Bolivia se convirtió en un laboratorio. Desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, toda América Latina mira con ansiedad el desenlace de la crisis que atraviesa el gobierno de Rodrigo Paz a solo seis meses de haber asumido.
Lo que está en juego no es sólo la suerte de un presidente, sino la viabilidad de uno de los proyectos más ambiciosos que vio la región en décadas: alinear a uno de los países más radicalizados del populismo latinoamericano con el nuevo clima de época, marcado por el giro regional a la derecha y por el regreso de Estados Unidos como potencia hegemónica decidida a ordenar el hemisferio.
Los bloqueos que desde hace tres semanas tienen sitiada a La Paz, aislada y desabastecida de alimentos y medicinas, preocupan a unos e ilusionan a otros, porque pueden ser la primera gran prueba de si ese nuevo rumbo es sostenible o no.
La herencia recibida
Bolivia vivió en las primeras dos décadas del siglo su mayor expansión económica de la mano del gas natural. En 2014 llegó a producir 22.400 millones de metros cúbicos al año. En 2024, la producción había caído a 11.600 millones. Las exportaciones, que habían alcanzado 18.000 millones de metros cúbicos, cayeron a menos de un tercio.
La relación con la Argentina es sintomática de este drama: el contrato que durante años fue crítico para el abastecimiento argentino terminó de morir en septiembre de 2024, cuando cesaron oficialmente los envíos y los gasoductos comenzaron a reconvertirse para llevar gas argentino a Brasil.
Detrás de esa crisis hubo un declive natural de los yacimientos, acompañado de una política sistemática de hostilidad hacia la inversión. Todo empezó con la nacionalización de los hidrocarburos impulsada por Evo Morales en 2006, que le permitió al Estado capturar renta extraordinaria para obras y subsidios, pero que a la larga funcionó como carta de defunción para el sector. La abundancia de gas llevó además a subsidiar combustibles con un costo que, hacia el final del gobierno de Luis Arce, superaba el 5% del PBI.
Las reservas internacionales, que habían llegado a u$s15.000 millones, cayeron a menos de u$s2.000 millones. El déficit fiscal superó el 10% del producto. La deuda pública saltó de 30% del PBI a más de 90%. Y un país que había sido de los de menor inflación de la región cerró 2025 con 20% interanual, entre los tres peores registros sudamericanos.
Shock o gradualismo
Cuando llegaron las elecciones de 2025, no pudieron ser candidatos ni Evo ni Arce, que había sido su ministro de Economía y que ganó en 2020 como su delfín. Tras una descarnada lucha de poder, Evo terminó acorralado por una causa por trata agravada y una orden de arresto nunca ejecutada. Arce, por el colapso económico. Eduardo del Castillo, su candidato, sacó apenas 3%. El otro representante de los restos del MAS, Andrónico Rodríguez, terminó cuarto con 8%.
Rodrigo Paz ganó con 32% en primera vuelta y 55% en segunda, con un mandato clarísimo de cambio. Frente a la magnitud de la crisis, tuvo que elegir entre shock o gradualismo. Eligió el segundo. Lo hizo con Morales, a quien Tuto Quiroga —su rival en el balotaje— proponía arrestar ni bien asumiera. Paz prefirió convivir con el evismo para evitar un posible baño de sangre en el Chapare, donde el expresidente opera como un señor feudal, protegido por su propia fuerza de choque.
Eligió también el gradualismo en economía. Retiró subsidios a los combustibles, pero trató de compensarlo con bonos y con una suba del salario básico del 20%. Hizo anuncios tímidos de baja de impuestos e incentivos al capital, pero sin ir a fondo. Además quedó golpeado por el escándalo de la gasolina defectuosa que habría dañado 10.000 vehículos. Y cuando intentó fomentar la producción agrícola con la ley 1720, que permitía convertir pequeñas parcelas en mediana propiedad y usarlas como garantía bancaria, provocó la reacción de campesinos e indígenas moldeados durante dos décadas por el discurso del MAS.
Ese fue el disparador de la crisis. La derogación de la ley 1720, lejos de calmar a los manifestantes, demostró la debilidad del gobierno. Y desde entonces, fueron por más: ya no bastaba con tirar abajo una norma, ahora el objetivo pasó a ser la caída del presidente. Después de más de dos semanas de bloqueos, Paz respondió con un reordenamiento de gabinete, un nuevo llamado al diálogo y hasta una súplica para que habilitaran corredores humanitarios. Todo menos usar la ley y la fuerza para liberar rutas críticas.
Una disputa regional
Donde sí se movió con rapidez fue en política exterior. Rompió con Venezuela, Cuba, Nicaragua e Irán. Restableció la relación con la DEA, expulsada por Evo para dejar de combatir al narcotráfico, y buscó presentarse como un aliado completamente alineado con Estados Unidos. Incluso tendió puentes con Milei. Esa apuesta internacional convirtió a Bolivia en un campo de batalla geopolítico.
Desde Colombia, Petro se apresuró a respaldar los bloqueos como si fueran una insurrección popular contra un títere de Washington. Del otro lado, Milei fue de los primeros en advertir la gravedad del cuadro y ofreció un Hércules para abastecer a La Paz. A la posición argentina se sumaron Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. Pero el mensaje más fuerte lo dio Marco Rubio: “No permitiremos que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio”.
El problema es que, sin una decisión más firme del propio Paz, no está claro cuánto puede hacer Estados Unidos. La resolución de esta crisis va a marcar a fuego el futuro de una América Latina en la que Washington volvió a intentar modelar la política regional según sus intereses.
En un bando están los gobiernos que aprovechan esa presencia para empujar agendas de ordenamiento económico y realineamiento estratégico. En el otro, una izquierda golpeada electoralmente, pero todavía con capacidad de asaltar las calles, decidida a demostrar que puede frenar a Estados Unidos y tumbar a un gobierno reformista apelando a la movilización. Bolivia es el laboratorio de esa disputa.
