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El oficialismo logró pasar a dictamen este miércoles el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, pero duda sobre los números de Inocencia Fiscal II. Fuentes allegadas a la presidencia del bloque confirmaron en diálogo con este medio que pretenden una megasesión la próxima semana con estos varios proyectos, incluido el problemático texto de biocombustibles.
Este miércoles el oficialismo hizo caer la labor parlamentaria y suspendió la sesión de este jueves por falta de acuerdo de los aliados en torno a biocombustibles.
Sin embargo, tras lograr el conceso para dictaminar el proyecto de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el plan del oficialismo es que haya sesión la próxima semana.
Voces allegadas a la presidencia de bloque indicaron que el plan es incluir la reforma del BCRA, biocombustibles, el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR) y pliegos judiciales.
Fuentes allegadas a Patricia Bullrich afirmaron en diálogo con El Cronista que posiblemente no estén los números para lograr dictamen sobre Inocencia Fiscal.
Voces del oficialismo señalaron a Villarruel como la responsable de la demora en el tratamiento de dos iniciativas claves para el Poder Ejecutivo. “Es irrisorio que no haya girado los proyectos, ya pasó una semana”, repetían la semana pasada en diálogo con El Cronista.
La conducción libertaria pretendía iniciar el tratamiento la semana pasada, pero los textos permanecieron en el despacho de la Vicepresidenta antes de su giro formal. Finalmente, este lunes la dio pie al debate en comisiones luego de un nuevo enfrentamiento con la jefa de bloque libertaria, Patricia Bullrich.
La agenda de este miércoles tuvo dos instancias centrales en su cronograma. Pasada las 11 de la mañana se abrieron las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda donde disertaron el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y al vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning.
Por la tarde, a las 17.30, se espera la reunión de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda para el tratamiento de Inocencia Fiscal II, con la participación del contador Martín Caranta y del abogado Juan Martín Jovanovich.
Bausili defendió la reforma del Banco Central
Al abrir la reunión de la Comisión de Economía Nacional, Bausili buscó despejar la discusión política sobre el proyecto y la vinculó con el funcionamiento de la entidad. “El proyecto está disparado por argumentos económicos, no tiene origen político”, aseguró.
“Creemos que la Carta Orgánica del BCRA tiene un componente estructural que sirve para la economía”, agregó el titular del Banco Central, quien también hizo referencia a la experiencia acumulada bajo el actual marco normativo. “Tenemos 25 años de experiencia con esta Carta Orgánica y los resultados son evidentes. Eso nos impulsa a promover ciertas modificaciones”, afirmó.
En ese sentido, Bausili planteó que la normativa vigente no logró garantizar siquiera el objetivo central de preservar el valor de la moneda. “No se logró ni siquiera cumplir con el requerimiento de preservar el valor de la moneda”, señaló.
El funcionario explicó que la redacción de la iniciativa fue revisada con las áreas técnicas del Banco Central. Según detalló, antes de avanzar con las modificaciones se analizó cómo opera cada sector de la entidad bajo la actual Carta Orgánica.
“Las modificaciones que hicimos fueron luego de consultar a las áreas técnicas del BCRA para ver cómo actúan con la Carta Orgánica y modificar el texto”, aseguró.
Bausili remarcó que los cambios incorporados cuentan con respaldo técnico y que, en general, apuntan a reducir el costo de funcionamiento de la entidad. “Esas modificaciones tienen un respaldo técnico, que generalmente están asociadas a hacer más barato el ejercicio del BCRA”, afirmó.
Reforma del BCRA: mandato único y límites al financiamiento
El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central lleva el número CD-7/26 y fue aprobado por Diputados el 26 de agosto, con 144 votos a favor, 102 en contra y nueve abstenciones. La iniciativa forma parte del programa económico de Javier Milei y busca modificar el funcionamiento de la autoridad monetaria para concentrarlo en la estabilidad de la moneda.
El cambio principal consiste en establecer que la misión primaria y fundamental del BCRA será preservar el valor de la moneda. De esta manera, el texto elimina del mandato legal los objetivos vinculados con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social, incorporados durante la reforma de 2012.
La iniciativa también apunta a cerrar las vías de financiamiento del sector público a través del Banco Central. El proyecto prohíbe que la entidad conceda préstamos al Estado nacional, a las provincias, a la Ciudad de Buenos Aires y a los municipios. Además, incorpora la prohibición de comprar títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario.
El texto elimina, a su vez, facultades vinculadas con el direccionamiento del crédito hacia sectores determinados y con la aplicación de políticas crediticias diferenciadas. El argumento del oficialismo es que esas herramientas exceden la función de una autoridad monetaria y pueden terminar afectando la estabilidad de la moneda.
Otro capítulo relevante se refiere al balance del BCRA. El proyecto establece que las utilidades distribuibles deberán destinarse en primer lugar a reservas hasta alcanzar, como mínimo, el 50% del capital de la institución.
Los fondos que luego puedan transferirse al Tesoro deberán utilizarse exclusivamente para cancelar deuda pública.
La reforma modifica además el mecanismo de remoción de las autoridades del Banco Central. El Poder Ejecutivo podrá disponer la salida de los integrantes del directorio, pero deberá acreditar causales específicas, como incapacidad sobreviniente, incompatibilidades, violación de prohibiciones o una falta grave y manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La decisión requerirá la aprobación previa de las dos cámaras del Congreso por una mayoría de dos tercios de los miembros presentes.
El debate en el Senado estará atravesado por la necesidad del oficialismo de construir una mayoría con los bloques aliados. La Libertad Avanza no cuenta con los votos suficientes para avanzar en soledad y deberá negociar el contenido del proyecto con radicales y senadores provinciales.
El mecanismo de control sobre las autoridades del BCRA, la prohibición de asistencia financiera a las provincias y el margen de acción de la entidad sobre el crédito serán algunos de los puntos que podrían generar reparos.
Inocencia Fiscal II: qué cambia en el régimen simplificado
El segundo proyecto, identificado como CD-8/26, modifica las leyes 11.683 y 27.799, además del régimen sancionatorio de los trabajadores rurales. La iniciativa amplía el régimen simplificado de declaración jurada de Ganancias creado por la ley de Inocencia Fiscal.
El cambio más relevante es la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio que hoy limitan el acceso al régimen: $1.000 millones de ingresos totales y $10.000 millones de patrimonio. Con la modificación, las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país podrán optar por una modalidad reducida de declaración jurada, sin esos límites económicos.
El proyecto mantiene, para quienes ingresen al régimen, la presunción de exactitud de la declaración y el efecto liberatorio del pago.
La declaración se considerará válida y la obligación tributaria quedará cancelada, salvo que ARCA detecte una discrepancia significativa bajo los parámetros que fija la iniciativa.
La propuesta incorpora reglas específicas para los grandes contribuyentes y determinados funcionarios públicos. Estos sujetos podrán utilizar la modalidad simplificada para presentar la declaración y efectuar el pago, pero no accederán a la presunción de exactitud ni al resto de los beneficios del régimen.
Otro punto central es la posibilidad de canalizar operaciones a través de entidades autorizadas por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores. El proyecto considera cumplido ese requisito cuando los fondos pasen por el sistema financiero formal en el origen o en el destino de la operación.
Además, contempla los pagos en efectivo realizados en escrituras públicas vinculadas con inmuebles, con un régimen especial que se extendería hasta el 31 de diciembre de 2027.
El oficialismo intentará avanzar con los dictámenes durante esta semana y utilizar la discusión para ordenar una agenda económica que también incluye biocombustibles, inversiones y obra pública.
La definición sobre los proyectos llegará en un Senado donde la demora inicial ya dejó expuesta la disputa por el control de la agenda y donde cada iniciativa requerirá un acuerdo específico con los aliados.
