La aprobación de la ley de Inocencia Fiscal, en su segunda versión, llega en un momento político y económico delicado para el Gobierno. El Indec reveló que el PBI registró un retroceso trimestral que achicó al 2,2% el crecimiento acumulado del año, lo que enciende una luz de alerta en clave electoral.
La novedad llegó acompañada del retroceso en el consumo y una caída de la inversión que responde, precisamente, a la incertidumbre que proyecta un anticipado escenario electoral en el que las encuestas no garantizan el futuro del modelo.
Si bien el RIGI multiplica anuncios de inversión en minería y energía, principalmente, con desembolsos que demorarán en llegar, el resto de los sectores espera, al menos, una recuperación de la demanda para seguir los mismos pasos.
De hecho, con el uso de la capacidad instalada en la industria por debajo del 60%, la producción fabril no mejora y la inversión en bienes de capital retrocede. Como consecuencia de este combo, hay más personas en busca de empleo que puestos ofrecidos en el mercado, lo que eleva el índice de desocupación.
Por ello, para el Gobierno es vital que la nueva ley mueva los dólares que se mantienen bajo el colchón, de manera de activar la economía canalizando esos fondos hacia la inversión y el crédito. Y en esa tarea, no es casual que el ministro Luis Caputo salga a buscar proveedores locales para los proyectos del RIGI.
El control de la inflación le da certidumbre a las empresas para proyectar el futuro, pero el enfriamiento de la actividad plantea un escenario indeseado. El Gobierno necesita impulsarla y generar empleo para activar las inversiones y despejar el camino a las urnas.
