones sobre sus exportaciones. Así la suba de precios internacionales genera un mayor pago de derechos de exportación (aún si ocurrió un aumento de costos que diluyó el impacto sobre las utilidades), y si, finalmente, aumentan las ganancias se paga un 35% sobre ese aumento (más casi 5% adicional si se distribuyen dividendos). Además, la tasa del 35% ya es bastante superior a la alícuota promedio que rige en los países desarrollados que hace años vienen reduciendo la presión tributaria sobre las empresas para atraer más inversiones, todo lo contrario de lo que dice y hace el gobierno argentino.
Las inconsistencias del proyecto y el oportunismo en tratar de aprovechar cualquier evento para aumentar impuestos son un disuasivo para la inversión.
En conclusión, los errores conceptuales y técnicos son tan importantes que no cabe otro calificativo para el proyecto que el de un mamarracho que pretende sostener un falso relato distribucionista o calmar a los sectores más radicalizados de la coalición de gobierno.
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