Lo que paso esta semana la Cámara de Diputados mostró la encrucijada con la que debe lidiar el Gobierno cuando los votos y las urgencias de los gobernadores se alinean. La idea de bloquear discusiones incómodas para Economía chocó de frente contra una realidad numérica que el ala política oficialista no logró contener.
El oficialismo arrancó el día con una premisa: frenar a toda costa cualquier debate sobre tablas relacionado con dos temas de alta sensibilidad social y económica. Por un lado, la ley de morosidad y el desendeudamiento; por el otro, la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. Para Economía, ambas iniciativas apuntan directo al gasto y a la regulación.
Sin embargo, el arco opositor —en el que esta vez confluyeron el peronismo, el bloque de Provincias Unidas y sectores de la UCR dialoguista— logró una victoria política clave al alcanzar el quórum de 129 diputados. El dato es importante por la decisión explícita de los legisladores que responden a gobernadores aliados de sentarse en sus bancas y dar número para habilitar el tratamiento de los emplazamientos.
Frente a la certeza de que la oposición obtendría las mayorías para imponer el cronograma por la fuerza, La Libertad Avanza aplicó un cambio táctico sobre la marcha para atenuar el impacto. Para no pagar el costo político de una derrota a mano alzada, el bloque oficialista pasó de rechazar las mociones a votar de manera afirmativa el emplazamiento de comisiones.
La votación registró una abrumadora mayoría de 249 votos afirmativos. Con este resultado, se estableció que las comisiones de Discapacidad y Presupuesto deberán reunirse el 16 de septiembre para dictaminar el 23 del mismo mes; mientras que Finanzas y Defensa del Consumidor abordarán el proyecto de morosidad el 15 y 22, y fijaron como fecha límite de dictamen el 29 de septiembre.
El oficialismo procuró vestir de madurez institucional la situación evitar que el tema se trate directo sobre tablas y ganar margen de maniobra frente a un dictamen inminente. De todos modos, lo que se vio esta semana es como los Gobernadores van pasando factura y empiezan a avisar a la Rosada que sus apoyos no son a libro cerrado y juegan en las dos puntas de la cancha.
Por un lado, necesitan mantener un canal de diálogo con el Ejecutivo para garantizar el flujo de transferencias no automáticas, la aprobación de avales para endeudamiento externo y la reactivación mínima al menos de obras públicas paralizadas. Por el otro, enfrentan una presión económica interna marcada por la particularidad de cada provincia y la situación social de cada distrito.
Mientras en la Mesa Política de cada semana los Gobernadores y los bloques regionales plantean sus necesidades en la Rosada con el objetivo de que les transfieran fondos, el Gobierno escucha, pide el voto en proyectos estratégicos con el objetivo de sostener la pauta fiscal.
El apoyo de los aliados a la oposición para tratar la morosidad y la emergencia en discapacidad funciona como un recordatorio para el Gabinete: la gobernabilidad para sostener el rumbo económico no se obtiene a costo cero.
En cuanto al proyecto de ley de Emergencia en Discapacidad la oposición busca la prórroga hasta fin del 2027 y pide la recomposición de aranceles de las prestaciones y la actualización de las partidas a las provincias. El Ejecutivo considera que esto es una presión directa sobre el gasto y evalúa presentar un proyecto propio el próximo miércoles cuando el tema se debata en comisión.
Según los números oficiales el costo para el fisco no es marginal. De acuerdo con las estimaciones técnicas de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), con las cifras actualizadas de este año, la implementación del proyecto demanda un impacto presupuestario del 0,35% del PBI en concepto de actualizaciones del Nomenclador de Prestaciones Básicas e incremento de cobertura, a lo que se suma un fondo de compensación retroactiva a prestadores estimado en $278.323 millones.
Esta actualización automática frente a la inflación representa una erogación inmediata que el Ministerio de Economía no tenía contemplada. El número incluye la suma del programa “Incluir salud” que representa un 0,12% del PBI.
Sobre el tema morosidad, la oposición pide topes a las tasas punitivas y un esquema de refinanciación y regulación de las deudas. Para la Rosada esto plasmado en una ley genera una tensión aún mayor que la que hoy existe con las entidades financieras y va en contra del libre mercado.
La iniciativa de la oposición pone la mira en el crecimiento acelerado del crédito no bancario y el uso de tarjetas de crédito para financiar consumos de primera necesidad. El proyecto propone establecer techos a las tasas punitivas, refinanciaciones obligatorias a plazos extendidos con quita de intereses y la suspensión temporal de ejecuciones o embargos por deudas de consumo.
Para el sistema financiero y para el propio Banco Central, una regulación de esta magnitud sienta un precedente incómodo sobre el principio de libertad contractual y evaluación de riesgo crediticio. No obstante, para los gobernadores, la mora en las boletas de servicios públicos provinciales y en las tarjetas locales representa una bomba de tiempo social que no pueden resolver.
Para el Gobierno la habilitación de estos debates compromete el núcleo central del programa de estabilización. Sostener la premisa del déficit cero requiere un control férreo sobre el gasto primario y una disciplina innegociable sobre el crédito. En este marco, las presiones para actualizar los aranceles del sistema de discapacidad o regular las condiciones crediticias son percibidas por el equipo económico como factores de inercia presupuestaria que amenazarían la desaceleración del IPC.
Sin embargo, los indicadores de morosidad en los créditos personales, las deudas con tarjetas de crédito y los préstamos informales muestran un nivel de mora que impacta directo en el consumo de los sectores medios. Son los gobernadores, quienes necesitan que el tema se debata en el Congreso, porque al no poder generar ellos mismos una respuesta en sus distritos tienen que buscar en la Rosada el apoyo para frenar la caída de la posibilidad de cobro municipal y provincial que entre otras cosas, disminuye cuando las familias tienen deudas.
El oficialismo logró ganar un margen de maniobra de dos a tres semanas para negociar el texto de los dictámenes en las comisiones que preside. No obstante, ese tiempo no es gratuito: cada día que transcurra exigirá acrecentar la red de contención con las provincias para evitar que esos proyectos lleguen al recinto convertidos en ley, lo que obligaría al Presidente a recurrir nuevamente al costo y desgaste político del veto total.
Las mayorías automáticas dejaron de existir en Argentina y Ejecutivo busca validar su poder en cada sesión. Sostener alianzas legislativas con los gobernadores en el Congreso exige estar dispuesto a ceder margen en la administración centralizada de la caja pública.
Encontrar el punto medio en la resolución de estos temas será la garantía de poder sostener en el tiempo la ecuación parlamentaria. El costo de negociar con las provincias es alto y exige concesiones, pero oportunamente, en la Rosada evalúan que el costo fiscal y político de pretender ignorarlas en el recinto puede terminar siendo significativamente mayor.
