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El oficialismo trabaja en un proyecto propio para modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad, mientras que la oposición avanza con la prórroga en el Congreso. El texto elaborado por el ministro de Salud, Mario Lugones, está en la Secretaría de Legal y Técnica, que conduce María Ibarzabal Murphy, y busca despegarse del proyecto que había presentado meses atrás.
La idea del Gobierno es utilizar el expediente como método de negociación durante el tratamiento en comisiones. Este martes, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el cronograma de comisiones para tratar la Emergencia. El dictamen quedó fijado para el 23 de septiembre, con el mismo esquema que ya había convocado La Libertad Avanza, aunque con el agregado de la comisión de Presupuesto y Hacienda al giro original.
El proyecto con mayor consenso opositor es el que impulsa el diputado de Unión por la Patria, Juan Marino, que propone prorrogar por un año más la emergencia vigente desde hace casi doce meses, cuyo vencimiento está previsto para el 31 de diciembre. La norma, la Ley 27.793, había sido vetada en su momento por el presidente Javier Milei, pero el Congreso insistió con dos tercios de los votos en ambas Cámaras.
El proyecto que prepara el Gobierno
El foco de la iniciativa que trabaja el equipo de Lugones, y que ahora revisa Legal y Técnica, es directamente la eliminación de la emergencia como herramienta legal, no su prórroga. La avanzada podría obtener consenso de aliados de otros bloques. “Tenemos que terminar con las emergencias y dar una solución”, decían en el Congreso de los bloques provinciales.
En términos presupuestarios, esto implica un cambio de fondo: mientras la emergencia obliga al Tesoro a actualizar aranceles y sostener mecanismos de compensación automática atados al índice de inflación, su eliminación devolvería el financiamiento del sistema a la lógica ordinaria de partidas presupuestarias, sujetas a la negociación anual entre el Ejecutivo y el Congreso, sin la garantía de ajuste automático que hoy exige la ley vigente.
Ese nuevo texto buscará desmarcarse del proyecto que Lugones había enviado al Senado meses atrás, bajo el título “Contra el fraude de pensiones por invalidez”. Aquella iniciativa llevaba la firma del ministro, del presidente Milei y del entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y tuvo un rechazo generalizado entre los aliados libertarios en la Cámara alta, que se enteraron de varios de sus alcances después de que ya había sido presentada.
“La firma de Adorni no ayudó”, reconocieron fuentes del oficialismo consultadas por este medio, en referencia al desgaste político que había sufrido el entonces vocero presidencial semanas antes de su salida del Gobierno.
La compensación y el Presupuesto 2027
En paralelo, el Gobierno definió pagar antes de que termine octubre los $300.000 millones en compensaciones adeudadas a los prestadores del sistema, en el marco del artículo 13 del Decreto 84/2026, reglamentario de la Ley de Emergencia.
Esa compensación reconoce la diferencia entre los aumentos de aranceles aprobados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 y la inflación registrada en ese mismo período. Al quedar saldada antes de que termine el mes próximo, en la Casa Rosada consideran que no tiene sentido incorporar esa partida dentro del Presupuesto 2027, que el Ejecutivo debe presentar el 15 de septiembre.
Se trata de un punto clave ya que hasta los diputados del PRO, en un comunicado de prensa que difundieron antes de la sesión, reclamaron este punto: “Le pedimos que presente un cronograma claro de pago a los prestadores”, aseguraron este martes. Los aliados esperan que este plan se vea reflejado en el Presupuesto de cara al año que viene, aunque desde el oficialismo no dieron certezas.
Otro de los puntos que el Gobierno buscará instalar en el debate es la distinción entre el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el acceso a una pensión no contributiva. Hoy, tener el CUD no genera de manera automática el derecho a percibir una pensión, algo que el oficialismo remarca para desactivar el argumento opositor de que la ley vigente amplía sin control el universo de beneficiarios.
Esa fue, de hecho, una de las principales objeciones que el secretario Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, evitó responder con precisión ante los diputados la semana pasada. “Ese tema no depende de nosotros, depende de ustedes”, respondió el funcionario cuando le preguntaron si el Gobierno pensaba prorrogar la emergencia.
Consejo Federal de Salud
La semana que viene será clave para la estrategia oficial. El lunes está prevista una reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) centrada en discapacidad, y el martes otro encuentro del mismo organismo abocado a salud mental. Ambas convocan a los ministros de Salud de todas las provincias y, según pudo saber El Cronista, ahí se esperan definiciones centrales sobre el rumbo que tomará el proyecto oficial antes de que llegue a la comisión de Discapacidad, que preside el diputado tucumano Gerardo Heusen.
La comisión ya anticipó que la semana del 16 de septiembre recibirá a especialistas invitados por los distintos bloques, antes de avanzar hacia el dictamen previsto para el 23. El desenlace de esas reuniones de Cofesa será determinante para saber si el oficialismo logra un texto con el respaldo de los gobernadores aliados o si vuelve a repetirse el escenario de fines de 2025, cuando la emergencia en discapacidad, junto con el financiamiento universitario, le costó al Gobierno perder un capítulo entero del Presupuesto en el Congreso.
“Ya sabemos cómo nos fue metiendo el tema en el Presupuesto”, decían, por caso, conocedores de la negociación ante la consulta de este medio sobre la probabilidad de que eso suceda. Esa versión, por ahora, solo surgió del Congreso, mientras que en el Gobierno reconocen que están trabajando en una alternativa para tratar en las próximas semanas.
A diferencia de aquel momento, ahora La Libertad Avanza cuenta con más de un tercio de la Cámara de Diputados, lo que le permitiría blindar un eventual veto presidencial si el proyecto de prórroga llegara a convertirse en ley. No obstante, el oficialismo apuesta a construir su propia alternativa antes de que la discusión se le vaya de las manos en el recinto, para no tener que llegar a esa instancia en plena negociación por la Reforma Política.
