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Las educadoras de escuelas infantiles de 0 a 3 años volverán a llevar sus reclamos al centro de Madrid. La protesta apunta a un sector clave para miles de familias, pero también a un colectivo que denuncia diferencias salariales, sobrecarga laboral y falta de reconocimiento profesional.
La movilización será este sábado 23 de mayo, con una marcha desde Atocha hasta la Puerta del Sol. La convocatoria llega después del paro general del 7 de mayo, cuando más de 60.000 educadoras secundaron una huelga bajo el lema “no somos guarderías”, una frase que resume el eje del conflicto: el ciclo de 0 a 3 años forma parte de la educación, no de un servicio asistencial menor.
Educadores de todo el país marcharán por una nueva ley estatal
La protesta fue convocada por la Plataforma Laboral Estatal de Escuelas Infantiles (PLEI), que sostiene una huelga en Madrid desde el 7 de abril. La organización considera que la marcha será “histórica” y reclama una ley estatal de mínimos para terminar con la desigualdad territorial en el primer ciclo de Educación Infantil.
El objetivo es que esa norma obligue a todas las administraciones, pero también que garantice financiación y margen de gestión a las comunidades autónomas. La portavoz de PLEI, Rosa Marín, lo expresó con una frase directa: “Una criatura o una educadora en Madrid, en Asturias o en Andalucía debe tener exactamente los mismos derechos, las mismas ratios y la misma dignidad laboral”.
El reclamo conecta con una discusión estructural. En España, el primer ciclo de Educación Infantil está regulado por la Ley Orgánica de Educación como una etapa educativa de carácter voluntario, pero su desarrollo práctico depende en gran medida de comunidades autónomas, titularidades y modelos de gestión distintos. Esa dispersión explica parte del malestar del sector y la demanda de reglas comunes.
Qué piden las educadoras de 0 a 3 años y por qué hablan de desigualdad
La llamada marea amarilla pedirá el blindaje del ciclo de 0 a 3 años y mejoras laborales y salariales para quienes trabajan en escuelas infantiles públicas, privadas o de gestión indirecta. La plataforma insiste en que las diferencias entre territorios y tipos de centro generan condiciones desiguales para profesionales que cumplen funciones similares.
El conflicto no se limita al salario. También aparece la discusión sobre las ratios, la pareja educativa y la carga real de trabajo en el aula. CCOO señaló que el Ministerio de Educación iniciará en la primera quincena de junio un grupo de trabajo para regular ratios máximas en todo el sector, sea cual sea la titularidad de la escuela infantil, mediante la modificación de un real decreto de 2010.
Ese punto es central para las trabajadoras. En el primer ciclo de Educación Infantil, la atención cotidiana exige acompañamiento, cuidado, observación y trabajo pedagógico constante. Por eso, las organizaciones convocantes sostienen que el reconocimiento educativo debe ir acompañado de más personal, mejores condiciones y una regulación que no deje el nivel sujeto a criterios territoriales tan dispares.
El convenio colectivo estatal vigente para centros de asistencia y educación infantil fue publicado en el BOE en 2025 y se aplica a centros privados no integrados y a entidades privadas que gestionan centros de titularidad pública. El texto regula condiciones laborales del sector, aunque las organizaciones consideran que aún no resuelve las brechas salariales ni los problemas estructurales denunciados en la calle.
Qué compromisos hay sobre la mesa y por qué la protesta sigue adelante
La movilización llega con algunos compromisos abiertos. La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid se comprometió a incluir la pareja educativa en los próximos contratos de gestión de escuelas infantiles y a no prorrogar los actuales pliegos, para que los nuevos contemplen un aumento de personal.
PLEI valora esos avances, pero los considera insuficientes. La plataforma advierte que las diferencias salariales siguen siendo grandes según la tipología de centros y territorios. Además, las mejoras retributivas deberán plantearse en una nueva mesa negociadora con las patronales, ya que los sueldos están fijados por el convenio colectivo estatal firmado hace menos de un año por sindicatos y organizaciones empresariales del sector.
CCOO, CGT y PLEI coinciden en mantener la presión en las calles pese a los contactos institucionales. La razón es clara: las educadoras quieren que el debate no quede reducido a promesas parciales ni a soluciones autonómicas aisladas. La marcha de Madrid buscará convertir el lema “no somos guarderías” en una demanda política concreta: una norma estatal que reconozca el valor educativo del ciclo de 0 a 3 años.
El cierre de la protesta pondrá el foco en una idea que atraviesa todo el conflicto: blindar el carácter estrictamente educativo de una etapa que se imparte en unas 11.000 escuelas públicas y privadas. Para las trabajadoras, ese reconocimiento debe verse en las aulas, en las ratios, en los salarios y en la dignidad profesional de quienes sostienen cada día la primera puerta del sistema educativo.
